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Inhabilitados no pueden ejercer cargos públicos por contrato o elección popular

En su artículo 105, la LOCGRSNCF establece que las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público de todo el país, antes de proceder a la designación o a ordenar el contrato de cualquier funcionario o funcionaria

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La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) consagra la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a todo aquel funcionario o particular que haya sido declarado responsable en lo administrativo, cuando la gravedad de la irregularidad y el daño que se ha causado al patrimonio público lo amerite.

En su artículo 105, la LOCGRSNCF establece que las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público de todo el país, antes de proceder a la designación o a ordenar el contrato de cualquier funcionario o funcionaria, están obligadas a consultar el registro de inhabilitados de la CGR, el cual se encuentra publicadoy actualizado en el portal web del máximo organismo contralor. Toda designación al margen de esta norma será nula.

Por otra parte, según el artículo 91 numeral 27 de dicha Ley constituye un generador de responsabilidad administrativa la designación de funcionarios o funcionarias que hubieren sido declarados inhabilitados o inhabilitadas por la Contraloría General de la República. Es por ello que las máximas autoridades que designen u ordenen la contratación de personas inhabilitadas por la CGR serán objeto de responsabilidad administrativa.

De igual forma, los jefes del área de recursos humanos tienen especial responsabilidad en la consulta del registro de inhabilitados de la CGR, el cualse encuentra a disposición de la ciudadanía en el portal web www.cgr.gob.ve, sección Sanciones.

Para la CGR todos los ciudadanos están llamados a sumarse a la lucha contra la corrupción. Venezuela cuenta con uno de los marcos legales más modernos y avanzados en esta materia, a través del cual se ha habilitado la incorporación activa y protagónica dela ciudadanía en las labores de control social, dentro y fuera de las instituciones públicas, lo que ha coadyuvado a subsanar irregularidades oportunamente y a hacer más transparente la gestión del Estado venezolano.