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Gaby Arenas de Meneses: “Solo los delincuentes ganan con canje de armas por dinero”

La dirección de la Fundación TAAP considera que el desarme tiene que ser absoluto, pues no se pueden eliminar los permisos de porte de armas a particulares mientras los colectivos oficialistas siguen apertrechados

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Ficha personal

Comunicadora social

Presidente de la Fundación TAAP

Investigadora en materia de seguridad ciudadana


Venezolana de Televisión se encargó de transmitir las imágenes del viceministro del Interior y Justicia, José Vicente Rangel Ávalos, al lado de delincuentes que recibieron de sus manos incentivos económicos a cambio de entregar sus armas. Para Gaby Arenas de Meneses, presidente de la Fundación Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento, se trata del registro público de la confesión de uno de los más graves errores en que incurre el Estado al tratar de afrontar la crisis de inseguridad ciudadana con mecanismos fracasados.

“No hay ningún país del mundo donde haya funcionado dar dinero a los delincuentes por la entrega de sus armas. Por el contrario, solo los delincuentes ganan con el canje de armas por dinero: confirman que la delincuencia es rentable y que el desarme surge como una nueva oportunidad para continuar delinquiendo; esta vez a través de un fraude al Estado, muy fácil de cometer porque es promovido por el mismo Estado”, advierte la comunicadora social, que participó en las investigaciones emprendidas desde la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

—¿Cómo se explica que el gobierno trate de negociar con el hampa?

—La forma como lo ha hecho revela que el gobierno improvisa con la seguridad ciudadana y, al hacerlo, improvisa con la vida de la gente. En las investigaciones que hicimos para la Comisión Desarme está incluido el caso de Brasil. Allí se emprendió un proyecto piloto de desarme voluntario en una comunidad pequeña de Río de Janeiro. A los delincuentes se les entregó dinero y ocurrió lo mismo que está ocurriendo en Venezuela: los delincuentes entregaron las armas más viejas y con el dinero que recibieron compraron más y mejores armas.  Luego de esto, se intentó entregar un incentivo que no fuese dinero: becas de estudio o viviendas en otras comunidades, incluso computadoras en caso de delitos menores, y dio mejores resultados. Además, esa iniciativa contó con el respaldo de la ONG Viva Río, que se encargó de mediar entre los delincuentes y el Estado.

—¿Por qué usted afirma que en Venezuela está ocurriendo lo mismo que en Brasil?

—Lo vivimos y lo documentamos en las llamadas zonas de paz que ha implementado el gobierno en Barlovento. En la Fundación TAAP trabajamos con comunidades afectadas por la violencia y en este caso recibimos las denuncias de personas de los sectores Quilombo, Cumbo, Las Delicias y Las Maravillas. Tuvieron que abandonar sus casas, porque después de que el gobierno entregó dinero a los delincuentes a cambio de armas la criminalidad aumentó. El trato era que los delincuentes se iban a encargar de cortar monte en algunos espacios públicos, pero lo que hicieron fue comprar más armas, municiones y hasta vehículos 4x4.

—¿En qué consiste la intervención de la Fundación TAAP en las zonas de paz de Barlovento?

—Trabajamos con las familias. Hay que hacerle entender a la madre de un delincuente que es poco lo que gana si no lo denuncia; que, a lo sumo, lo estará custodiando hasta que se lo maten. Esa madre también necesita saber qué han hecho otras como ella para rescatar a sus hijos de la delincuencia. También trabajamos con los maestros, que en Venezuela son o pueden ser verdaderos líderes comunitarios.

—El ministro Miguel Rodríguez Torres anunció la posibilidad de eliminar los permisos de portes de armas a particulares.

—El desarme tiene que ser absoluto. No solo basta eliminar los portes de armas. El Estado tiene bajo su control la venta de armas y municiones, y tiene que dejar de hacerlo en forma definitiva. Cualquiera puede adquirir un arma en forma legal sin mayor inconveniente, pero no hay controles suficientes y esas armas puedan llegar a manos de la delincuencia. Las armas involucradas en delitos deben estar bajo custodia del Ministerio Público, pero en esa institución no existe ni siquiera una bóveda para tales fines. Hemos sabido de casos de armas que estaban guardadas en las gavetas de los fiscales y aparecen involucradas en otros delitos. Después de la crisis penitenciaria de El Rodeo quedó a la vista de todos que son los guardias nacionales los principales promotores y beneficiarios de la venta y tráfico de armas y municiones en las cárceles. Cualquier  iniciativa contra el hampa se diluirá si se siguen vendiendo armas y municiones. En un barrio, una bala se puede conseguir al precio de un chicle. Pero el desarme requiere legitimidad y acciones concretas y viables de parte de los promotores. Nadie va a entregar su arma al Estado si el Estado no le garantiza mayor seguridad.

—¿Por qué el trabajo de la Comisión Desarme no dio los resultados esperados?

—Porque la mayoría de las investigaciones indicaban que lo primero que debe hacer el gobierno es admitir su responsabilidad por el auge de la criminalidad, responsabilidad que fue reiteradamente negada durante los diez primeros años del mandato de Chávez. Y lo segundo, divulgar con el mayor nivel de detalle toda la información sobre las características de la delincuencia en el país. El gobierno, generalmente por motivos políticos electorales, ha preferido no asumir los costos del aumento de la delincuencia.  Todo lo que se pudo hacer a partir del acopio de información que logró la Comisión Desarme se frustró con la creación de la Misión a Toda Vida Venezuela y la primacía de consideraciones políticas en el abordaje de la violencia en el país.

—¿Qué hacer con los colectivos armados afectos al oficialismo?

—Por más apoyo que tengan del oficialismo, estos grupos delictivos no pueden quedar al margen de un desarme que pretenda ser efectivo. No bastan actos simbólicos. En estos casos hay indicios de delincuencia organizada, por lo cual estos grupos deben ser neutralizados e investigados. Lo mismo ocurre con las armas que se han entregado a los milicianos, a pesar de que tienen suficiente preparación para hacer un uso adecuado de ellas. Esas armas están en la calle y también deben recogerse.