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Gobierno parte con ventaja con el Día de la lealtad a Hugo Chávez

Las campañas electorales previas se han caracterizado por la presencia de puntos rojos / José Pacheco

Las campañas electorales previas se han caracterizado por la presencia de puntos rojos / José Pacheco

El decreto 541 viola los principios de igualdad en las campañas, en el acceso a los medios y la pluralidad política establecidos en la Constitución

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Uno de los bandos inició la campaña con 1.000 metros de ventaja. El gobierno se aseguró con el decreto 541, que establece el 8-D como el “Día de la Lealtad a Hugo Chávez”, incidir en el desarrollo de la elección con actos en plazas, y probablemente, con una emotiva cadena de radio y televisión para recordar al difunto presidente, afirmó el abogado constitucionalista Juan José Del Pino.

Una de las premisas por las cuales debe regirse una elección es la igualdad de todos los participantes en la contienda y en el acceso a los medios de comunicación, como establece el artículo 72 de la Ley de Procesos Electorales.

Pero el decreto viola la Constitución y la Ley de Procesos Electorales y su reglamento en varios artículos, explicó Del Pino, quien también es docente de la Universidad Central de Venezuela.

Adujo que el referido decreto viola la garantía de equidad y el pluralismo político establecidos en la carta magna, pues se van a invertir recursos financieros en actos políticos que van a tener influencia en un día electoral.

“Esto es una estrategia electoral porque el oficialismo necesita la figura de Chávez y recurre a la última vez que le habló al país, que fue el 8 de diciembre de hace un año. El decreto es efectivo el día de la elección y el gobierno ha dicho que ese día, por gratitud a Chávez, hay que ganar las elecciones; que es un asunto de solidaridad con la revolución”, dijo.

El decreto desdibuja el artículo 72 de la ley electoral que fija las bases sobre las cuales debe desarrollarse cualquier campaña: igualdad de los participantes en el proceso; igualdad de acceso a los medios de comunicación social; comunicación e información libre, diversa, plural, veraz y oportuna, y respeto por las diferentes ideas y la promoción de la tolerancia, la transparencia, la convivencia pacífica, el pluralismo político, la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

Explicó que lo lógico sería pedir la nulidad del decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues el Poder Electoral no tiene facultadas para anularlo. Sin embargo, sí debe vigilar que en el cumplimiento de ese decreto no se usen recursos del Estado ni se haga propaganda electoral durante la elección.

Recordó que el artículo 131 de la Lopre prohíbe la realización de reuniones o de espectáculos públicos con veinticuatro horas de antelación al acto de votación y con posterioridad al mismo, para evitar la tensión en los comicios.

“Por eso es que los últimos días no hay campaña. El elector requiere de tranquilidad para pensar su voto y con un decreto de esta naturaleza, con actos y eventos, se corre el peligro de alterar la paz social”, alertó.

Otra visión tiene Jesús Silva, abogado constitucionalista y docente de la UCV, quien dejó en claro que mientras los actos conmemorativos para recordar a Chávez tengan carácter de Estado y no sean proselitistas no se viola ninguna norma electoral.

“Se va a recordar la última alocución de quien fue el presidente de todos los venezolanos. Institucionalmente, la conmemoración está justificada. No hay una norma en la Lopre que colida con procesos electorales y una conmemoración de Estado”, argumentó.

Influir en la votación

Vicente Díaz, rector del Consejo Nacional Electoral, denunció que “el Día de la lealtad a Hugo Chávez” es un “grosero acto de ventajismo electoral”. Exhortó a sus colegas de directorio a aprobar un exhorto al Ejecutivo para que suspenda su aplicación.

El funcionario cuestionó además el uso de la imagen del fallecido presidente, la alusión a su memoria y a la lealtad de sus seguidores en un día electoral.

Vicente Bello, miembro del equipo técnico-electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó que el decreto solo tiene un objetivo: influir en los resultados del 8-D.

“No se trata de que conmemoren la última cadena de Chávez, quieren interferir en el proceso de votación. El oficialismo está dividido porque no creen en el presidente Nicolás Maduro. En el chavismo no hay un jefe único sino varios grupos de poder”, explicó.

Destacó que los candidatos del PSUV tienen aspirantes aliados disidentes en 48% de los municipios (157 alcaldías) y necesitan una figura que amalgame el descontento chavista. Por eso los contendores dicen que son candidatos de Chávez y no de Maduro, porque el lastre del presidente, a su juicio, los hunde.

“Un acto en cadena nacional con Maduro llamando a los activistas del chavismo a rendirle honor a Chávez es un llamado a votar por los candidatos del PSUV, para minimizar la fuga de votación que se refleja en los múltiples candidatos”, puntualizó.

Todos protestan

· El secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, exigió al Poder Electoral vigilar que el 8-D no se realicen actos con intencionalidad política. “La creación ad hoc de una fecha oficial nueva -y con esa denominación- una vez fijado el acto electoral denota una clarísima intencionalidad politico-partidista, así como otro acto de desviación de poder al utilizarlo con fines distintos a los constitucionales”.

·  La ONG Ciudadanía Activa reclamó al CNE que “en estricto apego al mandato constitucional establecido en el artículo 293 de la carta magna, tiene la responsabilidad y el compromiso de corregir a tiempo esta amenaza a la pluralidad, a la libertad de elección y al orden público el día de las elecciones”.

· El Observatorio Electoral Venezolano alertó ante el riesgo de que los actos conmemorativos a Chávez se transformen en actividades con un fuerte contenido de proselitismo electoral para los candidatos apoyados por el Ejecutivo. Cuestionó la designación del vicepresidente de la República, Elías Jaua, como encargado de la ejecución del decreto, pues las actividades serán financiadas por el erario público.

· Súmate exhortó a los rectores principales del CNE a solicitar la derogatoria del decreto 541 por violar “flagrantemente las normas electorales”, pues en un día electoral no se puede realizar ningún tipo de actos o reuniones que perturben el desarrollo de la elección.

RECURSOS

Artículo 131 de la Lopre: “Está prohibida la celebración de reuniones o espectáculos públicos con veinticuatro horas de antelación al acto de votación y con posterioridad al mismo”.

Artículo 2 de la Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.