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Intercepción de comunicaciones de Machado violó el COPP

A Machado se le coloca como blanco de la doctrina de seguridad nacional basada en la tesis del enemigo interno, dijo Alberto Arteaga | Leonardo Guzmán

A Machado se le coloca como blanco de la doctrina de seguridad nacional basada en la tesis del enemigo interno, dijo Alberto Arteaga | Leonardo Guzmán

Pruebas podrían ser nulas porque gozaba de inmunidad. El abogado Alberto Arteaga Sánchez denunció persecución penal y personal contra la dirigente opositora

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Los actos penales contra María Corina Machado por su supuesta participación en un plan de golpe de Estado y de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios son nulos si se sustentan en pruebas obtenidas cuando la dirigente era diputada. En esto coinciden los abogados Alberto Arteaga Sánchez y Jesús Ollarves, quienes argumentan que Machado gozaba de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz señaló que la investigación a Machado se inició el 19 de marzo. Sin embargo, la dirigente fue destituida de su curul en la Asamblea Nacional el 24 de marzo.

El penalista Arteaga Sánchez advirtió que la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, realizada por el Sebin y admitida por la fiscal Ortega, atenta contra la institucionalidad del Poder Legislativo porque las prerrogativas de Machado fueron concedidas con el voto popular.

Destacó que se violó el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal sobre el enjuiciamiento de altos funcionarios.

El artículo establece que "cuando para la persecución penal se requiera la previa declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento, el o la Fiscal que haya conducido la investigación preliminar se dirigirá a el o la Fiscal General de la República a los efectos de que éste o ésta solicite de ser pertinente la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento. Hasta tanto decida la instancia judicial correspondiente, o cualquiera otra instancia establecida por la Constitución, no podrán realizarse contra el funcionario investigado actos que impliquen una persecución personal".

Arteaga Sánchez enfatizó que a Machado, en su opinión destituida arbitrariamente, se le coloca como blanco de la doctrina de seguridad nacional basada en la tesis del enemigo interno.

"La fiscal Ortega Díaz se ampara en la seguridad nacional, como se ha hecho en otros casos, para cometer abusos, presionar e intervenir en la vida privada. Se habla de intento de magnicidio; en Venezuela no ha habido magnicidio, solo el de Delgado Chalbaud en 1950 y el intento contra Rómulo Betancourt en Los Próceres. Se ha banalizado esa expresión, pero el ordenamiento jurídico vigente exige elementos objetivos que acrediten la presunta comisión del delito. No se delinque por pensamientos, expresiones o intenciones. Las expresiones de Machado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias no pueden considerarse delito", señaló.

Lamentó que en el país se pretenda criminalizar el liderazgo opositor sin fundamento jurídico, como asegura ha ocurrido con el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López.

Nulidad. Ollarves sostuvo que en el caso de  Machado fueron violados la inmunidad parlamentaria, el COPP y la ley que protege el derecho a la intimidad de las personas. Cuestionó el procedimiento utilizado para la investigación sobre el supuesto complot contra el gobierno y el hecho de que la dirigente, acusada por el Alto Mando Político de la Revolución, no fuese al menos informada de la indagación en su contra.

"Se aniquilaron los derechos fundamentales de Machado y el debido proceso. Es una muestra más de la persecución a la oposición, cuyos dirigentes son considerados como enemigos. Aquí hay una nulidad procesal. Debe haber un acto de inicio de la investigación efectivamente controlado por un juez de control, y valga la redundancia. La Fiscalía debe promover y garantizar los derechos del investigado y actuar de buena fe", indicó.

Cronología

24/03/14

La directiva de la Asamblea Nacional revocó de su cargo a la diputada María Corina Machado por ³aceptar un cargo del gobierno hostil de Panamá como su representante alterno² ante la Organización de Estados Americanos.

01/04/14

El TSJ, luego de interpretar el artículo 191 de la Constitución, consideró que la decisión de destituir a María Corina Machado se ajusta a Derecho.

Argumentaron que la función diplomática no se compagina con la parlamentaria.

28/05/14

El vocero del Alto Mando Político de la Revolución, alcalde Jorge Rodríguez, denunció un supuesto plan de golpe de Estado y de magnicidio contra Nicolás Maduro, en el que participarían María Corina Machado, otros dirigentes y funcionaros estadounidenses.

30/05/14

La fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo que la investigación se inició el

19 de marzo, después de una denuncia formulada el día anterior por un grupo de diputados encabezados por el presidente de la AN, Diosdado Cabello.

Reserva

El Ministerio Público citó para mañana a varios ciudadanos por el supuesto de magnicidio, entre los que figuran María Corina Machado, Diego Arria y Pedro Burelli. La fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo el miércoles que emplearán el mecanismo de cartas rogatorias para solicitar a tribunales de otros países asistencia jurídica en la investigación que involucraría a naciones extranjeras.

Argumentó, el 29 de mayo, que por estar en riesgo la estabilidad nacional y la vida del jefe del Estado se soslayó el carácter reservado de las investigaciones, como impone el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal.  Anunció que todos los presuntamente involucrados en el caso pueden ser  imputados, privados de libertad o prohibírseles la salida del país. El abogado Alberto Arteaga Sánchez resaltó que el artículo 205 del Código Penal prevé prisión, de 3 a 15 meses, para los funcionarios que comuniquen o publiquen documentos o hechos de los cuales conoce, por sus responsabilidades, y que deban mantener en secreto.

El abogado Jesús Ollarves indicó que las pruebas presentadas por los dirigentes oficialistas y avaladas por la Fiscalía "evidencian que en el país no existe un sistema penal democrático, sino un sistema en el que el adversario político es visto como el enemigo a vencer". Cuestionó que las fallas en el proceso hayan comenzado con la fiscal general, porque no se trata de un funcionario recién graduado ni recién nombrado.