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IPYS: No hay condiciones óptimas para un equilibrio comunicacional electoral

Advierten que las redes sociales han surgido como una opción para llevar información a los electores

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La hegemonía comunicacional del gobierno se impone en el transcurso de la campaña a la Asamblea Nacional. A diferencia de 2010, cuando se escogió el actual Parlamento, 25 medios de comunicación han pasado a manos de personas ligadas a Miraflores, lo que impide la difusión de la información electoral equilibrada y, en consecuencia, quienes logran publicar sus actos son los candidatos del oficialismo, advierten expertos.

“De los 25 medios de comunicación vendidos desde 2009, 52% ha cambiado su línea editorial; 9 han sido adquiridos por personas cercanas a los factores de poder, y del resto no hay certeza de quiénes son sus propietarios”, señala un informe del Instituto Prensa y Sociedad.

El Ejecutivo cuenta con la plataforma Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, medios como El Correo del Orinoco, VEA (propiedad del PSUV) y otros de alcance municipales, como Ciudad Caracas, Ciudad Petare o Ciudad Valencia, que son usados para impactar en el desarrollo de la campaña legislativa.

“Más que una hegemonía comunicacional lo que existe es una hegemonía de la propaganda. El gobierno trata de imponer mensajes para mantener a sus seguidores, pero no ofrece información útil, ni sobre cómo maneja las políticas del Estado. En esta campaña vemos cómo usan los medios oficiales y los que han comprado para posicionar sus candidatos y continuar con la manipulación”, advirtió el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía. Agregó que las 24 seccionales del CNP activarán la próxima semana una red para brindar información sobre los comicios en los estados.

 “En este momento no hay condiciones óptimas para un equilibrio comunicacional electoral”, indicó Marianela Balbi, coordinadora de IPYS-Venezuela, organización que junto a Observatorio Electoral hizo un estudio sobre la censura durante la campaña electoral legislativa. También hará seguimiento a los problemas y situaciones que puedan presentarse antes y durante la jornada del 6-D. El convenio IPYS-OEV permitió crear la figura del “Guachimán Electoral” y el intercambio de información entre medios electrónicos que ofrecerán a los electores.

El estudio evidenció “opacidad y secretismo”: 68% de los periodistas expresó que tuvo limitaciones a diversas fuentes de información, antes de la campaña electoral; 59% indicó la negativa de  las autoridades del CNE para dar entrevistas y 52% registró problemas para acceder a candidatos.

“La campaña electoral existe para que los ciudadanos tengan la oportunidad de informarse, poder tomar decisiones responsables. Sin embargo, en esta coyuntura está comprometida la pluralidad, la diversidad, la independencia y autonomía, principios básicos de la libertad de expresión y fundamentos esenciales de la vida democrática. Predominan las restricciones para el pleno ejercicio del periodismo como fuerza de contrapoder y ventana habitual de las denuncias ciudadanas. Esta situación deriva en un escenario electoral hostil, arbitrario y desequilibrado, en el que no están dadas las condiciones para un auténtico proceso de comunicación libre, plural e independiente”, dijo Balbi.


Alternativa. El Consejo Nacional Electoral emitió un reglamento para tratar de garantizar el equilibrio, pero, en la práctica, los candidatos de la oposición y, en particular, los llamados disidentes del chavismo, como Marea Socialista y Vanguardia Bicentenaria Republicana, se sienten excluidos.

Las opciones que han surgido para llevar información a los electores, no es solo es el contacto cara a cara, sino también las redes sociales. “Las redes sociales son fundamentales en esta situación de presiones y amenazas a la prensa y a los periodistas. Hay miedo en medios radioeléctricos porque el gobierno se niega a renovarles la concesión, lo que termina en una terrible censura. Conatel, que no sabemos si responde al Minci o a la Vicepresidencia de la República, pasó de ser un organismo técnico a un organismo censor; es el ‘gran moralista de la comunicación’. En esta campaña, los portales deben ofrecer información en tiempo real, pero bajo parámetros de objetividad para evitar las sanciones del gobierno”, instó Guía.