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Funpaz advierte sobre la represión como política de Estado en 2014

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La Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz) presentó este jueves su informe titulado “2014 el año de represión como política de Estado en Venezuela”, en el que se detallan irregularidades con información de denunciantes, familiares, testimonios presenciales, reportes de prensa e informes presentados por ONG, entre ellas Provea.

La respuesta represiva del Estado, que habría comenzado a expresarse en abril de 2013, con nuevos patrones de violación de derechos humanos motivó la elaboración del texto, en el que se detallan las 13 prácticas más comunes contra manifestantes en el país: Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos paramilitares; uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes; práctica de torturas y amenazas de abusos sexuales a manifestantes y  detenciones arbitrarias.

También hay allanamientos sin orden judicial, criminalización de la protesta, ataques a manifestantes durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión, fuertes operativos de la fuerza pública y paramilitar realizados después de las 6:00 pm, agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones, persecución a dirigentes de partidos de oposición, persecución a líderes sociales y estudiantiles, además de amenazas y persecuciones a miembros de ONG.

            Se reporta un ensañamiento contra la población civil por parte de organismos de seguridad del estado: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ejército Bolivariano de Venezuela (EBV), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Regional de Estado Lara (Polilara), Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y grupos de civiles armados no identificados (colectivos paramilitares).

Funpaz registró protestas diarias y continuas desde el 12 de febrero de 2014 hasta el 24 de julio, y esporádicas hasta el 12 de septiembre de ese año.

Se determinó un promedio de 12 manifestaciones diarias en distintas partes del país, para un total de 4.000 en Venezuela durante 2012, cifras que aumentaron en 2013 y se multiplicaron en 2014, principalmente, por la falta de respuesta efectiva por parte de entes del Estado.

En todo el país más de 3.000 personas deben presentarse periódicamente en los tribunales debido a medidas dictadas por la Fiscalía y jueces por manifestar públicamente. En el caso de Lara, hasta el cierre del informe permanecen ocho civiles detenidos en los calabozos de la policía regional del estado Lara y seis con medida de arresto domiciliario, entre ellos María Elena Uzcátegui de 56 años, a quien luego de permanecer tres meses en los calabozos del anexo femenino del centro de reclusión David Viloria conocido como “Uribana” le fue otorgada la medida de arresto domiciliario. La misma figura fue otorgada a los estudiantes: Enmanuel Palacios, Eddie Peña, Alexis Torres, Juan Daniel Leo y Douglas Medina el 7 de mayo de 2014.

La ONG recibió reportes del asedio a urbanizaciones y conjunto residenciales por parte de funcionarios de la GNB, entre ellas las residencias: Las Doñas, Centro Metropolitano Javier, Tau, Los Alamos, Los Girasoles, Fundalara, Patarata, Club Hípico Las Trinitarias, Río Lama, Los Cardones, Valle Hondo, Las Mercedes, Tierra del Sol, entre otras.Aunado, la violación de la autonomía universitaria a la Universidad Fermín Toro (UFT), Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo).

Se observa la reiterativa tendencia de imputar genéricamente delitos para determinar la aprehensión de un individuo: intimidación pública, instigación pública a la violencia y resistencia a la autoridad. En algunos casos se le imputan otros como asociación para delinquir. La situación no siempre amerita una aprehensión en flagrancia, pues el 34 % de los detenidos manifiesta no haber estado involucrado en las protestas o argumenta que para el momento en que se pudo haber desencadenado disturbios, ya se había retirado de la zona.

Se detalla que, desde el mes de abril del año 2013 a la presente fecha, los detenidos que han sido aprehendidos por manifestaciones, y han sido trasladados a una sede de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana o del Ejercito Nacional Bolivariano, se les ha negado la comunicación con familiares o abogados, así como no se ha permitido el ingreso de los integrantes de la ONG al sitio de detención, quienes además objetan que el lugar de reclusión de los manifestantes sean instalaciones militares.

A ello, se suman los casos de maltrato, tortura y sometimiento a tratos inhumanos, crueles y degradantes a detenidos y los reportes del empleo de armas de fuego por parte de funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad GNB, PNB, Polilara, Ejército y colectivos paramilitares contraciviles que se encontraban en los sitios de mayor incidencia de realización de laprotesta.

En el informe se concluye que, en 2014 la actuación del Estado Venezolano para restituir el orden público se caracterizó por un uso desproporcional de la fuerza empleando armas de fuego, bombas lacrimógenas en uso excesivo lanzándolas incluso dentro de residencias y maltrato a las personas que son detenidas. “Comprendemos el deber del Estado de actuar ante hechos de violencia, sin embargo, existen normas internacionales y nacionales que establecen cómo se debe proceder sin generar violaciones a los derechos humanos”.