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Habilitante busca mayor control político interno y cohesión

Expertos aseguran que el chavismo usa la habilitante como pretexto, y podría aumentar la represión | Foto Archivo El Nacional

Expertos aseguran que el chavismo usa la habilitante como pretexto, y podría aumentar la represión | Foto Archivo El Nacional

El texto no detalla cómo combatir ataques, pero sí estudia modificar o crear sanciones penales contra quienes afecten el orden constitucional: un golpe a “quintas columnas”

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¿Qué esconde la habilitante? Más allá de enfrentar cualquier amenaza extranjera, expertos consideran que ese instrumento se utilizará para que el gobierno perfeccione su control político en lo interno, con el posible aumento de la persecución a la oposición y la reunificación de sus seguidores contra el típico enemigo: el imperialismo.

Si se revisa el documento de solicitud de poderes especiales, de 10 páginas, destacan los siguientes objetivos: “La defensa jurídica ante los efectos perniciosos de la injerencia extranjera; reforzar la economía del país ante los agentes perpetradores como causantes (sic) de la guerra económica; regular cualquier intervencionismo que altere el orden social, económico y político”.

También se busca crear “normativas dirigidas al establecimiento administrativo o judicial, conforme con el orden constitucional, de las responsabilidades civiles, administrativas y penales de todos los que hayan incurrido o incurran en ilícitos que hayan afectado o afecten el patrimonio de la República, el orden constitucional y los derechos humanos, así como la seguridad alimentaria, energética, ambiental y el ejercicio de los derechos”.

¿Prepara el gobierno más represión? Ya el presidente Nicolás Maduro advirtió que hará frente a “quintas columnas” que hacen trabajos de socavamiento interno para justificar una agresión a Venezuela.

El diputado Homero Ruiz (Copei) afirmó que la habilitante podría convertirse en una nueva herramienta para la persecución política y la represión contra adversarios.

El abogado penalista José Luis Tamayo coincide en que la represión podría aumentar, pues Maduro pide legislar sobre sanciones penales. Advirtió que todo lo que tiene que ver con delitos y procedimientos penales es materia de estricta reserva legal que solo puede ser modificada por el Parlamento, y no con una habilitante.

“Con Hugo Chávez siempre pasó: en 2012 modificó el Código Orgánico Procesal Penal con la habilitante”, recordó.

Agregó que desde 1926 el Código Penal, artículo 132, establece que cualquiera que conspire dentro o fuera de Venezuela para destruir la forma republicana será castigado con pena de 8 a 16 años de prisión.

Otro aspecto clave que motivó la habilitante es la consolidación de un ordenamiento jurídico antiimperialista. El lenguaje guarda similitudes con la Constitución de Cuba, que en el artículo 120 “condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos”. También califica de delito internacional la “guerra de agresión y conquista”.

Para combatir al imperialismo no hacen falta leyes, aclaró el especialista en derecho internacional Héctor Faúndez. “No se necesita una ley para sacar a los cubanos que están en posiciones estratégicas en el gobierno de Venezuela. La habilitante es un pretexto, se aprovecha la circunstancia para que la ciudadanía se olvide de los problemas nacionales, para cohesionar a sus seguidores”, señaló.

Piden aplicar Carta Democrática a EE UU
HERNÁN LUGO-GALICIA

El Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación discutieron ayer en Miraflores las acciones que se adoptarían frente a la declaración de Estados Unidos contra el gobierno. El vicepresidente Jorge Arreaza coordinó la reunión en el salón Simón Bolívar por orden expresa del presidente Nicolás Maduro.

Desde hace 15 días el secretario ejecutivo del Consejo de Estado, mayor general Alexis López Martínez, ha consultado a los miembros de la instancia estatal por varias vías: en reuniones, mediante llamadas y en papeles de trabajo –que posteriormente fueron entregados al presidente– sobre cómo afrontar lo que  consideran injerencia norteamericana.

Un primer informe fue presentado a Maduro, quien lo analizó junto con el Alto Mando Militar el 28 de febrero, cuando se acordó endurecer la posición ante Estados Unidos, entre otras cosas  con la reducción de funcionarios diplomáticos, la obligatoriedad de informar de sus actividades en el país y la exigencia de visa a estadounidenses para entrar a Venezuela.

En el Consejo de Estado están representantes de los poderes públicos, gobernadores y dirigentes como José Vicente Rangel, Miguel Pérez Abad (Fedeindustria) y Rafael Uzcátegui, secretario general de PPT.

Uzcátegui confirmó los “intercambios de ideas” y cómo en el Congreso del Polo Patriótico se acogió la tesis de hacer la “Declaración de Caracas”, en la cual exponen sobre la eventualidad de una “intervención militar” y se elaboró el “plan de acción antiimperialista”.

“En estos escenarios, en las reuniones con el mayor general López Martínez y en el Congreso PPT propuso acudir a la OEA –y así se aprobó– a solicitar que se active la Carta Democrática contra Estados Unidos por dos razones: una, por tener un gobierno que asesina a ciudadanos y a presidentes; y dos, por creer que goza de inmunidad para castigar a países. ¿Las pruebas?: Barack Obama declaró que usan las armas para torcer el brazo a presidentes y su gobierno otorga asilo a narcotraficantes y a terroristas como Posada Carriles”, reveló.

El otro objetivo discutido es solicitarle a la ONU, a través del Consejo de Seguridad, en el cual Venezuela tiene un puesto, que se sancione a Estados Unidos por “perturbar la paz”, según Uzcátegui.

La tercera estrategia incluye la presencia de funcionarios del gobierno y los partidos aliados del PSUV en escenarios internacionales. Por ejemplo, ayer partió a México una delegación del Polo que participará en el XVIII seminario Partidos, nueva sociedad, y allí pedirán solidaridad internacional. El acto es organizado por el Partido de Trabajadores y reúne a 140 organizaciones políticas de 68 países adscritas al Foro de Sao Paulo. “Por primera vez el oficialismo envía una sola delegación por mandato del Congreso del Polo. Rodrigo Cabezas representará al PSUV”.

Simultáneamente, en la plaza Catia se instaló la “Tribuna Antiimperialista”. 

El Dato
El Ejecutivo pidió la habilitante por seis meses. Si se aprueba el domingo, durará hasta el 15 de septiembre y, de ser cierto el cálculo de Unasur, podría coincidir con la elección parlamentaria. Incluso podría durar más: en 2010 Hugo Chávez la pidió por un año, pero Cilia Flores, entonces presidente de la AN, pidió aprobarla por más tiempo. Se aceptó y se le dieron poderes especiales por año y medio. Si esto se repite y la habilitante arropa la nueva Asamblea Nacional, el peso político recaería sobre el Parlamento y no sobre Maduro.