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Ley de hacienda pública estadal fue aprobada en primera discusión

Sede de la Asamblea Nacional / AFP

El instrumento legal aprobado crea mecanismos de recaudación con el fin de que los estados puedan contar con fondos propios para su desarrollo integral | Foto AFP / Archivo

El instrumento, en mora constitucional desde el año 2000 y que da a las regiones mayor autonomía presupuestaria, fue respaldado por la MUD y rechazado por el PSUV y sus aliados

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¿A la segunda va la vencida? La Asamblea Nacional aprobó ayer en primera discusión –y sin el respaldo del oficialismo– un nuevo proyecto de ley orgánica de hacienda pública estadal.

El instrumento, en mora constitucional desde la entrada en vigencia de la carta magna en el año 2000, crea mecanismos de recaudación con el fin de que los estados puedan contar con fondos propios para su desarrollo integral.

En 2004 la mayoría del entonces Movimiento Quinta República aprobó la Ley de Hacienda Pública Estadal que fue posteriormente vetada con observaciones por el presidente Hugo Chávez. Aunque la oposición hizo énfasis ayer en que para la elaboración del nuevo proyecto no solo escuchó a las regiones y a especialistas en derecho administrativo y descentralización, sino que también tomó en consideración las recomendaciones de Chávez, los herederos del MVR, diputados del PSUV, rechazaron la iniciativa.

Argumentos a favor. “Esta ley tiene como objetivo proponerle un nuevo sistema de ingresos y gastos a los estados”, dijo Rafael Guzmán en la presentación del proyecto. Condenó la política gubernamental que busca acabar con la descentralización, y pronosticó: “Esta ley no es para el gobierno corrupto e irresponsable, sino para el gobierno que está por venir y que será la cuna de la descentralización”.

Francisco Sucre destacó que los estados “no pueden estar supeditados a la extorsión y al chantaje político”, que a su juicio ocurre por la inexistencia de una ley que garantice autonomía presupuestaria a las entidades.

Luis Stefanelli aseguró que el rechazo del oficialismo al proyecto tiene una explicación: “Un gobierno que quiera mantenerse autoritariamente en el poder jamás permitirá la descentralización”.

Omar González, que fue gobernador hace un par de lustros, no dudó en afirmar que Venezuela “es uno de los países más centralizados de la región y cuidado si del mundo”, lo que convierte en letra muerta el enunciado de la Constitución que dice que Venezuela es un Estado descentralizado: “Cuando un habitante de las regiones paga el IVA, sabe que eso no va para resolver sus problemas locales; cuando paga el ISRL, sabe que esos fondos no resolverán los problemas de los estados.

Juan Guanipa les recordó el origen de la ley: “No se entiende cómo hay gente que en 2004 sancionó con su mayoría la ley de hacienda pública y ahora dicen que no la pueden aprobar porque atenta contra el proceso. Con esta ley se busca que parte de lo que produce cada estado se quede en el estado”. Hizo un llamado a gobernadores, consejos legislativos, alcaldes y concejos municipales: “Si queremos que el país eche adelante, tenemos que cambiar una realidad en la que 92% de los recursos de la nación los administra el presidente y 8% se los tienen que repartir las 365 alcaldía y 23 gobernaciones”.

Los detractores. El PSUV tomó la palabra a través de Hugbel Roa, Ramón Lobo y Ricardo Sanguino.

Roa afirmó que la verdadera intención de la norma es acabar con el Consejo Federal de Gobierno y con la participación ciudadana en el manejo del presupuesto. “Para garantizar el desarrollo del país debe haber políticas coordinadas, y el tesoro nacional debe ser manejado por un Estado centralizado y fuerte”, expresó.

Lobo opinó: “A cada quien según sus necesidades, esa es la descentralización que nosotros impulsamos desde la revolución. Esta propuesta pretende llevarse por delante las iniciativas donde participa el pueblo organizado. El modelo anterior a Chávez atendía a las ciudades más pobladas y dejaba en el abandono a los poblados. Esta ley pretende mutilar el acceso directo de los recursos a los consejos comunales y comunas”.

Sanguino denunció que el proyecto fue presentado sin un estudio de impacto económico elaborado por la Vicepresidencia, como lo mandó el TSJ en su sentencia 327. “No vamos a aprobar este proyecto porque atenta contra los avances que hemos logrado y contra el poder popular”.

Consulte el instrumento legal aprobado en este enlace

El dato
Con 103 votos a favor y 58 en contra, se aprobó el carácter orgánico de la Ley de Hacienda Pública Estadal