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Gobierno solicitó captura a Interpol pero no extradición de Aponte

Eladio Aponte Aponte, ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Eladio Aponte Aponte, ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Alberto Arteaga Sánchez dijo que el Ministerio Público ha omitido investigación por noticia criminis

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El ex presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ Eladio Aponte Aponte confesó el 18 de abril del año pasado que recibió instrucciones “desde el Presidente para abajo” para manipular procesos judiciales, entre los cuales destacó el caso de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, el comisario José Sánchez “Mazuco” y el general Francisco Usón Ramírez. Casi 10 meses después no se conoce de actuaciones del Ministerio Público en el caso del ex magistrado.

La último que se supo fue la solicitud que hizo la Fiscalía a la Interpol para incorporar en su base de datos el alerta roja contra Aponte Aponte, información que se anunció el 20 de abril de 2012, pero con la fecha de dos días antes. La petición la formuló la fiscal 9ª nacional Daisy Bolívar, que presentó ante el órgano policial la orden de aprehensión emitida por el Tribunal 11º de Control del área metropolitana de Caracas.

También se anunció que el tribunal acordó enajenar y gravar bienes, así como el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias del abogado.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha aseverado que las afirmaciones de Aponte, ofrecidas desde Estados Unidos, no son suficientes para iniciar una investigación en Venezuela y que el Código Orgánico Procesal Penal determina que el ex magistrado debe venir al país para la formular sus denuncias.

El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez subrayó que “ni siquiera se tiene conocimiento de una investigación abierta contra Aponte” y destacó que la alerta roja sólo puede hacerse cuando se han iniciado los trámites de extradición, pero no hay información de que los hayan gestionado. Dijo que el Ministerio Público ha omitido la investigación de oficio o por notitia criminis, de acuerdo con el artículo 265 del COPP. Añadió que la confesión del ex magistrado es un grave precedente de corrupción hecho público, que debió investigarse sin descalificar al denunciante.

“Aponte mereció toda la confianza de quienes hoy lo señalan como delincuente. Evidentemente, esos señalamientos comprometen la actuación de los órganos del Estado, y, fundamentalmente, de los órganos de la justicia, columna vertebral de un Estado que la Constitución define como de Derecho y de Justicia”, sostuvo.

Aponte fue destituido, luego de ser denunciado por entregar una credencial a Walid Makled, procesado por presunta participación en narcotráfico. El ex magistrado aseguró que la Vicepresidencia de la República era el lugar de las reuniones de los viernes en las que el TSJ, la Fiscalía, la CGR, la Asamblea Nacional y algunos jefes policiales recibían “directrices” en materia judicial.

Puntadas desde Miraflores

El ex magistrado Eladio Aponte aseveró que los jueces que no acataban las órdenes del Gobierno eran destituidos de sus cargos.

Aseguró que la instrucción de no soltar a los comisarios del 11-A vino directamente del jefe del Estado.

“La orden viene de la Presidencia para abajo, no nos caigamos en dudas. En Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el Presidente”, señaló.

El abogado y coronel retirado reconocía el perjuicio que causó al sistema judicial del país. “Yo asumo mi responsabilidad y mi culpa; y si es de pagar por ello, yo pago”, indicó. En abril pasado la residencia de Aponte en Maracay fue allanada tres veces por funcionarios del Sebin, acompañados por una comisión de la Fiscalía Novena de Aragua.