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HRW: Gobierno usa sistema político para amedrentrar a opositores

Human Rights Watch

Human Rights Watch

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) han detenido a varias personas por criticar la política de gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro 

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Este jueves, la organización Human Rights Watch denunció que el presidente Nicolás Maduro, usa el sistema político como un castigo, con demandas penales contra muchos opositores del país, quienes han estado en contra de su gobernabilidad.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al empresario venezolano Fray Roa Contreras el pasado 24 de julio, luego de que él critica las políticas de gobernabilidad del presidente Nicolás Maduro en una entrevista televisada del canal CNN. El empresario todavía se encuentra detenido y enfrenta un proceso penal por difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra”, reseñó la prensa.

“El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch.

“Las autoridades venezolanas han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”.

HRW ha documentado 31 casos en la capital y cuatro ciudades del país como Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, de personas amenazas o que enfrentan cargos penales por haber criticado públicamente al gobierno. Entre ellos se encuentran 22 casos que están relacionadas con los medios de comunicación venezolano, quienes difundir información del presidente de La Asamblea Nacional, Diosdado Cabello con el narcotráfico.

Los casos más resaltantes de esta organización incluye el de un médico que fue detenido por el Sebin y amenazado con la posibilidad de un proceso penal por cuestionar por televisión la escasez de alimentos y el de un ingeniero que fue detenido luego que periódico local tomara sus declaraciones, en las cuales hacía una crítica con la regulación eléctrica.

Si bien la mayoría de los detenidos han sido liberados condicionalmente, los cargos penales y las investigaciones se mantienen vigentes, indicó Human Rights Watch. 

En el año 2005, Hugo Chávez y sus partidos en la Asamblea Nacional ampliaron el alcance de normas que castigan expresiones que se consideran palabras que agravian a funcionarios públicos y establecieron penas draconianas por caso de difamación.  

Actualmente, el Código Penal prevé penas de prisión de hasta cinco años para todo aquel que cause “pánico” o “zozobra” en la población difundiendo “información falsa”. También sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes publiquen información que “hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, [o que sea] ofensivo a su honor o reputación”. 

La ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela agrava considerablemente la amenaza que estas leyes representan para la libertad de expresión, indicó Human Rights Watch. El poder judicial venezolano ha dejado en gran medida de actuar como un poder independiente de gobierno, desde que en 2004 el Presidente Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder ejecutivo”, observó Vivanco. “Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan”.

Con información de nota de prensa