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Ipys: Alocuciones oficiales alcanzaron 8.460 minutos en lo que va de año

Instituto de prensa y Sociedad / Ipys

Instituto de prensa y Sociedad / Ipys

El monitoreo de las transmisiones oficiales de cumplimiento obligatorio para medios radioeléctricos públicos y privados permitió contabilizar 319 transmisiones entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014

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El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) realizó una investigación en la que obtuvo, entre sus conclusiones, que 1.116 medios transmiten simultánea y obligatoriamente, y por mandato del Estado, programación oficial por señal abierta.

La institución considera que estas cadenas en radio y televisión son una prerrogativa del Estado venezolano:"que ha instrumentalizado el vasto poder comunicacional como un mecanismo arbitrario para imponer controles sobre los contenidos y la agenda informativa, con propósitos políticos partidistas".
 
El monitoreo de las transmisiones oficiales de cumplimiento obligatorio para medios radioeléctricos públicos y privados permitió contabilizar 319 transmisiones entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014. En total, alcanzaron 8.460 minutos de programación dirigida por el Estado, lo que equivale a una transmisión continua durante casi una semana. De este modo, 1.116 parrillas de programación se vuelven una sola cuando entra la señal de las alocuciones oficiales.

Contenido de las cadenas

Según el análisis del discurso aplicado en este estudio, realizado por los periodistas Alberto Yajure, David Matos y Mariengracia Chirinos, en estas cadenas “se usa el poder del Estado para difundir mensajes gubernamentales, con un interés político-partidista definido, que representa a un solo sector de la sociedad”.

Se insiste en mensajes tendientes a señalar a los medios de comunicación privados que mantienen una postura crítica a la gestión gubernamental, como responsables de las "campañas mediáticas [y/o] sucias" contra los poderes estatales. Se les acusa de formar parte de un sector que supuestamente pretende desestabilizar el país y son calificados por funcionarios del Estado como "la derecha fascista", "golpista" y "apátrida".

También han persistido los mensajes oficiales destinados a considerar que el país afronta una "guerra económica" y una "guerra psicológica", dirigida por sectores privados nacionales e internacionales para atacar al gobierno de Venezuela.

El presidente de la República justifica las cadenas de radio y TV, de obligatoria transmisión, alegando que sirven para mostrar la realidad de la buena gestión del gobierno que —asegura— esconden los medios privados.
 
Esta práctica también ha sido adoptada y hasta rebasada por otras regiones: 50 emisoras locales del estado Bolívar transmite una vez por semana, y de manera obligatoria, el programa radial "Gobierno al Día", conducido por Francisco Rangel Gómez,gobernador de esa entidad, abanderado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
 
El 19 de agosto de 2014, Clavel Rangel, periodista de la fuente laboral en el diario local El Correo del Caroní, fue tildada de irresponsable por el secretario de gobierno estadal, Teodardo Porras.


Contexto de las manifestaciones

El período que se analizó en Venezuela, un país en cadena, comprende los meses enero a septiembre de 2014, cuando el clima político y social venezolano estuvo marcado por una intensa oleada de manifestaciones y protestas, extendidas entre febrero y abril. Esto se vio agravado por la represión por parte del Estado venezolano frente a las demandas de los ciudadanos, según los reportes de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
 
Esta situación, que en principio fue espontánea, estuvo también caracterizada por la participación de un número significativo de estudiantes y agrupaciones que hacen vida en universidades venezolanas, quienes se sumaron a los reclamos por la efectividad en la implementación de planes de seguridad ciudadana, reducción de índices de homicidios en el país y —también— de hechos delictivos en los campus de centros de educación superior de diversas ciudades del país.
 
El discurso oficial insistió en otorgarle un carácter ilegal a las manifestaciones, las cuales no percibió como expresión del descontento sino como un intento por desestabilizar el país. Consecuentemente, las protestas fueron tildadas de terrorismo.
 
Finalmente en el informe IPYS Venezuela expresa su preocupación por el uso de los espacios informativos que son transmitidos de manera obligatoria, y cuyos fines sean para intimidar a ciudadanos, periodistas o funcionarios públicos que hagan crítica sobre la gestión gubernamental.
 
A pesar que la difusión obligatoria de las cadenas nacionales en los medios audiovisuales se encuentra establecida en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE-ME), la transmisión de las alocuciones oficiales vulnera el derecho de los ciudadanos a buscar, recibir y difundir las informaciones que sean de su interés, sin ningún tipo de limitaciones o condicionamientos.