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Jubilados y pensionados recibirán Bs 11.859

Miguel Pizarro Rodríguez, diputado de la MUD | Foto: Captura

Miguel Pizarro aseveró que hay recursos económicos para la ley | Foto: Captura

La Asamblea aprobó la Ley de Bonos para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, que espera por el ejecútese del gobierno

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Si el presidente Nicolás Maduro lo acepta y no pide al Tribunal Supremo de Justicia que revise su constitucionalidad, los pensionados y jubilados recibirán 11.859 bolívares al mes (67 unidades tributarias) por la Ley de Bonos para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, que ayer aprobó la Asamblea Nacional en segunda discusión.


El proyecto fue presentado por el diputado Miguel Pizarro (Primero Justicia) y aunque en la primera discusión se aprobó por unanimidad, el PSUV salvó esta vez su voto porque no se incluyó ninguna de sus tres recomendaciones: que las clínicas acepten   gratuitamente a los jubilados y pensionados, que las empresas privadas aporten lo mismo que el sector público (la ley lo contempla así) y que se cree un impuesto a contribuyentes especiales que permita recaudar los 500 millardos de bolívares que, aseveró el diputado Héctor Rodríguez, se requieren para poner en marcha el proyecto.


La bancada del oficialismo aseguró que el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para aplicar la ley.


Pizarro pidió dejar de lado las diferencias: “Si el jubilado no tienen cómo comprar alimentos, es una crisis que no tiene color político. Si hay dinero para la industria militar, en este país hay dinero para aprobar esta ley. Si se deja de regalar el petróleo, se aprueba esta ley”.


Víctor Clark (PSUV) calificó de demagogia la propuesta: “Sin un estudio del impacto económico, ¿cómo lograr las contribuciones específicas que la hagan viable?”.
Antes de la discusión se acordó la comparecencia del contralor Manuel Galindo para el 7 de abril a las 10:30 am.
 
Impacto. Cedice, luego de estudiar el impacto económico de la ley, presentó un informe que recomienda que se trate de una medida temporal y no un elemento adicional de la seguridad social. Advierte sobre la posibilidad de que el impacto se cargue al sector privado y recomienda que el beneficio no sea para todos los jubilados y pensionados, sino focalizado en los estratos sociales D y E.