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Hostigamiento a fuentes afecta los derechos ciudadanos

La investigadora Luisa Torrealba denunció que el cerco a voceros vulnera garantías como el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación

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“La política de violaciones de la libertad de expresión que comenzó por periodistas y medios de comunicación ha sido sistemática. Ahora el hostigamiento llegó a las fuentes informativas y afecta a los ciudadanos”, aseveró Luisa Torrealba, miembro del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV.

Considera que desde 2014 existe una persecución a las fuentes, que se evidencia en la detención durante horas en el Sebin de voceros de organismos y allanamiento a domicilios, así como procesos administrativos y judiciales que desencadenan en intimidación, censura y autocensura que inciden en la vida del país.

Torrealba dijo que los frenos a la libertad de expresión se han acrecentado. Recordó cuando se cerró la oficina de prensa del Cicpc, las limitaciones impuestas a la cobertura del derrame petrolero en Monagas y a las cifras sobre los afectados por el virus AH1N1, entre otros casos. Refirió que con la detención del presidente de la Asociación de Clínicas, a principios de febrero, por declarar sobre la situación de los insumos médicos, se violó el derecho a la vida y a la salud.

Añadió que las limitaciones informativas también han vulnerado el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Sostuvo que el fin es intimidar e inhibir a quienes deseen recurrir a los medios para denunciar o señalar irregularidades.

“Todos los poderes establecidos han buscado limitar la libertad de expresión. Es una tendencia natural ante cualquier información que pueda generar rechazo y entorpecer la continuidad en el poder”, indicó.

Advirtió sobre el riesgo de que los ciudadanos y periodistas vean situaciones como normales. “Hay una suerte de desensibilización que puede ser por parte de los ciudadanos y de los periodistas. Esto es peligroso porque no nos activamos para exigir derechos y  nos convertimos en especie de cómplices por omisión”, destacó.

El abogado Oswaldo Cali, de Espacio Público, considera que las amenazas a las fuentes, además de ser inconstitucionales y ocasionar censuras, atentan contra la contraloría social. “La libertad de expresión también implica el derecho de los ciudadanos de recibir información. El acceso a la información pública tradicionalmente ha sido negado en Venezuela: el gobierno casi nunca responde a peticiones, hay un cerco informativo, sobre todo en temas de salud y economía”.

En el informe que presentará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo, Espacio Público  registrará las limitaciones a las fuentes informativas en el país.

En septiembre del año pasado el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, fue llevado al Sebin luego de declarar sobre los efectos del Chikungunya en la producción del país. También  interrogaron al presidente de la Cámara de Aduaneros de Vargas, Rusvel Gutiérrez. Ese mes se libró orden de captura contra el presidente del Colegio Médico de Aragua, Ángel Sarmiento, después de declarar sobre la muerte de ocho pacientes en esa entidad.

 

Amenazas. La MUD emitió un comunicado en el que señala que el presidente Nicolás Maduro “en vez de enfrentar los problemas que el gobierno ha creado, emplea la estrategia del escapismo y la amenaza”. Considera que el gobierno busca crear un clima de caos para ilegalizar la oposición y prevenir la derrota en las elecciones parlamentarias.

“Maduro maneja, sin prueba alguna, el argumento de supuestas conspiraciones extranjeras y pretendidos planes desestabilizadores para desviar la atención sobre el verdadero foco de la crisis.  Amenaza a empresarios y medios de comunicación de aquí y afuera en un intento por ocultar su desprestigio y debilidad. Amenaza a gobiernos extranjeros y organismos internacionales que han advertido sobre los riesgos de la crisis política venezolana. Y amenaza a quienes mantenemos que el cambio debe ser pacífico, democrático, constitucional y electoral”, destaca.