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Lourdes Ramírez: Venezuela sufre las consecuencias de un gobierno totalitario

Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela | Juan Camacho

Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela | Juan Camacho

Presidenta desde el año 2005 de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, está decidida a defender, por todos los medios, el derecho a protestar por sus reivindicaciones laborales

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Es una orgullosa abuela de diez muchachos.

También dice ser la madre adoptiva de casi 40.000 docentes universitarios, cuyo deterioro salarial los ha empujado a decretar la paralización académica. Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta desde el año 2005 de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, está decidida a defender, por todos los medios, el derecho a protestar por sus reivindicaciones laborales.

Aunque sabe que el camino de la lucha universitaria es largo, se confiesa optimista.

Pese al presunto acoso político e ideológico al que ha sido sometido el gremio universitario, asegura que la Fapuv cuenta con una fortaleza poderosa: el apoyo de los estudiantes.

Escéptica de la transparencia del poder judicial, Ramírez afirma que nunca se le ha podido señalar de ejercer acciones políticas de calle para atentar contra el Gobierno.

Su actuación siempre ha sido gremial, aclara. En esa lucha laboral se ha enfrascado para rechazar la actual discusión del proyecto de convención colectiva, que pretende reunir en un único contrato a los tres sectores universitarios: docente, obrero y personal administrativo.

--El ministro de Educación Universitaria ha invitado a la Fapuv a las mesas de diálogo sobre la convención colectiva, pero usted insiste en que no se les permite participar en las discusiones.

--La convención colectiva no es el instrumento que nos corresponde a los profesores para discutir nuestras reivindicaciones laborales. Nosotros tenemos un instrumento que se llama normas de homologación, que tiene rango de ley entre las partes y que para ser derogadas tienen que estar de acuerdo las dos partes.

Las normas están vigentes, pero el Gobierno no quiere cumplirlas porque trabajan en función del índice inflacionario. Con nuestra presencia no vamos a convalidar eso.

Todas las federaciones que allí participan son progobierno y se han propuesto en esa convención el llevar a las universidades hacia el proyecto socialista. Tiene una serie de aspectos ideológicos que, por supuesto, tampoco vamos a avalar.

--¿Qué elementos doctrinarios observó en el proyecto? --En las definiciones dice que el empleador es el Gobierno y ni siquiera éste ha enviado los recursos para cumplir con su compromiso. Serán la Federación de Institutos y Colegios Universitarios, y el Ministerio de Educación Universitaria los que evaluarán si una universidad necesita profesores o no, por ejemplo. Los trabajos de ascenso de los docentes los evaluaría una comisión representada por las comunas.

Además, los profesores y empleados, de forma voluntaria, trabajarán en las misiones. Si eso es voluntario no tienen por qué ponerlo en la convención colectiva.

--¿Aplicarán algún instrumento legal para defender la validez de las normas de homologación? --La lucha gremial la estamos dando y la seguiremos dando.

Los rectores se comprometieron a llevarle al ministro un reglamento en el cual mantenemos que las normas están vigentes. Introdujimos unos recursos: uno de amparo y otro de abstención y carencia, en los años 2006 y 2010 respectivamente; con sus correspondientes apelaciones, pero fueron declarados sin lugar.

--¿Entonces desestima la lucha por la vía jurídica? --Todos sabemos que aquí no tenemos Estado de Derecho.

De todas maneras vamos a iniciar una serie de acciones jurídicas en defensa de nuestras normas, también para reclamar el derecho constitucional al trabajo digno. La educación y el trabajo tienen el mismo rango constitucional. Una de las cosas que nosotros alegábamos en este recurso, que introdujeron los estudiantes de la UPEL, es que ¿cómo nos van a violentar el derecho al trabajo por darle la razón a tres estudiantes? Fue una sentencia inequívoca, pero ellos (los oficialistas) tienen el poder. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y la fuerza la hacemos a través de la acción gremial, más que por la acción jurídica.

--¿No teme que se interponga otro recurso de amparo contra el paro en las demás universidades, tal como ocurrió con el Pedagógico de Caracas? --Eso es posible y puede tener su efecto dominó, pero nosotros tenemos un derecho que no nos puede vulnerar nadie. Esa sentencia es imposible de cumplir. Yo no les puedo ordenar a los profesores del Pedagógico que se reintegren, porque esa fue una decisión soberana de su asamblea. Tenemos dos fortalezas: ya la mayoría de las universidades asumió el sí al paro y lo mejor es que nuestros estudiantes nos están apoyando. El recurso de amparo, en vez de debilitarnos, nos fortaleció. Los estudiantes de la UPEL solicitaban que todas las acciones de Fapuv fueran decretadas ilegales. No lo lograron.

--¿Desde cuándo no se elige un nueva directiva en Fapuv? --Desde 2005. Yo conformo el comité ejecutivo y lo que hacemos es ejercer las decisiones de la junta directiva. En 2005 modificamos los estatutos y por primera vez se hacen elecciones por la base profesoral. En diciembre de 2006 asumimos el cargo. En 2009 tocaban las elecciones, pero el CNE no nos autorizó. Hubo asociaciones de profesores que no entregaron los recaudos para solicitar las elecciones. Se presenta un nuevo proyecto y el CNE nos pide que modifiquemos cosas. Todavía hay tres asociaciones que no han entregado los recaudos que se le han solicitado desde noviembre de 2012.

--¿Por qué el ministro Pedro Calzadilla insiste en que el paro universitario es una acción política y no académica? --Porque todo el que no está de acuerdo con el Gobierno es golpista. Lamentablemente Venezuela sufre las consecuencias de un gobierno totalitario. Así de simple.

--Al menos en este gobierno, desde el año 2000, el sector universitario ha tomado las mismas acciones por las mismas exigencias. ¿Es un conflicto de nunca acabar? --Hasta el año 2004 discutimos nuestras normas y se firmaron en convenio de las dos partes, sin problemas. Lográbamos, al menos, que nos dieran 1% para previsión social, 1% para HCM y allí se lograban los acuerdos, sobre todo para cubrir las necesidades de salud. Desde 2004 comienzan a desconocer las normas y hasta 2013 hemos tenido un deterioro del salario superior a 200%. Si hubieran aplicado las normas de homologación, correspondería un aumento salarial de 278%. Entre 2004 y 2013 nos han dado 137%.

--¿Entonces qué propone para encontrar una solución a esta crisis? --Nosotros vamos a seguir con nuestras acciones gremiales, creo que ese es el camino para hacerle entender al gobierno que hay que establecer un diálogo. Soy optimista, creo que eso va a llegar.

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