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MHO: El Nacional no callará con amenazas

"Es una organización muy influyente en cuanto a la defensa de la libertad de expresión.| Foto Henry Delgado / Archivo

Otero criticó que la jueza María Eugenia Núñez no cumplió los trámites legales | Foto Henry Delgado /Archivo

La Nación de Costa Rica denunció “represión judicial” y rechazó que Cabello goce del derecho de mantener al país en la ignorancia

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“La línea es la hegemonía comunicacional, la desaparición del periodismo independiente”, alertó el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, sobre la prohibición de salida del país a 22 directivos y representantes de medios, porque reseñaron una información del diario ABC de España sobre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Entre los 22 afectados por la orden judicial están Otero; Teodoro Petkoff (Tal Cual) y Alberto Federico Ravell (La Patilla).

En declaraciones a medios nacionales e internacionales, Otero rechazó la resolución de la jueza María Eugenia Núñez, que procesa el caso de difamación por petición de Cabello, porque no cumplió los trámites legales: “Sin haber emitido boletas de citación, ordenan la prohibición de salida del país, una cosa totalmente irregular. Así funciona la justicia en Venezuela, donde los jueces dependen y reciben órdenes directas del gobierno. La justicia no existe, es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia”.

Denunció que el gobierno reduce el periodismo independiente, fomenta la autocensura en los medios audiovisuales y presiona para limitar la publicación de medios impresos. “A mí me pueden meter preso, pero el diario seguirá saliendo. El Nacional no va a cambiar su línea editorial. No lo van a callar con estas amenazas. Están muy equivocados. Todos son periodistas comprometidos y tienen fuerza para mantener el periódico”. Advirtió sobre la posibilidad de que las autoridades “puedan allanar el periódico, cerrarlo o llevarse preso a los periodistas”.

Condenas. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la orden de la jueza Nuñez. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró: “Muestra cómo el sistema judicial es utilizado como un instrumento del poder político”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó: “Se desenmascara el clima de autoritarismo que propicia el régimen de Nicolás Maduro. El acoso judicial es un eslabón de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros, y así montar un extensa maquinaria de propaganda, la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, necesario en democracia”.

El diario La Nación, de Costa Rica, denunció en su editorial “la represión judicial a la prensa venezolana”: “Las publicaciones tan solo reivindicaron el derecho de los ciudadanos de saber cuanto se dice del presidente de la  AN en todo el orbe. La represión es un argumento a favor del silencio y de mantener a los venezolanos en la ignorancia sobre un tema debatido en el mundo, pero no en el país donde más interesa. Los venezolanos tienen derecho de formarse una opinión, restar credibilidad a las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o reprimir la discusión. En especial, no debe concederse ese derecho a Cabello, un altísimo funcionario cuya prominencia exigiría, en una sociedad democrática, amplia disposición al escrutinio de sus actuaciones”.

Alerta: “Pocos medios independientes subsisten en Venezuela. Están bajo constante acoso, mientras la amplísima red de medios oficialistas defiende y ataca, siempre en línea con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Es la lucha del tigre suelto contra el burro amarrado y los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla”.

El  SNTP denunció que el gobierno propina “un nuevo golpe a la ya menguada libertad de prensa” e intenta imponer un régimen de censura y autocensura. Pide derogar las normas que penalizan las opiniones y que sustituyen los mecanismos de rectificación por la cárcel o por medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y régimen de presentación.