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Juez privó de libertad a Antonio Ledezma

El MP investiga a Ledezma desde marzo de 2014, pero nunca le notificó, dijo el abogado Omar Estacio | Foto Archivo El Nacional

El MP investiga a Ledezma desde marzo de 2014, pero nunca le notificó, dijo el abogado Omar Estacio | Foto Archivo El Nacional

Penalistas califican la actuación policial y judicial de anómala, arbitraria y violatoria del debido proceso

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E l Tribunal 6º de Control de Caracas, por petición del Ministerio Público, dictó anoche medida privativa de libertad contra el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue aprehendido el jueves en la urbanización El Rosal por su presunta vinculación con planes conspirativos.

En la audiencia de presentación los fiscales 20ª nacional y auxiliar y 16°, Katherine Harrington, Yeison Moreno y José Orta, respectivamente, imputaron al alcalde de los delitos de conspiración y asociación, que se están establecidos en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Se conoció que Ledezma permanecerá recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, situado en Los Teques, estado Miranda.

Asimismo, se supo que la detención guarda relación con el caso de Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles, Ronny Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes se encuentran imputados por su presunta vinculación con planes conspirativos.

Según la investigación, Gómez Saleh, Valles y Navarro aparecen en varios videos manifestando su intención de atentar contra edificaciones públicas y privadas, con el fin de causar alarma y caos en el país.

Vigilancia. El abogado defensor Omar Estacio precisó que el alcalde era investigado desde hacía un año, pero que no estaba al tanto de ello, por lo que está por determinar si la omisión de esa información es "causal de nulidad del procedimiento". Indicó que la investigación fue abierta en marzo del año pasado.

Explicó que luego de la detención por agentes de inteligencia, estos informaron al alcalde sobre la averiguación en su contra. Estacio enfatizó que Ledezma nunca antes fue informado de esa investigación.

"Él se encuentra en muy buen estado de ánimo y muy optimista de poder demostrar que no mantiene vinculación con ninguna clase de ilícitos", afirmó.

Anómalo y arbitrario. El defensor de Ledezma confirmó que el alcalde fue llevado preso sin que se le mostrara una orden judicial: "Es anómalo que a una persona se le saque a empellones de su oficina sin necesidad porque él no opuso resistencia a la autoridad; que se practique una detención sin que se presente una orden emanada de alguna autoridad, y que los funcionarios no se identifiquen ante el detenido".

La abogada penalista Theresly Malavé, ex fiscal del Ministerio Público, considera que el proceder de los funcionarios policiales y del Poder Judicial en este caso da como resultado un "expediente amañado". A su juicio, se trata "de otra detención arbitraria" como consecuencia de la "sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo".

"Es un proceso arbitrario. El presidente Maduro dijo que la Fiscalía ordenó la detención, y esa no es competencia de la Fiscalía, sino de un juez. Está amañado porque el abogado, la esposa y los testigos afirmaron que no había orden de allanamiento ni de captura y ahora la Fiscalía dice que sí había orden de un tribunal. Con la forma como se maneja este gobierno, uno puede pensar que después de practicada la detención, la Fiscalía llamó al juez y este emitió la orden a posteriori. Así es como ellos arreglan los entuertos", dijo Malavé.

Sin debido proceso. Alberto Arteaga Sánchez, ex decano de Derecho de la UCV, alertó sobre las violaciones del debido proceso: "Una detención solo puede practicarse por orden judicial motivada, salvo en los casos de flagrancia. Para emitir una orden de detención tiene que existir una investigación previa en la que el investigado haya sido notificado de la averiguación, haya tenido oportunidad de defenderse y presentar alegatos, con garantía de todos sus derechos. Si la investigación determina que hay presunción de responsabilidad en hechos punibles y además hay peligro de fuga o de obstaculización, es entonces cuando puede emitirse la privación de libertad. Todo indica que eso no se cumplió en este caso".

Arteaga Sánchez reconoció que, como alcalde, Ledezma no cuenta con prerrogativas como el antejuicio de mérito o la inmunidad parlamentaria, pero considera que cuenta con otra condición de gran peso: "Él fue elegido por votación popular y tiene el aval de la voluntad popular, y eso no se puede desconocer para apresarlo del modo como se hizo".