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Gobierno reprime crítica de medios y periodistas con procesos judiciales y económicos

Marcelino Bisbal, director de Posgrado de la Ucab/ Archivo

Marcelino Bisbal / Archivo

Existen siete instrumentos legales orientados a “generar mecanismos de autocensura e intimidación, tanto en los medios como en sus profesionales de la comunicación”

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Una nueva forma de hegemonía comunicacional está surgiendo. Los investigadores Marcelino Bisbal y Andrés Cañizález coinciden en que el control de los medios de comunicación no puede medirse sólo por el número de medios en manos del Estado o de una entidad política. La aplicación de medidas administrativas, judiciales y económicas contra los medios particulares por el Gobierno constituye un mecanismo de dominación.

“La política comunicacional del Gobierno es reprimir la crítica a través de procesos judiciales y económicos”, afirma Cañizález, profesor e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB. “La presencia del sector privado en los medios es notable respecto al sistema de medios de propiedad estatal, pero los medios privados operan bajo un esquema no libre, con fuertes presiones y controles, incluso en el ámbito de los contenidos”.

Bisbal considera que varias leyes y procedimientos jurídicos impulsados por el Gobierno se configuran para “generar mecanismos de autocensura e intimidación, tanto en los medios como en sus profesionales de la comunicación”.

Esta semana, el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela publicó un estudio que coincide con la apreciación de Bisbal. Señala que el “uso desproporcionado del poder estatal, a través de mecanismos legales”, se ha empleado para limitar la labor de “periodistas y medios de comunicación privados e independientes en varias entidades del país en los últimos meses de 2013”. El estudio se refiere a los casos del Correo del Caroní en el estado Bolívar y el diario La Mañana en el estado Falcón, donde se ha denunciado censura en ciertos contenidos por autoridades judiciales.

También menciona las acciones contra los periodistas Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, y Leonardo León, locutor de ULA 107.7 FM y corresponsal del diario El Nacional en Mérida, acusados de difamación, así como los señalamientos y citación a un tribunal al periodista Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director de la página web runrun.es. Este balance no incluía la multa y prohibición de publicación de imágenes de violencia impuestas a El Nacional y Tal Cual el jueves por la publicación de una foto en 2010 que mostraba el estado de la morgue de Bello Monte.

“El debate sobre los medios es más amplio de lo que quieren hacer ver. Los dueños de los medios burgueses no fueron electos por el pueblo. Entonces, ¿por qué ellos son los que deben dirigir la agenda? En cambio, el Presidente, elegido por la mayoría, tiene más pertinencia a la hora de elegir los temas que se deben discutir”, asegura Alberto Aranguibel, investigador en comunicación, en defensa de la “política” del Gobierno hacia los medios.

Cañizales recuerda que la función de los medios, más que surgir de un proceso de legitimación electoral, es fiscalizar el poder. “La naturaleza de un medio de comunicación es contener los desafueros del poder. Por eso se dice que un medio debe ser independiente y autónomo para tener esa función contralora”.


Palabras intimidatorias. En una investigación reciente, Bisbal presenta una radiografía de la situación de los medios en Venezuela en los últimos 14 años, y analiza tres aspectos: libertad de expresión, marco regulatorio e inventario de las entidades comunicacionales privadas y estatales.

En relación con la libertad de expresión, en el texto se describen varios episodios de presión desde 2002. “La prensa y sus periodistas sólo han recibido palabras intimidatorias, ofensivas y descalificadoras por sus posiciones críticas y mucho más por la agenda privilegiada que le habían concedido a los temas como delincuencia, costo de la vida, hechos de violencia, crimen, inseguridad y crítica a la gestión gubernamental. Desde 2010 se dan decisiones judiciales que representaron clara censura hacia algunos medios impresos. En agosto de ese año, el diario El Nacional publicó en primera plana una foto que mostraba un grupo de cadáveres desnudos acumulados en mesones y en el suelo de la morgue de Caracas, y un tribunal le dicta una orden judicial que le prohíbe ‘publicar imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror y agresiones físicas”.

Dentro del repertorio de acciones que han amenazado el libre ejercicio del periodismo en Venezuela, el diagnóstico de Bisbal coincide con lo que han expresado organismos internacionales orientados al estudio y situación de los derechos humanos y la democracia en el mundo. “La organización Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con los medios, la libertad de pensamiento y el ejercicio de la libertad de expresión en el país, han dicho que las comunicaciones libres y plurales han sido afectadas por fuertes medidas de fiscalización, primordialmente sanciones tributarias; concesión direccionada de la publicidad del Estado hacia ciertos medios de comunicación progubernamentales, que asfixia económicamente a otros que por su línea de pensamiento no acceden a ella; medidas administrativas de presión, como la confiscación de equipos; utilización sin límites del recurso de las “cadenas presidenciales”; compra de canales e instrumentación de todo un andamiaje de medios, así como intromisión en las cadenas comunales de comunicación por el Gobierno; la represión de expresiones críticas de los medios de comunicación a causa de una inconveniente intervención del sistema punitivo, disfunción que se aprecia en la tipificación de los delitos contra el honor y el desacato”, señala el documento.

Bisbal indica que la política comunicacional del Gobierno ha conquistado esferas progresivamente que limitan una amplia diversidad de opiniones e informaciones: “Todo este marco regulatorio, surgido a partir de 1999 con el nuevo gobierno, es la evidencia jurídica que sirve para entender el nuevo régimen comunicativo que poco a poco se ha construido con la idea de hacer realidad lo que el mismo Gobierno ha denominado hegemonía comunicacional”.

Asegura que el objetivo de estos instrumentos jurídicos “va desde la intimidación, hostigamiento judicial, restricciones administrativas, detenciones arbitrarias de periodistas, uso de información para desprestigio de medios y periodistas que limitan en grado importante el ejercicio de la libertad de expresión y de información en nuestro país”.

Considera que la principal crítica contra estos mecanismos legales es que su aplicación es de carácter “vago, ambiguo, de amplias e imprecisas interpretaciones” y, como consecuencia, genera autocensura en los medios.


Inventario y hegemonía. Aranguibel cree que “es una irresponsabilidad de la oposición cuando se habla de la hegemonía comunicacional. Más de 85% de los medios en Venezuela están en manos privadas, de modo que no se puede hablar de un control de todo el espectro por el Estado”. Su análisis se restringe al número de medios en manos de cada sector.

Cañizales recuerda que “la señal de Globovisión, por ejemplo, en el mejor de los casos sólo puede llegar a 50% de la población. No obstante, los programas de Radio Nacional cubren a toda Venezuela”. Considera que el mensaje de la oposición está “prácticamente silenciado en el interior del país y no parece haber oportunidad para que eso cambie”.

Señala que el músculo financiero del Gobierno es utilizado para quebrantar la línea editorial de algunos medios. “A muchas emisoras, sobre todo en la provincia, se les chantajea con la pauta en publicidad del Gobierno a cambio de no ser críticos”.

De acuerdo con cifras oficiales de Conatel, hay 244 radios comunitarias, 36 televisoras comunitarias y aproximadamente 120 periódicos comunitarios de un total de 400 medios. Bisbal los llama “medios del tercer sector”. “En muchos casos, varios de estos medios funcionan bajo un esquema de presión si no se manejan los contenidos que se orden de los niveles políticos altos, se niega la publicidad y demás recursos con los que subsisten”, afirma.

Advierte que hay un número difícil de determinar de emisoras clandestinas que en muchos casos transmiten mensajes a favor del Gobierno. “Sabemos que existen. También estamos claros que Conatel se hace la vista gorda con estas emisoras. Nosotros aplaudimos que se abran las comunicaciones a todos los sectores del país, pero vemos como un aspecto negativo que el Gobierno las mantenga controladas. Por eso los llamamos medios parapúblicos o paraestatales”, dice Bisbal.


Instrumentos de control

El estudio realizado por el investigador Marcelino Bisbal revela que existen siete instrumentos legales que inciden directamente y colocan en riesgo las comunicaciones independientes: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; la Ley sobre Responsabilidad de Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, además de las cinco leyes que sustenta el llamado Estado Comunal, que inciden sobre las comunicaciones comerciales (Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de las Comunas).

En esa investigación sobre el marco regulatorio de los medios se hace referencia a la reforma de marzo de 2005 del Código Penal: “Se amplía el alcance de las normas de protección del honor y la reputación de los funcionaros públicos contra la emisión de expresiones o informaciones críticas que puedan ser consideradas ofensivas”.

Bisbal asegura que estas disposiciones infligen directamente en normas internacionales sobre derechos humanos: “Las leyes contra los delitos de expresión son incompatibles con el libre debate, que es un elemento indispensable de las sociedades democráticas”, señala el documento.


Los casos

De acuerdo con el informe del Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela, desde finales de 2012 el diario Correo del Caroní, que circula en el estado Bolívar, hizo un seguimiento a supuestos casos de corrupción que involucran a altos directivos de Ferrominera –empresa estatal–, funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y empresarios locales.

El 23 de julio, un tribunal del estado ordenó una medida que impide a ese medio publicar más informaciones sobre Yamal Mustafá, que luego fue detenido por el Ministerio Público por presunta vinculación con los hechos de Ferrominera. El análisis del instituto asegura que con este tipo de medidas judiciales “se intenta disminuir las reacciones públicas de las denuncias de corrupción que han sido admitidas y procesadas por las autoridades ejecutivas y judiciales del país”.

En el estado Mérida, los periodistas Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM y Leonardo León, locutor de ULA 107.7 FM y corresponsal de El Nacional, fueron demandados por supuesta difamación. El gobernador de la entidad, Alexis Ramírez, acusó públicamente a ambos periodistas de desestabilización porque “difundieron denuncias en sus programas radiales sobre hechos de violencia que se registraron en la ciudad de Mérida en abril”, indica el documento.

Lo más reciente es la multa al diario El Nacional, impuesta por la juez tercera de juicio con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Betilde Araque, el jueves pasado por la publicación de un foto que mostraba el estado de la morgue de Bello Monte, publicada el 13 de agosto de 2010.

La juez determinó que la sanción será pagar 1% de los ingresos brutos del diario durante 2009, y adicionalmente le prohíbe publicar fotografías “de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”. La acción también afecta al diario Tal Cual porque también público la foto en respaldo a El Nacional.