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Califican de hecho punible la divulgación de las pruebas contra Oscar López

Oscar López, director de la MUD en el estado Miranda / Prensa Gobernación de Miranda

Oscar López, director de la MUD en el estado Miranda / Prensa Gobernación de Miranda

Alberto Arteaga dijo que el material presentado en la AN carece de valor. Juan Carlos Gutiérrez condenó el irrespeto a la intimidad

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Penalistas coinciden en que la divulgación de documentos y fotografías presuntamente encontradas durante el allanamiento a la casa del director de la Gobernación de Miranda, Oscar López, constituyen un hecho punible.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez destacó que la Fiscalía debe investigar cómo el material llegó a manos de los parlamentarios, lo que afecta la búsqueda de la verdad y la transparencia del proceso penal. Resaltó que las imágenes presentadas en la Asamblea Nacional no evidencian delito de prostitución, no se relacionan con sustancias estupefacientes y forman parte de la vida íntima de López que debe ser protegida de acuerdo con la Constitución; rechazó que se le sometiese al escarnio público.

Gutiérrez cree viable la investigación de las facturas por 1,2 millones de bolívares que habría pagado el funcionario, señaló que debe precisarse el origen y destino de los recursos, subrayó que si el contrato con la empresa Toldeca se ejecutó no habría lavado de dinero. El abogado manifestó la importancia de conocer el testimonio de los miembros de la compañía.

“En las facturas presentadas en la AN no se observa alguna firma. Todo funcionario tiene la obligación de soportar el origen de sus fondos”, acotó.

El penalista Alberto Arteaga Sánchez cuestionó que se pretenda convertir al Parlamento en una tribuna popular.

“El simple hecho de mostrar unas facturas para el pago de unos servicios no puede ser considerado indicio de la comisión de un delito tan grave como el de legitimación de capitales, y la muestra de otros elementos, cuyo origen se desconoce, carentes de valor probatorio, que persiguen denigrar y exponer al desprecio a representantes del pueblo, y ponen de manifiesto discriminaciones odiosas lesivas a los derechos humanos, no son dignas de un parlamento democrático”, explicó.

Resaltó que lucha contra la corrupción anunciada por el Gobierno no se logra con declaraciones retóricas y el reporte de investigaciones exhaustivas que no se concretan. Indicó que el país demanda procesos justos y la ejecución de sanciones cuando se determina la responsabilidad de los delitos.


Enjuiciados.  Luis Izquiel, penalista y asesor de la MUD, dijo que los parlamentarios que presentaron las supuestas pruebas podrían ser enjuiciados si se demuestra que fueron obtenidas de forma irregular, por cuanto incurrirían en violación al Código Orgánico Procesal Penal. Advirtió que Oscar López podría acusar a los diputados de los delitos de difamación e injuria.

“Solo vimos el discurso homofóbico de un legislador oficialista, sobre lo cual no se mostró evidencia alguna, sino que se mostraron una imágenes de la vida social de una persona, quien tiene todo el derecho a demostrar su inocencia durante el juicio, pero esto fue irrespetado por la bancada del Psuv”, sostuvo.


Fin electoral

El politólogo Nicmer Evans aseguró que las denuncias en contra del partido de Primero Justicia tienen la intención de generar un impacto electoral a favor del PSUV el 8 de diciembre.

“Anunciar una investigación no es un elemento que incida en el electorado, la incidencia se verá en las pruebas”, afirmó.

Bernardo Horande, analista político, explicó que el trasfondo de las acusaciones, es afectar al partido mejor posicionado de la oposición, que tiene una conexión directa con su líder Henrique Capriles Radonski.

“Tanto el partido de gobierno como la oposición han realizado denuncias y no han tenido la efectividad que pudieran tener en otro país. El tema de la corrupción por ambas partes se ha banalizado tanto que no tiene impacto en Venezuela”, dijo.  

Ángel Álvarez, politólogo, destacó que la mayoría de las encuestas, salvo una, no muestran un empate en número de alcaldías entre el chavismo y la oposición, pero sí en número de votos. “El oficialismo tiene que mostrar cifras más positivas para legitimar su gobierno, por eso el objetivo de estas denuncias tienen un fin electoral”, aseveró.