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Machado puede enfrentar cárcel de 8 a 16 años

El Ministerio Público imputó a Machado el delito de conspiración. La dirigente aseguró que todas las pruebas en su contra son falsas | Foto Omar Véliz

El Ministerio Público imputó a Machado el delito de conspiración. La dirigente aseguró que todas las pruebas en su contra son falsas | Foto Omar Véliz

La defensa exigió que se cite a Jorge Rodríguez y a Ernesto Villegas para que expliquen cómo consiguieron documentos

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Casi tres horas duró el temor de ciudadanos y dirigentes políticos de que María Corina Machado quedara presa ayer, mientras la acompañaban al Ministerio Público a la citación como imputada por un presunto plan de magnicidio. Entró a ese organismo a las 10:00 de la mañana y salió a las 12:40 del mediodía, justo cuando empezó a llover, y con la lluvia llegó la noticia que reavivó el miedo: la Fiscalía la acusa de conspiración y podría pasar entre 8 y 16 años en la cárcel si se comprueba el hecho.

La audiencia de imputación se realizó en la Fiscalía 20ª, a cargo de la fiscal Katherine Harrington. El Ministerio Público alegó el delito de conspiración, establecido en el artículo 132 del Código Penal: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación”.

En la misma pena “incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela”.

El delito contempla la difamación al presidente, pero no la intención de asesinarlo. La Fiscalía afirma en sus comunicados que la investigación es por un supuesto plan de magnicidio, pero el abogado de la dirigente, Tomás Arias, aseguró que “no se ha hablado para nada de magnicidio” ni en la audiencia de ayer ni cuando Machado declaró como testigo.

Machado estuvo acompañada por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba; el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma; el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y diputados como Carlos Berrizbeitia, Eduardo Gómez Sigala, Roberto Enríquez y Richard Blanco. La mayoría se fue antes de que la dirigente saliera.

Al salir, Machado no reveló detalles del proceso porque “el expediente es reservado”, pero aseguró que todas las pruebas en su contra son falsas. Dijo que la persecución en su contra evidencia que se acerca una transición pacífica y que el gobierno se siente derrotado.

“El régimen cree que con estos ataques va a asustar a los estudiantes, sindicalistas y dirigentes políticos, pero no podemos tener miedo. Yo no me entrego, enfrento la infamia y reafirmo mi carácter de ciudadana responsable que defiende sus derechos y sus deberes enfrentando la mentira con la verdad”, expresó.


Exigencias. El abogado de Machado, Tomás Arias, aclaró que no saben la fecha cuando se realizará la audiencia de presentación. En esa audiencia se decidirá si la dirigente, que tiene prohibido salir del país, será juzgada en libertad.

La defensa, compuesta por Arias y su colega Jesús Loreto, pidió lo siguiente: la prueba ultramarina de informes a la empresa Google Inc. para “constatar la falsedad de los correos sobre los cuales se sustenta la imputación”; que se designe a tres expertos informáticos independientes, no adscritos al Ejecutivo, para evaluar las pruebas; que se cite a Jorge Rodríguez y a Ernesto Villegas para aclarar ante la Fiscalía cómo tuvieron acceso a los documentos que divulgaron, y que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz establezca si Rodríguez y Villegas han sido designados autoridades o agentes de algún organismo de investigación penal. 

La defensa también pidió que se recaben dispositivos electrónicos de Rodríguez y Villegas para determinar si hay rastros de edición, manipulación e intercepción de documentos que forman parte del expediente.

La semana pasada el diputado Walter Márquez denunció que la fiscal Katherine Harrington, que lleva la causa contra Machado, ha sido asignada a varios casos en los que el Ministerio Público ha criminalizado a los adversarios del gobierno, como el allanamiento a la médico Ana María Abreu, cuñada de Rocío San Miguel; el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, y la persecución contra Diego Arria, Gustavo Tarre Briceño y Henrique Salas Römer (misma investigación de Machado). También ordenó la ocupación de un hotel del empresario Parsifal D’ Sola y lleva el caso de Lorent Gómez Saleh.


Antonio Ledezma
Alcalde metropolitano
“El gobierno solo trata de montar un circo para desatar el debate de supuestas conspiraciones, cuando sabemos que los que traicionan a este régimen son sus propios gobernantes, que se empeñan en impulsar un modelo inviable. A falta de pan, buena es María. El gobierno no puede detener la inflación y el desabastecimiento; por eso arremete”.


Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario ejecutivo de la MUD
“El gobierno ensaya un esquema desesperado de agresión. Es un ataque del diosdado-madurismo contra la democracia venezolana. Aquí lo que se está agrediendo no es solamente a una diputada, sino la convivencia, el clima de paz que todos los venezolanos queremos. Nuestro llamado es al aplomo y a la contundencia”.

LOS ATAQUES
. El 24 de marzo el presidente de la AN, Diosdado Cabello, informó que María Corina Machado había perdido su curul como diputada. La decisión se tomó luego de que Machado aceptara ser representante alterna de Panamá ante la OEA.
. En junio María Corina Machado se enteró de la prohibición de salida del país impuesta por el Tribunal 16° de Control de Caracas, dentro de la investigación por los hechos del 12 de febrero.

Bajo sospecha permanente
El politólogo Angel Álvarez señaló que el gobierno mantiene su plan de judicialización de la política, que también ha sido aplicado en otros países, y en el cual suele ganar quien controla los tribunales. Sostuvo que el objetivo es mantener a los opositores “bajo sospecha permanente con procesos y causas abiertas”.

Álvarez mostró su sorpresa porque no se haya privado de libertad a María Corina Machado y señaló que, por ahora, ganó más la dirigente porque desde que fue citada por la Fiscalía aumentó su presencia en los medios de comunicación, en momentos en que las noticias económicas superan a las informaciones de la actividad política.

 “No sabemos por qué la actuación de la Fiscalía condujo a estos resultados, quizás la situación se les fue de las manos. Por ahora el único beneficio de la imputación a Machado es mantener sobre ella una espada de Damocles, que en realidad la tiene desde que firmó el decreto de Pedro Carmona y que se ha acrecentado por ser una dirigente radical. A estas alturas ella no puede retroceder en sus posiciones ni asustarse”, explicó.

Álvarez dijo que aunque María Corina Machado no ostenta los más altos puntajes entre los dirigentes opositores, es evidente la persecución contra quienes disienten.

El politólogo Freddy Rincón atribuye la no detención de Machado a varios factores: Nicolás Maduro no tiene el liderazgo de Hugo Chávez; la situación política del país ha cambiado; la crisis económica y la gestión de recursos en el exterior, así como la presencia internacional de la dirigente opositora, que obtuvo solidaridad de voceros de varios países.

Otro aspecto que valora Rincón es el inicio del debate entre tendencias a lo interno del chavismo.

“El gobierno tenía la intención de amedrentar a María Corina Machado y dar un ejemplo drástico, como ocurrió con la jueza María Lourdes Afiuni, pero no cuentan con el peso político de Chávez. Si dejaban detenida a Machado, el escándalo en medio de esta crisis habría sido una torpeza y una muestra de arbitrariedad”, indicó Rincón.

El analista señaló que, al igual que en el caso de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular preso en Ramo Verde, hay una utilización “burda” del Poder Judicial para perseguir a quienes piensan distinto. Cree que el gobierno está en un momento de inflexión en el cual “no puede mostrarse abiertamente totalitario”.