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Juez de Ledezma ignoró 59 exhortos internacionales

A Ledezma lo detuvieron cuando allanaron su oficina en El Rosal | Foto Archivo El Nacional

A Ledezma lo detuvieron cuando allanaron su oficina en El Rosal | Foto Archivo El Nacional

Miguel José Graterol Maneiro no respondió a la solicitud de liberación formulada en octubre de 2015 por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU

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El juez sexto de control de Caracas, Miguel José Graterol Maneiro, ha hecho caso omiso a los 59 exhortos internacionales formulados a favor de la liberación del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

El Parlamento Europeo, poderes legislativos de América Latina, asociaciones internacionales de gobernadores y alcaldes, presidentes en ejercicio y ex jefes de Estado y premios Nobel han manifestado su solidaridad con el alcalde venezolano como parte de la preocupación, cada vez mayor, que causa la situación de los derechos humanos en el país y el encarcelamiento de opositores.

Los apoyos a la causa de Ledezma se han expresado a lo largo del año que este cumple hoy preso. Cuando el dirigente llevaba 4 meses detenido los 30 alcaldes de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, así como los líderes municipales que del M-C40, repudiaron la acción judicial e instaron a otras autoridades extranjeras a pronunciarse. Entre los promotores del escrutinio internacional han destacado los alcaldes Mauricio Macri (Buenos Aires, hoy presidente de Argentina), Giordos Kaminis (Atenas), José Blandón (Panamá) y José Nebot (Guayaquil).

En julio de 2015 Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, manifestó que las 7.300 entidades agremiadas se sumaban a la exigencia de liberación del alcalde venezolano. Desde España, Ledezma ha obtenido las declaraciones más contundentes, entre ellas las formuladas por las alcaldesas de Madrid Ana Botello y Manuela Carmena, así como por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En agosto de 2015 el alcalde de Doral (Florida), Luigi Boria, dio cuenta de la solidaridad de la Federación de Alcaldes de Estados Unidos, que agrupa a 19.000 mandatarios locales.

En septiembre de 2015 durante el encuentro “Ciudades por la Vida”, que se realizó en Medellín, el alcalde de esa ciudad, Aníbal Gaviria, fue el artífice de una declaración sobre “las detenciones arbitrarias de alcaldes en Venezuela”, con lo cual el apoyo a Ledezma se extendió a los mandatarios de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, que fueron destituidos por el Tribunal Supremo de Justicia. En esa oportunidad, 55 autoridades locales del mundo suscribieron el documento.

El efecto Afiuni. La resolución internacional que pudo haber tenido mayor incidencia jurídica a favor de Ledezma fue la emitida en octubre del año pasado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas. Al igual que en los casos de Leopoldo López y Daniel Ceballos, el Grupo de Trabajo determinó que la aprehensión de Ledezma se llevó a cabo sin las garantías mínimas del derecho a la defensa.

El abogado del alcalde metropolitano de Caracas, José Núñez, precisó que el juez Graterol Maneiro, simplemente, hizo caso omiso de la exhortación de la ONU para que Ledezma fuera inmediatamente liberado.

“Nosotros cumplimos con consignar la resolución de la ONU que exigía la liberación de Ledezma ante el Tribunal Sexto de Control y solicitamos que se acatara, pero nunca hubo respuesta”, aseguró Núñez.

En el caso López la jueza 28ª de juicio, Susana Barreiros, clausuró su tribunal durante más de un mes para eludir la respuesta que debía dar al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Sin embrago, finalmente determinó que se trataba de una resolución sin carácter vinculante.

En esa oportunidad se recordó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que fue detenida y encarcelada inmediatamente después de conceder libertad al empresario Eligio Cedeño, precisamente en acatamiento de una resolución de la ONU. Desde entonces en el Poder Judicial venezolano rige el llamado Efecto Afiuni, que consiste en la certeza de que cualquier juez que se atreva a contrariar los intereses gubernamentales va preso.