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MHO denuncia orden de aprehensión en su contra

Miguel Henrique Otero denunció que el cerco a los medios privados no se detiene | Foto EFE

Miguel Henrique Otero denunció que el cerco a los medios privados no se detiene | Foto EFE

El presidente editor consideró que la medida, dictada por el tribunal, es una amenaza más para cerrar El Nacional

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El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, denunció un nuevo atropello contra el diario luego del mandato de conducción emitido por el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas al Cicpc para que lo traslade ante el juzgado que lleva la demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir información publicada en el ABC de España.

Consideró peligroso el alcance de la medida. “Es una orden al Cicpc para que me lleve al tribunal a la fuerza y en las condiciones en que estamos, no se sabe a dónde me llevarán. Se sabe dónde empieza pero no dónde termina. En la práctica se convierte en una orden de aprehensión”, indicó Otero.

El presidente editor, que está fuera del país, señaló que se trata de una nueva medida para cercar a un periódico con una trayectoria de 72 años. “El objetivo es que El Nacional desaparezca, todos los días hay una amenaza adicional. En una sociedad democrática este tipo de persecuciones busca el cierre del periodismo independiente. Así ya ha ocurrido con el cerco a la prensa regional que ha ido desapareciendo”, indicó.

Otero denunció el domingo ante la 71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa lo absurdo de la demanda interpuesta en su contra y destacó que el periódico no se autocensurará.

Juan Garantón, abogado de Miguel Henrique Otero, explicó que en los delitos de acción privada, como la demanda contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla, “cuando se da la incomparecencia de los acusados, el tribunal dicta un mandato de conducción, para el traslado al juzgado por la fuerza pública”. Sin embargo, consideró desproporcionada la medida dictada por el tribunal contra Otero y otros directivos de los medios de comunicación demandados que no están en Venezuela.

“El problema con esta orden es que en el país se cometen muchas arbitrariedades y los procesados pueden quedar detenidos sin mayores fórmulas, hay muchas violaciones a las leyes. No tenemos seguridad jurídica”, afirmó.