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Habilitante busca imponer modelo económico del "ala radical" chavista

Nicolás Maduro presenta la propuesta de ley habilitante / AVN

Nicolás Maduro presenta la propuesta de ley habilitante / AVN

Cuando la Asamblea delega sus funciones al Ejecutivo, este evita el control social y de los medios

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Casi al final de su discurso, cuando presentó su propuesta de ley habilitante ante la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro recordó que entre los objetivos del proyecto también figura combatir la guerra económica que impulsó la "burguesía parasitaria". Aunque apenas esbozó propósitos, soltó indicios claros de lo que se pretende: más cercos y restricciones al sector privado, y más divisas para el sector público.Empezó por la revisión, rectificación y reimpulso a Cadivi, y luego dijo una frase que hace prever que se reducirán las asignaciones de divisas al sector privado para privilegiar al público: "Aquí no habrá socialismo si la burguesía sigue disfrutando del privilegio de importar a gran escala".El director de Econanalítica, Asdrúbal Oliveros, opinó que ante la crisis económica que vive el país se ha impuesto el ala radical del oficialismo, algo que se evidenció en el discurso de Maduro sobre los objetivos de la habilitante. "No es nada nuevo. La evolución de las importaciones públicas vienen creciendo. Cuando comenzó el control de cambio, menos de 15% de las importaciones provenían del sector público, pero el año pasado alcanzaron la cifra de 40% y este año se espera que lleguen a 48%".En principio, se esperaba que la habilitante creará el piso jurídico para la apertura del mercado de valores, pero las palabras del presidente, que coincidieron con la designación de Rafael Ramírez como vicepresidente del Área Económica, demuestran que se impuso el "ala radical" del oficialismo."Esa ala radical, con el apoyo de el vicepresidente Jorge Arreaza, ha contenido esos cambios, convenciendo a Maduro de que es contraproducente, porque tienen un costo político muy alto que no es prudente asumir", agregó el economista.Explicó que ahora la habilitante podría enfocarse en que el Estado mantenga su hegemonía en las importaciones y además se convierta en un Estado comercializador, que no sólo traiga los productos, sino que además sea quien los venda al sector privado. "Eso es lo que se quiere. Viene ocurriendo desde hace tiempo", añadió.También se puede esperar, por la aplicación de las 3R a Cadivi, que se aumenten las penas por ilícitos con dólares y por el desvío de divisas del sistema de control cambiario.El abogado constitucionalista Jorge Pabón coincidió con Oliveros: "Nelson Merentes trataba de abrir la economía y los radicales le estaban quitando apoyo a Maduro. Se trata de los radicales de Jorge Giordani, que opinan que ante la crisis económica hay que tomar reimpulso con la revolución", expresó.El abogado constitucionalista Gerardo Fernández destacó un elemento que comparten las cuatro habilitantes que se le han aprobado al oficialismo y que podrían beneficiar la rapidez y la discreción de esos cambios económicos que desea el ala radical."Una habilitante es una forma de imponer textos normativos no democráticos, porque obvian el proceso de formación de la ley, evitan el control social, el control político y el de los medios. No hay debate a la hora de aprobar las leyes, solo se ve cuando aparece publicada en Gaceta Oficial. Es una conducta de un gobierno totalitario: sacar textos jurídicos imponiéndolos".Con las cuatro leyes habilitantes que la Asamblea Nacional le aprobó al presidente Hugo Chávez se crearon leyes con objetivos diferentes a los que se propusieron (ver infografía anexa).Fernández opinó que las habilitantes no buscan más que un efectismo político: "Ya se han aprobado cuatro veces para cambiar el modelo económico y conocemos el resultado. Dos veces para combatir la corrupción y también conocemos el resultado". Corrupción. Pero lo económico no es lo único que se propone combatir el gobierno. De hecho, al menos, desde el discurso oficial, no es lo primordial. La bandera es la lucha contra la corrupción. En eso Maduro sí se extendió un poco más. En las largas citas a los autores y en la exposición de motivos tan general aparecen detalles que aterrizan su propósito.Maduro mencionó que desea fortalecer la mancomunidad entre todos los poderes públicos, crear una ley anticorrupción más severa (aumento de penas e inclusión de penas máximas), instalar equipos de investigación de delitos económicos en el Ministerio Público, así como instancias penales contra la corrupción e impulsar una ley de financiamiento del ejercicio público.En la oposición aseguran que para nada de eso hace falta una habilitante. Incluso llevó al Parlamento, a través de Copei, un proyecto de ley de garantías para la transparencia de la actividad política que no recibió respuesta. El presidente del partido, Roberto Enríquez, opinó que los poderes especiales no son el camino para lograrlo, y propuso que se convoquen sesiones extraordinarias de la AN en las que se discutan la propuesta."El problema de la corrupción en general debió tratarse en sesiones extraordinarias, con un gran debate nacional. No compartimos que se le arrebatara a la representación popular el debate sobre un problema tan grueso como el de la corrupción", añadió Enríquez.Advirtió que el problema del financiamiento a los partidos políticos puede colocar a Venezuela en una situación difícil, incluso al margen de las normas internacionales: "No es secreto que la vulnerabilidad del mundo político permite la penetración de dinero proveniente del delito".Sobre la pretensión de aumentar las penas o de crear instancias penales contra la corrupción, Fernández recordó que la regulación del sistema de libertades en el debido proceso, las sanciones y penas, así como los procedimientos judiciales son temas vedados para que sean delegables por vía de una habilitante.El ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCV Alberto Arteaga recordó que en 1982, con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, hoy derogada, se incrementaron las penas, se tipificaron nuevos delitos y hasta se crearon tribunales especiales en esta materia y no hubo resultados. La habilitación legislativa prevista en la Constitución se origina en la carta magna de 1945, cuyo alcance se amplió en la de 1961. En ambas, el alcance de la habilitación estaba restringido a lo económico y financiero. Pero en la Constitución de 1999 lo extendió sin restricciones, lo que permite que la Asamblea Nacional renuncie a su facultad de legislar en favor del Ejecutivo.