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Ley de amnistía no ampara a despedidos por razones políticas

 Aunque abarca hechos como las protestas por el cierre de RCTV, la ley se centra en delitos

Aunque abarca hechos como las protestas por el cierre de RCTV, la ley se centra en delitos

Se eliminaron artículos a favor de empresarios de los sectores alimentos y medicinas, así como de acusados por tráfico de drogas y corrupción

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La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional en segunda discusión, contiene cambios importantes con respecto al texto original. Se eliminaron artículos que exculpaban a directivos, empleados, y representantes de productoras, comercializadoras o distribuidoras de medicinas, alimentos y bienes de primera necesidad. Estos casos incluían a importantes cadenas de medicinas y comida.

También se removieron los artículos que exoneraban de responsabilidad penal a funcionarios de la Administración Pública que fueron despedidos por razones políticas (entre ellos los afectados por la llamada lista Tascón) y a los acusados de delitos de tráfico de drogas en menor cuantía; fraude, estafa y usura, vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas.

Además, se eliminaron los artículos que amnistiaban hechos considerados como terrorismo individual y financiamiento al terrorismo. Tampoco se concederá a los delitos asociados a la corrupción.

Se removieron delitos como desobediencia de las leyes; instigación al odio y apología del delito; causar pánico o zozobra en la colectividad; perturbación de la tranquilidad pública; uso de menores en la comisión de delitos y porte ilícito de arma de fuego.

Delitos por hechos. El documento aprobado, a diferencia del original, hace énfasis en los delitos. Por eso, se eliminó el artículo que detallaba momentos como las protestas de 2003 y 2004 por el referéndum revocatorio, las de 2007 por el cierre de RCTV y la reforma constitucional, y las de 2014 por el cambio de gobierno.

Quedaron fuera los artículos sobre las expresiones de dirigentes políticos el 23 de enero de 2014, cuando se anunció La Salida, o al Acuerdo Nacional para la Transición.

El proyecto original abarcaba desde el 1 de enero de 1999, pero el nuevo señala que se concede la amnistía a los delitos o faltas cometidas entre el 3 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, incluye a las protestas del 11 al 14 de abril de 2002 y las del paro nacional y petrolero de 2002 y 2003.

Verdad. La Comisión para la Reconciliación, que verificará el cumplimiento de la ley, podrá recomendar la creación de una comisión de la verdad, dedicada a recabar información sobre la violencia política y violaciones de derechos humanos desde 1999.

El proyecto de ley no tiene implicaciones económico-financieras "en atención a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea". Sin embargo, ese artículo exige la entrega del impacto e incidencia presupuestaria y económica.

La diputada Delsa Solórzano explicó que no lo requiere porque depende exclusivamente de la opción de la víctima, algo que no se puede calcular: "Las víctimas deciden si demandan".