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Limitado el paso de los wayúu por la frontera en Paraguachón

El gobierno de Venezuela había garantizado el paso de indígenas venezolanos y colombianos | Foto EFE

El gobierno de Venezuela había garantizado el paso de indígenas venezolanos y colombianos | Foto EFE

Venezuela publicó comunicado en The New York Times en el que aduce que la medida se debe al contrabando y el paramilitarismo, entre otras cosas

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En el segundo día del cierre de la frontera en Paraguachón el paso de los wayúu estaba limitado, pese a que el gobierno de Venezuela les había garantizado el libre tránsito.

Ayer se instaló una carpa en la zona para que los indígenas presentaran sus documentos y cruzaran con solo un bolso. No les está permitido pasar alimentos o productos de primera necesidad.

Delia González, líder wayúu en Paraguachón, anunció que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para que miembros de la etnia que habitan en ese sector puedan cruzar después de presentar el documento de identidad, informó el diario colombiano El Heraldo.

También se instaló una comisión mixta, integrada por representantes wayúu, así como por autoridades nacionales y regionales, con el fin de garantizar el paso peatonal de indígenas venezolanos y colombianos en la frontera.

Comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en The New York Times en el que señala que Venezuela se ha visto obligada a cerrar parte de la frontera para proteger a sus ciudadanos contra la violencia paramilitar, el narcotráfico y la proliferación del contrabando hacia Colombia de gasolina subsidiada, alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Indica que al menos 30% de las importaciones de alimentos de Venezuela terminan de contrabando fuera del país; que alrededor de 40% de los bienes en general salen del país en forma de contrabando, y que 80% de los productos vendidos en Cúcuta se introducen de contrabando desde Venezuela.

Señala que personas con billetes de 100 bolívares pueden venderlos en los mostradores de cambio de divisas en Colombia por 140 bolívares cada uno y volver a Venezuela con 40% de beneficio por cada billete.

Como logros de las medidas destaca detención de al menos 32 presuntos paramilitares; desmontaje de una casa de prostitución en la que menores de edad eran explotadas sexualmente; descubrimiento y allanamiento de una casa utilizada para la producción de explosivos, y hallazgo de una fosa común con 13 cadáveres, entre otras cosas.

El comunicado no fue el único argumento para avalar el cierre de fronteras y el estado de excepción. La Comisión delegada de la Asamblea Nacional aprobó ayer el decreto dictado por el presidente Nicolás Maduro para tres municipios del estado Zulia.

Autodestrucción. El presidente De Colombia, Juan Manuel Santos, arremetió contra el gobierno de Caracas y dijo que la revolución venezolana está en deterioro por problemas propios y no externos.

“No estoy destruyendo la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia”, expresó el mandatario del país vecino.

Santos reveló que el presidente Maduro no atiende el teléfono a su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, que se ofreció a mediar en la crisis de la frontera colombo-venezolana.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará hoy a la frontera colombiana para observar los efectos de la crisis.

La integrarán los comisionados Felipe González, relator para Venezuela y relator de personas migrantes; y José de Jesús Orozco, relator para Colombia, y el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez-Icaza.

La visita transcurrirá entre el 10 y el 12 de este mes, mientras que en el lado venezolano se llevaría a cabo la semana próxima semana, siempre y cuando el gobierno de Maduro acepte.

Visiones contrapuestas
La insistencia en las posiciones de los mandatarios dificulta el encuentro bilateral entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. La internacionalista Elsa Cardozo considera complejo “desescalar” la situación generada por la crisis fronteriza.

“Maduro dijo que quien ponía condiciones era él; eso define la apuesta tan grande del gobierno en las medidas que implican el estado de Excepción y el cierre fronterizo con un costo internacional alto, pero sobre todo con un espectáculo e impacto internacional importante, que es lo que se busca. Por su lado, Santos mantiene la línea de reclamar derechos con su discurso de que los ofendidos son los colombianos”, dijo.

Cardozo cree que la situación se complica con el anuncio del gobierno de recibir a refugiados sirios, mientras aumenta el número de deportados hacia Colombia.

Destacó que Maduro solo acepta la mediación de Brasil y Argentina, en tanto para Santos es fundamental la gestión uruguaya.

“Brasil y Argentina se abstuvieron en la OEA y se pronunciaron a favor de discutir la crisis colombo-venezolana en Unasur, pero ahora el gobierno de Maduro dice que no quiere comparecer ante Unasur”, añadió. 

Gobierno evade culpa y genera miedo
HERNÁN LUGO-GALICIA
Con el estado de excepción en Táchria y Zulia el gobierno procura obtener beneficios políticos, entre ellos posicionarse como defensor de la población en la frontera, promover abstención el 6-D e incentivar el nacionalismo, señalan analistas.

Sin embargo, Luis Vicente León (Datanálisis) observa dos objetivos: 1.- Desviar la atención de los venezolanos sobre los problemas sociales y económicos, y 2.- identificar a un “responsable externo” de la crisis, en lugar de resolverla.

“El gobierno persigue concentrar la opinión pública en un tema, en este caso la frontera, y que así se olvide del desabastecimiento y la inseguridad. Sin embargo, no terminará ganando porque necesita mantener en el tiempo ese enfoque de todo el país. En la frontera tiene la posibilidad de que el debate se centre en el contrabando, las mafias, la salida de productos, como consecuencia de la crisis económica, pero en el resto del país la gente comenzará a sentir que ese no era el problema”, afirmó León, quien dijo que aún no hay un estudio de opinión pública sobre el impacto de la deportación.

El director de centro de Estudios Políticos de la UCV, Benigno Alarcón, descubre un “objetivo electoral”: Crear las condiciones para la suspensión parcial de los comicios legislativos en los dos estados fronterizos y luego llevarlo a escala nacional. “El fin es generar miedo”, afirmó.