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Fiscalización con PSUV forma parte del plan electoral para 2015

La militancia y la dirigencia del PSUV participan en cursos sobre supervisión de comercios públicos y privados | Foto Twitter Robert Serra

La militancia y la dirigencia del PSUV participan en cursos sobre supervisión de comercios públicos y privados | Foto Twitter Robert Serra

Luis Salamanca alertó que con el empleo de las UBCH se solapan las estructuras gubernamentales, partidistas y militares

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La activación del plan de fiscalización popular para combatir el desasbastecimiento, la escasez y la presunta “guerra económica” tiene un fin electoral de cara a los comicios parlamentarios de 2015. En esto coinciden el politólogo Luis Salamanca y el diputado Abelardo Díaz (Copei), quienes creen que la estrategia busca elevar la popularidad del gobierno y del presidente Nicolás Maduro como ocurrió con el “dakazo” de 2013.              

Salamanca cuestionó que se apele a la burocracia para frenar la especulación, mediante varios participantes para la supervisión, y que se repita la estrategia tradicionalmente empleada por la Guardia Nacional Bolivariana y la  Superintendencia de Precios Justos sin resultados efectivos. A su juicio, el problema es la desarticulación de la economía. “Maduro actúa por la vía del autoritarismo para contener la crisis económica y social. Políticamente busca vender la imagen de que el gobierno combate la guerra económica, con el objetivo de hacer un reacomodo político de los electores, producto de la crisis y de cara a las elecciones parlamentarias. Buscan evitar que siga descarrilándose el voto chavista y que se produzca un deslave hacia la abstención”, dijo.

El analista consideró que el gobierno trabaja en la reconexión con las bases partidistas. Señaló que con el empleo de las UBCH en la fiscalización se solapan las estructuras del gobierno, con las partidistas y las militares.

Reconquistar los niveles de apoyo mediante esta medida, considerada populista, sería una meta importante para el gobierno, señaló Abelardo Díaz. Recordó como la estrategia de precios justos durante 22 días cambió el escenario para el gobierno en las elecciones municipales de diciembre pasado. Díaz consideró peligroso que los fiscales populares, como ocurrió en Lara, decomisen productos porque carecen de conocimientos y sus acciones estarán impregnadas de “criterios políticos e ideológicos, basados en la creencia de que quien ha conquistado algo es malo y los pobres quieren quitárselo”.

PSUV busca derrota electoral. Ayer, en la reunión de fiscales de la Sundee e “inspectores populares” con el diputado del PSUV, Robert Serra, quedó en evidencia el plan político.

“Vamos a dos nuevas victorias. La primera, el combate contra la guerra económica. La segunda, ganar la Asamblea Nacional como espacio de paz porque si la oposición llega querrá actuar contra el presidente Nicolás Maduro. Y, tercero, derrotar a la derecha loca, violenta. Vamos a la calle a mantener y construir la mayoría, y a hacer lo que haya que hacer en estos tres escenarios. Vamos a derrotar electoralmente a la derecha”, emplazó Serra a militantes del circuito 2 de Caracas, integrado por cuatro parroquias, que lo acompañarán en la misión de supervisar, fiscalizar y sancionar a comerciantes que incurran en delitos.

A partir de la próxima semana, se formarán 1.800 “inspectores populares” que acompañarán a los fiscales de Sundee que supervisarán comercios en Caracas. Solo en el circuito mencionado intervendrán 264, distribuidos así: 110 en el 23 de Enero, 34 en Altagracia, 24 en Santa Teresa y 14 en Catedral. “Todos son de las UBCH. Son chavistas y trabajamos en dos direcciones: en lo territorial donde existen las unidades y en la formación, para tener una vanguardia que combata la corrupción, al acaparador, así se vista de rojo”, dijo Serra.

La orden es que los inspectores populares efectúen un registro de comercios, Pdval, Mercal y mercados municipales de las zonas, que entregará a la Sundee: “Los inspectores solo vigilan, pero corresponde a los fiscales de Sundee hacer lo conducente, como establece la ley”.

Al preguntársele el porqué se partidiza una función del Estado, como es vigilar y sancionar irregularidades, negó que exista esa intención: “Es acercar el PSUV al pueblo. La tarea no es solo del Estado; es de todos, de la familia, de los valores, de la vanguardia del PSUV”.


Sundee ordena abrir cajas cerradas
“Donde ustedes vean un supermercado con cola y que tenga las cajas cerradas, ciudadanos fiscales conjuntamente con sus inspectores, que son del pueblo organizado, tomen ese supermercado y abran todas las cajas para el pueblo”.

El superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, dio la orden con un fin: “No hay necesidad de estar haciendo cola”. 

La Sundee organiza 516 “círculos de lucha cívico-militares” en todo el país para ganar lo que llama “guerra económica”. “¿Querían guerra? Está bien, ahora el pueblo organizado va contra el contrabandista, va contra el especulador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el círculo de lucha”, afirmó Méndez en al acto de juramentación de inspectores populares en Trujillo.

En total, unos 1.238 inspectores en el estado andino para aplicar la Ley de Precios Justos, pero en todo el territorio nacional serán 27.000 militantes.

Auditan, vigilan y sancionan
Los fiscales de la Sundee y los inspectores populares tendrían funciones distintas, según el gobierno.

A los primeros les corresponde supervisar y sancionar. A los segundos, explicó Andrés Eloy Méndez, hacer un inventario de los comercios formales e informales y pasar el reporte al fiscal y al jefe militar para que apliquen la Ley Orgánica de Precios Justos, vigente desde febrero de 2014.

“Si se comprueba acaparamiento, usted, señor comerciante, va preso”, advirtió la fiscal de Sundee, Milinet Osorio (Parroquia Santa Teresa), en una reunión con la dirigencia del PSUV, quien informó que encontraron 4 toneladas de alimento en un rancho “sucio” en Altagracia.

El ministro para la Alimentación, Yván Bello, dijo que las UBCH formarán parte de los comités promotores de alimentación y defensa al consumidor, que supervisarán los puntos de distribución de la Misión Alimentación.

Bello explicó que los fiscales populares auditarán, inspeccionarán y supervisarán el funcionamiento, la distribución, existencia y cumplimiento de la red pública de alimentos (Pdval, Mercal, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela y Fundaproal), así como controlar la lista de precios.