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Foro Penal prepara más denuncias de detenciones arbitrarias ante la ONU

Alfredo Romero, director general del Foro Penal Venezolano | Foto: Cortesía

Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano | Foto: Cortesía

La ONG aspira a formalizar los reclamos al cabo de un mes para obtener respuestas antes de que finalice 2014 

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“Es cuestión de tiempo”, dice el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, al comentar el curso de los aproximadamente 400 casos de personas detenidas por protestar que han sido reportados ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

Romero explicó que la ONU ha acusado recibo y ha solicitado información sobre cada caso en específico. “Y en eso estamos –indicó el abogado– detallando las circunstancias de cada detención para ajustarlas a los criterios establecidos por Naciones Unidas. Es un trabajo minucioso que requiere de esfuerzo y dedicación. Por eso digo que es cuestión de tiempo”.

Sin embargo, la ONG aspira a formalizar un primer grupo de denuncias al cabo de un mes. Romero prefirió no comprometerse a adelantar un número, pero nombró como caso emblemático la detención masiva de 243 estudiantes instalados en los campamentos que fueron desmantelados mediante operaciones militares el 8 de mayo en la madrugada. “En esa oportunidad, tal como lo admitió el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, no hubo órdenes de detención ni se cumplieron los requisitos establecidos para la flagrancia con estricto apego a las leyes”, recordó.  La actuación de los cuerpos de seguridad fue indiscriminada, por lo cual la relación de hechos y los argumentos de Derecho se repetirían para cada uno de los detenidos.

“Pero también tenemos casos muy particulares como el del abogado Marcelo Crovato, que fue detenido cuando asistía a una persona durante un allanamiento; o el del estudiante tachirense Carlos Villamizar, detenido el 6 de octubre y que también habría sido víctima de torturas”, agregó.

Tal como lo plantea Romero, el Estado venezolano deberá rendir muchas más cuentas a la ONU y su resistencia al escrutinio internacional no se limitará al rechazo de los dos más recientes dictámenes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a favor de los líderes de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos.

A falta de OEA, ONU. Luego de que en septiembre de 2012 el Estado denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los venezolanos han comenzado a buscar tutela jurídica  internacional en la ONU. Difícilmente el gobierno pudiera señalar que el sistema universal está controlado por el imperio estadounidense, como reiteradamente alegó contra la comisión y la corte interamericanas.

Desde el año pasado Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora pretende ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el canciller Rafael Ramírez rechazó airadamente el dictamen a favor de Leopoldo López, al señalar que la ONU se está inmiscuyendo en asuntos internos de Venezuela.

Al respecto el ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Román Duque Corredor advirtió que “en materia de derechos humanos la soberanía nacional no sirve como excusa y el gobierno venezolano queda al descubierto como una autocracia, cada vez más cercana a una dictadura clásica”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es uno de los diversos mecanismos del sistema de protección de Naciones Unidas. Está integrado por siete expertos independientes. Aunque se reúne tres veces al año, dispone de una secretaría permanente para tratar casos urgentes.  

El ex presidente de la CIDH Carlos Ayala Corao destaca que es relativamente fácil acceder a ese mecanismo de protección: no se requiere agotar los recursos del ordenamiento interno y los plazos para obtener una respuesta son reducidos. Por ejemplo, los casos de López y Ceballos fueron aprobados en agosto.

“La fortaleza de este grupo de trabajo radica en su imparcialidad. Igual ha decido a favor de dos de los llamados cinco héroes cubanos detenidos por presunto espionaje en Estados Unidos y del cacique yukpa Sabino Romero, como a favor del empresario Eligio Cedeño y la jueza María Lourdes Afiuni. Además, en todos los casos se solicita y toma en cuenta la versión del Estado denunciado”, indicó Ayala Corao.

El jurista recuerda que la tutela jurídica internacional es un derecho consagrado en la Constitución. En su opinión, el desacato a una recomendación de la ONU es equivalente al desacato por el cual el TSJ destituyó y encarceló a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos.


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casos de tortura ha documentado el Foro Penal Venezolano y formalizará las respectivas denuncias ante la ONU en noviembre próximo. En más de 80 casos se cuenta con el testimonio de las propias víctimas.




elopez@el-nacional.com