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Gobierno duplicó en 4 meses la cifra del año con más detenciones en la historia

Antes de 2002 no era un patrón recurrente que los aprehendidos fueran sometidos a procesos penales, como ocurre ahora | Foto Omar Véliz / Archivo

Antes de 2002 no era un patrón recurrente que los aprehendidos fueran sometidos a procesos penales, como ocurre ahora | Foto Omar Véliz / Archivo

Se creó el Comité de Solidaridad por la Libertad de Presos Políticos, que ayer solicitó a la defensora del pueblo interceder por los estudiantes que han sido detenidos en varios estados, y se les prohíbe ver a familiares y abogados 

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Desde 2002 se construye andamiaje contra la protesta
Con 3.019 detenciones en solo cuatro meses, el gobierno de Nicolás Maduro duplicó la cifra del año con más detenciones arbitrarias a personas por protestar en Venezuela, que fue de octubre de 1989 a septiembre de 1990. Gobernaba Carlos Andrés Pérez, cuando se aprehendieron a 1.451 personas por manifestar.

La información corresponde al último informe en el que trabaja Provea: “La cantidad de procesados penalmente en estos cuatro meses también supera la cifra de procesados penalmente por protestar entre 2002 y 2013, que fueron 2.400”, señaló Inti Rodríguez, coordinador de medios de la organización.

Rodríguez advirtió que antes de 2002 no era un patrón recurrente que los aprehendidos fueran sometidos a procesos penales, como ocurre ahora.

Provea considera que la enorme cantidad de detenciones que luego terminan en procesos penales refleja la instrumentalización de la justicia para convertir en delitos derechos constitucionales como la protesta.

“Desde 2002 hasta la fecha se ha armado un andamiaje jurídico para restringir la posibilidad de protestar. Desde la Ley Orgánica de Seguridad Nacional que considera a 30% del país como zonas de seguridad en las que no se puede protestar, hasta la última sentencia del TSJ que proscribe el derecho a la manifestación pacífica”, señaló.

La organización también rechazó las detenciones de transeúntes que nada tienen que ver con las manifestaciones y de tres personas por repartir volantes.

Las ONG de derechos humanos han detectado más irregularidades en las detenciones: violaciones al debido proceso, detención e incomunicación de las personas por más de 48 horas, y que solo se permite el ingreso de abogados públicos en los primeros procesos con juicio, señaló Provea.

Otras irregularidades: los estudiantes han sido enviados a cárceles de alta peligrosidad, al llegar a los centros penitenciarios se les quita el cabello, por orden de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; los estudiantes son detenidos por las declaraciones de “patriotas cooperantes” o de “comandos antigolpes” en los estados. 

Exigen actuación de defensora
Alrededor de 120 personas y 11 ONG formaron el comité de solidaridad por la libertad de presos políticos que ayer solicitó a la defensora del pueblo intervenir por los estudiantes que han sido detenidos en varios estados, y se les prohíbe ver a familiares y abogados. 

Provea, el Foro Penal, UCAB, Defensores de la UCV y Alianza Sindical reclaman a María Gabriela Ramírez que interceda ante el gobierno para cese la violación de derechos humanos a quienes protestan en las calles, son detenidos y se les incomunica. 

Antonio Albarrán, padre de Dionis Albarrán, estudiante de Administración de la UCV, presa en el Sebin-El Helicoide, relató que llevan una semana sin ver ni hablar con la joven: “¿Por qué la detienen? Ella no es una delincuente; es una mujer que cree en la democracia y tiene derecho a un país mejor. Voté por Chávez cinco veces hasta que comprobé que iba muy mal, y no sabía en qué estaba mi hija, pero la apoyo. No es legal que se les prohíba a familiares ver a sus hijos”. 

El Comité de Libertad de Presos Políticos se reúne hoy a las 3:00 pm en la sede de la Fapucv, para ofrecerles asesorías a familiares de detenidos. El lunes 19 sostendrán una reunión en la UCV para definir una agenda de trabajo y elaborar un informe sobre los derechos humanos en el país, así como instalar capítulos del comité en Anzoátegui, Táchira, Zulia y Lara. Los que deseen participar o denunciar casos pueden comunicarse por el correo de Provea medios@derechos.org.ve, o a los teléfonos: 02128621011-6669.  

79 estudiantes
Los 79 jóvenes detenidos el miércoles el 14 de mayo en Altamira son estudiantes universitarios. Así lo confirmaron ayer antes de la audiencia de presentación los abogados voluntarios de las ONG que asumieron su defensa.

Aunque inicialmente la GNB detuvo a 105 personas, entre la noche del miércoles y madrugada del jueves dejaron en libertad a 11 menores de edad y a 15 muchachas.

Los abogados contactaron a los familiares de los 79 restantes para que consignaran las constancias de estudio, proceso que se extendió hasta ayer pasado el mediodía. Padres, compañeros de clase y profesores de los bachilleres se apostaron en las inmediaciones del palacio de Justicia en Caracas, para esperar el sorteo del tribunal (Juzgado 26 de Control), que se realizó cerca de las 4:00 de la tarde, y la respectiva audiencia de presentación.

El ambiente era de preocupación y de rechazo a la acción militar. “Desde que empezó el diálogo ha habido más represión”, dijo Lucía Betancourt mamá de Omar Cañizález.

María Elena Fernández, madre de otro detenido, condenó el atropello contra quienes creen en la protesta, lo que a su juicio evidencia que hay avance.

La GNB tomó las adyacencias del palacio de Justicia con tres ballenas, cercado de contención y funcionarios antimotín.

Al cierre de esta edición los abogados desconocían los delitos que la Fiscalía pretendía imputar a los estudiantes.


Las Cifras
160 investigaciones por violación de derechos humanos. Dos por homicidio, dos por tortura y 156 por trato cruel.
12 policías detenidos. 3 con medida cautelar y una orden de captura. 6 han sido acusados: 1 por homicidio y 5 por trato cruel. (Fuente: Fiscalía General)