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Iglesia pide respeto para derechos humanos y protesta

Monseñor Manuel Felipe Díaz lamentó que el pueblo se vea sometido a largas colas para obtener “el mínimo sustento necesario” | Foto Omar Véliz

Monseñor Manuel Felipe Díaz lamentó que el pueblo se vea sometido a largas colas para obtener “el mínimo sustento necesario” | Foto Omar Véliz

La Conferencia Episcopal Venezolana solicitó la libertad de estudiantes y presos políticos

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Los obispos reivindicaron su derecho de defender y promover la dignidad del ser humano, sin que eso signifique que se conviertan en actores políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana, tras la 102ª Asamblea Plenaria Ordinaria, señaló que en la actualidad venezolana la labor de los pastores implica saber tender puentes para propiciar el encuentro entre adversarios e impulsar la reconciliación.

La organización aclaró que cuando los obispos fijan posición sobre temas, lo hacen con la exigencia de ética y moral de justicia, equidad y paz.

“Quienes nos acusan de actuar como actores políticos lo que hacen es desvirtuar el derecho que nos compete como ciudadanos y pastores de cumplir nuestro deber: defender y promover la dignidad del ser humano, así como el bien común”, expresó.

La CEV aclaró que para alcanzar la paz en Venezuela es necesario que haya respeto a los derechos humanos. Monseñor Manuel Felipe Díaz, encargado de leer el comunicado, recordó que la Constitución consagra el derecho a la libertad de pensamiento, a la disidencia y a la legítima protesta.

“No será posible encontrar soluciones a los problemas de la gente si no nos escuchamos, si se reprime sin investigar las causas por las que surgen las protestas. No es posible pretender una paz que suponga la renuncia a los derechos humanos, la aceptación de un estilo de vida impuesto y la utilización de la Constitución y las leyes a través de interpretaciones arbitrarias no compartidas”, expresó.

Recordó que son bien conocidas las circunstancias que afectan a la población: violencia, inseguridad y criminalidad, desabastecimiento, alto costo de la vida y controles a la actividad productiva. “El pueblo se ve sometido a largas colas para obtener el mínimo sustento necesario”, añadió.

Díaz lamentó que, ante esa situación, quienes pueden solucionar los problemas del pueblo tienen otros intereses: “Los pobres y en general los que sufren vienen a ser así simplemente una excusa o una pantalla ideológica para lograr otros fines”.

Advirtió que parar superar la crisis se requiere un proceso de revisión: “Los partidos políticos experimentan divisiones internas por apetencias e intereses particulares”

La Iglesia solicitó la libertad de los estudiantes y los presos políticos, así como medidas para el regreso de los exiliados.

Díaz aclaró que se mantienen abiertos a contribuir con el diálogo entre el gobierno y la oposición: “Ha sido productivo, quisiéramos que lo fuera aún más”.

La CEV se solidarizó con la Asociación para la Educación Popular, organización que desde 2009 dejó de recibir 50% del subsidio que le otorgaba el Ministerio de Educación. Además de la reducción, los recursos llegan con retraso: “Es imposible cancelar sueldos y salarios”, señalaron los obispos. La Iglesia pidió a las autoridades solventar la situación.


Perseguidos políticos
Desde el ámbito político y económico, analistas y defensores de derechos humanos coinciden en que el diagnóstico que hace la Iglesia de la situación del país es adecuado. Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, subrayó que de febrero a marzo de 2014 se igualó la cifra de procesados penalmente por ejercer el derecho a la manifestación pacífica de los últimos 9 años: “De 2005 a inicios de 2014 había alrededor de 2.400 personas procesadas por ejercer el derecho a la huelga, a la reunión pacífica o asambleas. En esos 4 meses esa cifra se duplicó. Hay más de 5.000 personas que Provea considera perseguidos o presos políticos”.

Desde el punto de vista económico la situación también tiene perspectivas negativas. Roberto León Parilli, presidente de Anauco, considera que el propio gobierno ha reconocido la situación de desabastecimiento. “Se viola el artículo 117 de la Constitución, que garantiza el derecho de elegir bienes y servicios de calidad; acá se compra lo que hay. No tenemos soberanía alimentaria porque dependemos del excedente de los mercados internacionales”.