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Gobierno transfiere más poder a los consejos comunales

En la Ley de Gestión Comunitaria se impulsa la planificación comunal | Foto Archivo El Nacional

En la Ley de Gestión Comunitaria se impulsa la planificación comunal | Foto Archivo El Nacional

La reforma de la Ley para la Gestión Comunitaria de Competencias garantiza participación popular en planes de inversión

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Entre las leyes aprobadas por el presidente Nicolás Maduro a través de la Ley Habilitante y formalizadas en la Gaceta Oficial número 40540 figura la reforma a la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios, Bienes y otras Atribuciones, que ahora se llama Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras Atribuciones.

Se señala que el objetivo es desarrollar mecanismos para garantizar la participación de los consejos comunales, las comunidades y las organizaciones socioproductivas “en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, estadales y municipales”, establecer vías para la gestión comunitaria y comunal en los servicios de salud, educación, vivienda, programas sociales, deportes y áreas urbanas, cultura y programas sociales, entre otros, e impulsar la creación de empresas comunales y organizaciones de base para la prestación de servicios.

En el texto, que reemplaza al sancionado hace dos años, se prevé la transferencia de la gestión y administración de bienes, recursos y servicios del poder público nacional, de los estados y municipios “a las organizaciones que conforman el Poder Popular, que serán asumidos por las comunidades al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible”, de acuerdo con el Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación.

La ley establece el estímulo a la planificación comunal para la construcción del nuevo modelo de gestión pública. Los órganos del poder público nacional, los estados y municipios deben presentar un plan de transferencia anual ante la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

Para ejecutar la transferencia de competencias se establecen cinco etapas: diagnóstico, plan de transferencia, presupuesto, ejecución y contraloría social. Corresponde a la entidad política transferente realizar las previsiones presupuestarias y financieras para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, la realización de la actividad o la provisión de bienes; el Consejo Federal del Gobierno podrá de disponer de “apartados financieros adicionales” a través del Fondo de Compensación Interterritorial.

Debilitamiento. Los poderes habilitantes para el presidente Nicolás Maduro se vencen el 19 de noviembre. El politólogo Luis Salamanca destacó que con las 10 leyes aprobadas hasta ahora “se ha incumplido” con la solicitud de poderes especiales, puesto que no se ha combatido la corrupción, sobre todo el “cadivismo”, ni se ha logrado la anunciada transformación económica. Añadió que sí se ha avanzado en el empleo de fiscales populares para supervisar los comercios.

Coincidió con su colega Ángel Álvarez en señalar que la Ley para la Transferencia al Poder Popular ampliará la disminución de competencias al poder local y debilitará aún más las gobernaciones y alcaldías. Recordó que este proceso inició en 2008 y cosedera que se fortalece para “reanimar” a los sectores oficialistas ante las elecciones parlamentarias del próximo año.

Álvarez sostuvo que Maduro continúa la línea de Chávez de consolidar el Estado comunal. Explicó que las “distorsiones” con la habilitante parten de la Constitución de 1999, que calificó de excesivamente centralista. “La Constitución no impone límites al poder habilitado, antes Chávez y ahora Maduro han legislado sobre lo que se les antoja. Además, hay un reconocimiento tácito de la ausencia de un Poder Legislativo con capacidad de controlar al Ejecutivo”, dijo. Sostuvo que si el gobierno tuviese la voluntad de frenar la corrupción, cuenta con los mecanismos para hacerlo.

La corrupción no solo se combate con leyes, se requiere voluntad política y autonomía de los poderes públicos, consideró Alberto Martínez, experto en políticas públicas. Indicó que la corrupción ha crecido por la impunidad. Destacó que se ha avanza en la relación gobierno central-comunas. “Esta ley de transferencia al poder comunal coincide con el hecho de todas las alcaldías han visto disminuidos sus recursos, el gobierno central calculó el barril de petróleo por debajo del precio del mercado y el situado constitucional cada vez es menor”, señaló.

Proyectos sociales no pagarán por créditos
NICOLLE YAPUR

Los recursos otorgados a proyectos sociales a través de financiamiento de los órganos y entes públicos tendrán un carácter no retornable, según lo establece la nueva Ley para Establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular, promulgada ayer por el presidente Nicolás Maduro y publicada hoy en la Gaceta Oficial número 40540.

El texto explica que existen dos tipos de proyectos que pueden optar por créditos públicos: los socioproductivos y los sociales. Los entes de financiamiento podrán otorgar recursos con o sin intereses y garantías, dependiendo del tipo de proyecto, la oportunidad, la necesidad de acceso inmediato y el tiempo de recuperación de los mismos.

La lista de opciones a financiar es amplia: desde formación para el trabajo y capital operativo, hasta planes de salud comunal, y esparcimiento y recreación. Los sujetos que pueden optar a este tipo de créditos también es variada: emprendedores (individuales o asociados), consejos comunales, comunas, asociaciones cooperativas, empresas de propiedad social, unidades productivas familiares, sistemas de trueque, personas naturales en situación de vulnerabilidad y otras instancias del poder popular.

El texto legal indica que no se podrán otorgar financiamientos a un solo beneficiario por montos superiores a 5% de su patrimonio o recursos asignados. Los créditos pueden ser de corto plazo (menos de cinco años), mediano plazo (menos de 10 años) y largo plazo (más de 10 años).

EL DATO
La Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones fue aprobada mediante la última Ley Habilitante concedida a Hugo Chávez y publicada en Gaceta Oficial el 15 de junio de 2012. El 28 de junio de ese año el partido Proyecto Venezuela solicitó ante el TSJ la nulidad de la ley por considerar que “se intenta transferir, en forma arbitraria e inconstitucional, competencias de las alcaldías a grupos controlados por el gobierno".