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Gustavo Tarre: Diputados no son funcionarios

El abogado y exparlamentario, Gustavo Tarre Briceño | Captura Venevisión

El abogado y exparlamentario, Gustavo Tarre Briceño | Captura Venevisión

El abogado desestimó los argumentos presentados por Cabello, según los cuales Maria Corina Machado habría perdido su cargo de manera instantánea

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El abogado y exparlamentario del extinto Congreso, Gustavo Tarre Briceño, aseguró que el anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre la destitución de María Corina Machado como diputada al Parlamento no tiene validez legal.

"Diosdado Cabello –a la cabeza de la directiva de la AN– no tiene, ni por la Constitución ni por el Reglamento Interior y de Debates, la atribución de destituir a ningún diputado", sentenció Tarre Briceño.

El abogado desestimó los argumentos presentados por Cabello, según los cuales la legisladora habría perdido su cargo de manera instantánea debido a que violó los artículos 191 y 149 de la Constitución al aceptar un cargo de un gobierno extranjero cuando acudió a la sesión de la OEA. "El artículo 191 establece excepciones como los nombramientos accidentales (temporales), como en efecto sucedió con la parlamentaria Machado durante un día en la OEA para que pudiera expresarse".

Explicó que el artículo 149 de la Constitución no rige a los diputados, sino a los cargos de la administración pública, los cuales son de carrera y están bajo el Poder Público. "El diputado no es un funcionario de la administración pública. Estos son cargos de elección popular que se rigen por el Poder Legislativo, así lo establece expresamente la Constitución", dijo.

Agregó que legalmente un diputado solamente puede quedar separado definitivamente de su cargo a través de cinco vías: muerte, renuncia, agotamiento del período, referéndum revocatorio o sentencia del TSJ. En caso de realizarse una sesión de la AN para separar del cargo a Machado, se necesitaría del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y de prosperar la separación sería temporal y no definitiva, como lo expresa la Constitución en el artículo 187, ordinal 20.