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“Gobierno usa Arco Minero para buscar recursos”

Denuncian que funcionarios y dirigentes del PSUV y MUD participan en el negocio de minerales

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La Plataforma en Defensa de la Constitución, integrada por chavistas disidentes y dirigentes de izquierda, pedirá al gobierno que anule el decreto del Arco Minero por las consecuencias ambientales que tendría la explotación en el estado Bolívar.

“Ese decreto viola la Constitución porque se ignoró el estudio de impacto ambiental y la consulta pública. El gobierno busca recursos para atender la crisis a costa de la vida de pueblos indígenas, de otros venezolanos y del río Orinoco”, advirtió el mayor general retirado, Cliver Alcalá Cordones, junto con ex ministros de Hugo Chávez, Marea Socialista e individualidades que forman parte de la plataforma que solicitó en el Tribunal Supremo de Justicia que derogue el decreto, firmado por el presidente Nicolás Maduro.

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del TSJ admitió la demanda del oficial retirado, Gustavo Márquez, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y Freddy Gutiérrez, entre otros, el 21 de junio. El 28 de ese mes informó a los denunciantes y al gobierno que venía la audiencia de juicio, cuya fecha no ha sido fijada.

Medio país afectado. El Arco Minero implica la explotación de 111.543,70 km² del estado Bolívar.

“Representa 52% del territorio, donde vive 6% de la población. La minería legal e ilegal usa mercurio, lo que afecta a las etnias indígenas, los ríos y el futuro del país. La minería de alta escala, legal, usa ácido sulfúrico que contamina el agua, así que ese decreto es un suicidio para el país”, alertó Alcalá Cordones.

El ex embajador Gustavo Márquez señaló que el gobierno violó la Constitución con el decreto, pues no se consultó a las comunidades indígenas, a los habitantes de Bolívar, sobre la explotación minera; y, además, se instaura un estado de excepción por cuanto están prohibidas las protestas en la zona.

“El daño ambiental sería irreversible, dado que se trata de una explotación irracional, que afectaría los afluentes del río Orinoco y, con ello la generación hidroeléctrica”, alertó Márquez.

Ana Elisa Osorio denunció que el Banco Central de Venezuela suscribió 150 contratos con compañías privadas para sacar oro y coltán.

Aunque no mencionó nombres, Cliver Alcalá acusó a funcionarios del gobierno y dirigentes del PSUV de estar detrás del Arco Minero. “En ese negocio hay hasta gente de la oposición. Que asuman su responsabilidad. Todo aquel que avala el decreto es porque tiene sus intereses”.