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Gobierno aplica criminalización selectiva a medios y periodistas

Advierten que existe una política estatal de persecución

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Durante el gobierno de Hugo Chávez, aseguran expertos,  hubo limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo ahora, con Nicolás Maduro al frente de la Presidencia de la República, se ha agudizado la persecución: alcanza a  autoridades de medios, como es el caso de la demanda contra 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, así como a los ciudadanos.

“Estamos en presencia de un régimen de tolerancia represiva: ‘Te tolero en la medida en que no me resultes incómodo’. Criminaliza a los medios críticos que se meten con su gestión y transparentan lo mal que lo está haciendo, pero no lo hace en la medida en que se autocensuran”, señala Marcelino Bisbal, director del posgrado de Comunicación Social de la UCAB.

Advierte que en el país se ejerce “una criminalización selectiva” contra medios de comunicación y periodistas.

Marianengracia Chirinos, directora de libertades informativas de IPYS Venezuela, afirma: “En el gobierno de Maduro se han agudizado la criminalización y el discurso violento hacia el periodismo. Se abre un círculo de impunidad en la medida en que voceros del gobierno amenazan. Es muy grave en una sociedad democrática cuando un jefe de Estado o un alto funcionario promueve este tipo de discurso o comete la acción y expone a medios y a periodistas a acciones de otros grupos”.

Añade que entre las estrategias destacan la persecución penal y tributaria contra medios de comunicación independientes, así como situaciones alarmantes de seguimiento y vigilancia de periodistas.

Luisa Torrealba, coodinadora de IPYS e investigadora del Ininco, recuerda que algunos funcionarios han ejercido acciones penales contra medios que pueden implicar cárcel. “Esto atenta contra la normativas internacionales de los derechos humanos según las cuales no puede haber sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión, pero sí una responsabilidad ulterior que podría generar multas y establecer censura previa”, indica.

Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, considera que existe “una política estatal de la persecución a los medios” que se afianza en elementos como la omisión de la Fiscalía a investigar los ataques a la libertad de expresión, los dictámenes judiciales “que aplican estándares que convienen al poder” y la negativa de la Asamblea Nacional a debatir sobre agresiones a periodistas, pero dispuesta a analizar y cuestionar la agenda mediática.

Los expertos manifiestan preocupación por la tendencia a responsabilizar a los comunicadores de las opiniones de la fuente. Chirinos destaca que “se está instaurando una sociedad de miedo en la que cada vez es más difícil denunciar los hechos. Esto se siente como periodista y como ciudadano”.
Coinciden en que la intimidación gubernamental ocasiona inhibición y autocensura que alcanza a las fuentes informativas. “La libertad de comunicar es hoy un concepto complejo, concurren en él cinco formas de la libertad: de código, de canal, de fuente, de contenidos y de públicos. La sociedad venezolana no disfruta a plenitud ninguna de estas libertades”, puntualiza Antonio Pasquali.
 
Freno digital. Bisbal explica que otro aspecto recurrente ha sido el uso de medios del Estado para criminalizar a periodistas y a medios independientes, así como los ataques a la reputación de reporteros. A este patrón suma el control de llamadas telefónicas y la intercepción de correos electrónicos.
Refiere que los ataques se han extendido a la plataforma web. Considera que esto ha sido propiciado por el hecho de que cerca de 90% del nodo de Internet proviene de Cantv.

“Un informe de Reporteros sin Fronteras de 2014 revela que Venezuela fue uno de los países que compró un software especial para el espionaje del mundo digital; desde marzo de 2014 hasta marzo de este año se cerraron alrededor de 1.590 páginas web. Estamos ante un régimen de corte autoritario y totalitario”, señala.

Bisbal coincide con Chirinos, Torrealba,  Correa y Pasquali en que Conatel ha sido empleado por el gobierno como organismo de control político de medios y periodistas.

Entre enero de 2013 y mayo de este año IPYS Venezuela monitoreó 65 cuentas de instituciones públicas en Twitter que son usadas para el proselitismo político.
Destacan que Conatel intimida con amenazas frecuentes de multa, cierre temporal o no renovación de concesiones. “Se ha persistido en la estrategia absolutamente ineficaz de reforzar los medios gubernamentales y constreñir a la autocensura a aquellos que se empeñan en ejercer su derecho a la libre expresión. Su obra de sofocamiento de la disidencia se vuelve más vistosa en la medida en que llega a lo poco que queda de libre comunicación”, expresa Pasquali.

Leyes y organismos controladores
Marcelino Bisbal, director del posgrado de Comunicación Social de la UCAB, señala que el legado comunicacional de Hugo Chávez a Nicolás Maduro incluye disposiciones restrictivas como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que fue modificada para incluir a los medios electrónicos.

Mariengracia Chirinos y Luisa Torrealba del IPYS Venezuela, afirman que se ha ampliado el control a la libertad de expresión a través de la creación de organismos como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, con un reglamento de contenido para canales tecnológicos; la Red Patria y la Dirección Conjunta de Ciberdefensa de la FANB, que otorga a un órgano militar el seguimiento y control de Internet.

Cuestionan la presión que se ejerce con el papel para medios impresos. Torrealba advierte sobre la inconstitucionalidad de que haya una empresa monopólica, la Corporación Alfredo Maneiro, para proveer de insumos a los periódicos. Con la medida, varios rotativos regionales han cerrado y otros  redujeron personal y paginación.
Otra estrategia es la compra de medios de comunicación a través de funcionarios del gobierno o testaferros. Hasta ahora IPYS Venezuela registra el cambio de propiedad en 25 medios.

Cifra

294  casos de violaciones de la libertad de expresión, sobre  todo en Caracas  y en los estados Táchira, Aragua, Monagas, Carabobo y Zulia, registró IPYS Venezuela hasta el 25 de septiembre pasado