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Habilitante permitiría al presidente decidir sobre la libertad de los ciudadanos

Nicolás Maduro solicitó que la Ley Habilitante se extienda por un año / AVN

Nicolás Maduro solicitó que la Ley Habilitante se extienda por un año / AVN

El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez ve con preocupación que la Ley Habilitante pretenda legislar en materia penal, porque esto pone en manos del Ejecutivo, algo tan fundamental como la libertad de los ciudadanos

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El proyecto de Ley Habilitante solicitado por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea pretende legislar en materia penal. El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez indica que esto es “muy grave porque está en juego la libertad de los ciudadanos”.

Según el manuscrito entregado a los diputados el pasado martes, la ley permitiría a Maduro “dictar y/o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción”.

Arteaga explica que las normas penales están hechas para fijar las sanciones más graves con el fin de reprimir determinadas conductas, que atentan contra las bases de la sociedad. Por ello inciden sobre la liberta del ser humano.

“La libertad es el bien más importante después de la vida, no puede estar en manos del Ejecutivo. Si se le otorga legislar en materia penal, se deja la libertad de los ciudadanos a disposición del presidente”, recalcó.

El jurista considera que las normas penales deben estar reservadas a la ley formal, es decir, “no pueden provenir de un decreto ley sino de una ley dictada por el poder legislativo, por la Asamblea Nacional y pasar por todos sus procesos de discusión”.

Además, según el abogado penalista, la habilitante atentaría contra la Constitución, ya que irrespeta el principio de legalidad del debido proceso al que tienen derecho todos los ciudadanos.

Para Arteaga Sánchez, también resulta muy grave que se aprueben poderes especiales para combatir la corrupción, cuando la corrupción proviene de los poderes públicos. “Quienes deben ser controlados por la ley no pueden ser los que hagan las normas para su propio control”, expresó.