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Junta directiva del Parlamento denuncia: El TSJ nos privó del derecho a la defensa

En una decisión de junio, la Sala Constitucional obligó al Legislativo a ser representado judicialmente por la Procuraduría. Advierten que se suprime la autonomía e independencia institucional

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La junta directiva de la Asamblea Nacional puso por escrito en un comunicado de 5 páginas divulgado ayer una denuncia que sus integrantes Henry Ramos, Enrique Márquez y Simón Calzadilla, además del consultor jurídico, Jesús Casal, han venido formulando públicamente desde hace semanas: el TSJ quitó al parlamento la potestad de designar a sus propios representantes legales.

La medida está contenida en la sentencia 473 de la Sala Constitucional, publicada el 14 de junio pasado, que ratifica la suspensión de varios artículos del Reglamento Interior de la AN. En el fallo, el magistrado y ex diputado del PSUV Juan Mendoza fue más allá y determinó que tanto en esa como en cualquier otra causa judicial, corresponderá al procurador general de la República –funcionario nombrado por el presidente de la República– designar a los representantes legales del Parlamento.

La junta directiva de la AN describe la medida como grave vulneración de la autonomía constitucional y del derecho a la defensa efectiva de los intereses del Parlamento: “Es absurdo que la defensa de las leyes que adopte la AN solo pueda encomendarse a los abogados que la Procuraduría determine, pues esto supone negar la independencia de la Asamblea Nacional como poder del Estado”.

Ramos, Márquez y Calzadilla consideran evidente que “las instrucciones políticas del presidente de la República y la sentencia de la Sala Constitucional concurren para dejar a la Asamblea Nacional sin representación judicial propia ante el TSJ”.

Agregan que la sentencia 473 “infringe gravemente el orden constitucional y democrático”. Recuerdan que la Sala Constitucional admitió días atrás una demanda por controversia constitucional interpuesta por el presidente Nicolás Maduro a través de la Procuraduría General. De aplicarse la interpretación del magistrado Mendoza, en ese juicio la Procuraduría representaría al presidente y designaría a los defensores del Parlamento.

“La Asamblea se vería despojada de una representación judicial autónoma en una causa en la que las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo son evidentemente contrapuestas”, señalan los diputados.

La directiva enfatiza que el TSJ incurrió en una “grave extralimitación de funciones”, con una sentencia que “ampara la usurpación de funciones de la AN por la Procuraduría”, razón por la cual no solo determina de antemano “la nulidad absoluta de todos los procesos que se adelanten y decisiones que se dicten”, sino que también anuncia que actuará en el plano interno e internacional para defender sus atribuciones.

Argumento. En la sentencia 473 el abogado Juan Mendoza afirma que la atribución de representación del presidente de la Cámara “solo se refiere a los asuntos propios de la función del Poder Legislativo, tales como reuniones, consultas públicas, coordinación con otros órganos del Poder Público, entre otras situaciones que requieran la representación del órgano legislativo, mas no así al otorgamiento de poder de representación judicial”.

Para ello Mendoza cita los artículos 247 de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, que señalan que es función de ese órgano asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

“Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el procurador o procuradora general de la República”, dice la ley citada por Mendoza.