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Fiscalía se abstiene de informar sobre denuncias del 14A

En Terrazas del Ávila la gente salió a las calles a protestar contra el resultado de las elecciones del pasado 14 de abril | Leonardo Bobbio

En Terrazas del Ávila la gente salió a las calles a protestar contra el resultado de las elecciones del pasado 14 de abril | Leonardo Bobbio

Existen expedientes por agresiones en Guárico y Amazonas. Se desconocen los resultados del operativo que desplegó o si abrió investigaciones de oficio ante los testimonios de violencia

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Se diseñó un operativo especial y se desplegaron 2.042  fiscales en todo el país para recibir denuncias sobre delitos electorales o  relacionados con los comicios del 14 de abril. La fiscal general, Luisa Ortega  Díaz, anunció que la línea telefónica del Ministerio Público, 0800-FISCA-00,  estaría activa ese día, con personal de guardia para atender los llamados de  la ciudadanía. Sin embargo, los resultados del plan de la Fiscalía para las  elecciones no han sido presentados formalmente. No se sabe con precisión cuántas investigaciones abrió el órgano por ilícitos cometidos durante esa jornada  y cuál es el estatus de las diligencias relacionadas con esos  expedientes.

La elección del mes pasado, cuestionada por la oposición  por el estrecho margen de 1,49% de los votos con los que venció Nicolás Maduro,  fue impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entre los principales alegatos de la Mesa de la Unidad Democrática y  su candidato, Henrique Capriles, están las denuncias de fraude, cohecho y  violencia, establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales como  motivos para declarar la nulidad del proceso.

Casi al mediodía del 14 de abril, Ortega precisó a los  medios que hasta ese momento sólo se habían reportado tres delitos: en Trujillo una persona rompió una boleta electoral, en Vargas un hombre escondió un acta  constitutiva de las mesas y en  Caracas un elector entró a un colegio con un arma de fuego. 

“Vamos a mantener la calma, la tranquilidad. No vamos a  empañar el proceso electoral que se está desarrollando con mucha tranquilidad”,  respondió la fiscal cuando le preguntaron sobre la actuación de los motorizados,  una denuncia recurrente de la oposición durante la jornada. Desde entonces, poco más han agregado los voceros del organismo. Un punto sobre  el que no se ha informado oficialmente es si la Fiscalía comenzó averiguaciones de oficio por las declaraciones de electores y de testigos que  señalaron que el 14Al hubo personas que no acataron la prohibición de  porte y utilización de armas de fuego. Otros señalamientos se relacionan con la supuesta organización de operaciones colectivas de amedrentamiento con grupos de  motorizados y con el abuso deliberado del voto asistido para coaccionar a  electores.

Coordinadores electorales del Comando Simón Bolívar,  miembros y testigos de mesa de varios estados señalaron que las oficinas  locales del Ministerio Público estuvieron activas con fiscales de guardia,  quienes levantaron los casos que se presentaron. Voluntarios indican que los funcionarios atendieron las denuncias pero no les han dado seguimiento. En algunas ocasiones, indicaron, la línea 0-800FISCA-00 no respondía.
Desatendidos. Al menos en Amazonas y Guárico llegaron a  manos de los funcionarios del Ministerio Público casos de violencia. En  la Fiscalía  Primera de la Circunscripción del Estado  Amazonas reposa, con el número F(2)-1602-2013, la denuncia de tres indígenas que  resultaron heridos en el Centro Móvil Gavilán, en Puerto Ayacucho. Las máquinas  electorales no funcionaron y tras cuatro reemplazos los técnicos del CNE  instalaron un quinto equipo cerca de la 1:00 pm. Los electores les solicitaron  mantenerse en el lugar por si el dispositivo volvía a fallar, pero ignoraron la  petición. “Los indígenas tomaron las motos para seguirlos y cerrarles el paso.  Los militares salieron a toda velocidad contra las motos. Uno de ellos les lanzó  la camioneta y les provocó lesiones”, explica Gustavo Machado, abogado que  representa al grupo. Agrega que la Fiscalía aún no los han llamado a declarar. 

En Guárico la fiscalía de San Juan de Morros registró  con el número 0686 la denuncia introducida por Marisabel Bolívar y Eva Oliva,  que la tarde del 14 de abril estaban en la entrada de la Escuela Dr.  Vicente Peña a la espera de la auditoría ciudadana, cuando un  grupo de motorizados -contactados por un concejal regional- comenzó a lanzarles  botellas, piedras y palos a los que aguardaban para entrar al plantel. “Tuve  un fraccionamiento de la rótula y quizás necesite operarme. Al día siguiente  acudí a la  Fiscalía a denunciar. Quedaron en llamarme pero no lo han  hecho”, dijo Bolívar.

Sin respuesta. Naremi Silva,  miembro de la  Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó  como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como  la Fiscalía  para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de  centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar  sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su  actividad y no iban a la  Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se  resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a  veces dilatada- de un fiscal de guardia.

Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos  perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor  se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que  reclamaban ante la  Sala Electoral, por lo que no pudo prestar  asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público. 

Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz  Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su  denuncia. También lo hicieron votantes de la  Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban,  pero luego no actuaron”, lamenta Silva.

El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores,  a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el  centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las  da la Fiscal  General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del  Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue  presentada.

Las denuncias de la oposición
De acuerdo con la impugnación que presentó  la Mesa de  la Unidad  Democrática ante el TSJ el pasado 7 de mayo, se registraron  hechos de violencia en casi 300 mesas electorales: en 81 casos actuaron  motorizados, en 45 las agresiones se presentaron al cierre del centro y en 58  hubo incidentes violentos durante la realización de la auditoría. En otras 107 los  testigos fueron retirados y en 291 hubo voto coaccionado o supervisado. También  se presentaron 38 casos sobre suplantación de  identidad.

Los estados con mayor número de mesas y actas de  escrutinio impugnadas por la oposición corresponden al corredor electoral -las  entidades con mayor número de votantes- como Zulia, Miranda, Lara, Anzoátegui,  Aragua, Carabobo y Distrito Capital.

Sin respuesta. Naremi Silva,  miembro de la  Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó  como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como  la Fiscalía  para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de  centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar  sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su  actividad y no iban a la  Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se  resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a  veces dilatada- de un fiscal de guardia.

Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos  perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor  se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que  reclamaban ante la  Sala Electoral, por lo que no pudo prestar  asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público. 

Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz  Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su  denuncia. También lo hicieron votantes de la  Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban,  pero luego no actuaron”, lamenta Silva.

El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores,  a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el  centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las  da la Fiscal  General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del  Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue  presentada.

La cifra
43 personas fueron detenidas por el Plan República por  la comisión de presuntos delitos electorales el 14 de abril. La tarde de ese  día, Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, precisó que 29  de ellos se encontraban en el estado Carabobo.

ELECCIONES Existen expedientes por agresiones en Guárico  y Amazonas
Fiscalía se abstiene d
e informar sobre denuncias del 14-A

Se desconocen los resultados del operativo que desplegó  o si abrió investigaciones de oficio ante los testimonios de violencia

ADRIANA RIVERA
FABIOLA ZERPA
Se diseñó un operativo especial y se desplegaron 2.042  fiscales en todo el país para recibir denuncias sobre delitos electorales o  relacionados con los comicios del 14 de abril. La fiscal general, Luisa Ortega  Díaz, anunció que la línea telefónica del Ministerio Público, 0800-FISCA-00,  estaría activa ese día, con personal de guardia para atender los llamados de  la ciudadanía.  Sin embargo, los resultados del plan de la Fiscalía para las  elecciones no han sido presentados formalmente. No se sabe con precisión cuántas  investigaciones abrió el órgano por ilícitos cometidos durante esa jornada  y cuál es el estatus de las diligencias relacionadas con esos  expedientes.
La elección del mes pasado, cuestionada por la oposición  por el estrecho margen de 1,49% de los votos con los que venció Nicolás Maduro,  fue impugnada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entre los principales  alegatos de la  Mesa de la Unidad Democrática y  su candidato, Henrique Capriles, están las denuncias de fraude, cohecho y  violencia, establecidos en la  Ley Orgánica de Procesos Electorales como  motivos para declarar la nulidad del proceso.
Casi al mediodía del 14 de abril, Ortega precisó a los  medios que hasta ese momento sólo se habían reportado tres delitos: en Trujillo una persona rompió una boleta electoral, en Vargas un hombre escondió un acta  constitutiva de las mesas y en  Caracas un elector entró a un colegio con un arma de fuego.  
“Vamos a mantener la calma, la tranquilidad. No vamos a  empañar el proceso electoral que se está desarrollando con mucha tranquilidad”,  respondió la fiscal cuando le preguntaron sobre la actuación de los motorizados,  una denuncia recurrente de la oposición durante la jornada. Desde entonces, poco más han agregado los voceros del organismo. Un punto sobre  el que no se ha informado oficialmente es si la Fiscalía comenzó averiguaciones de oficio por las declaraciones de electores y de testigos que  señalaron que el 14Al hubo personas que no acataron la prohibición de  porte y utilización de armas de fuego. Otros señalamientos se relacionan con la supuesta organización de operaciones colectivas de amedrentamiento con grupos de  motorizados y con el abuso deliberado del voto asistido para coaccionar a  electores.
Coordinadores electorales del Comando Simón Bolívar,  miembros y testigos de mesa de varios estados señalaron que las oficinas  locales del Ministerio Público estuvieron activas con fiscales de guardia,  quienes levantaron los casos que se presentaron. Voluntarios indican que los funcionarios atendieron las denuncias pero no les han dado seguimiento. En algunas ocasiones, indicaron, la línea 0-800FISCA-00 no respondía.
Desatendidos. Al menos en Amazonas y Guárico llegaron a  manos de los funcionarios del Ministerio Público casos de violencia. En  la Fiscalía  Primera de la Circunscripción del Estado  Amazonas reposa, con el número F(2)-1602-2013, la denuncia de tres indígenas que  resultaron heridos en el Centro Móvil Gavilán, en Puerto Ayacucho. Las máquinas  electorales no funcionaron y tras cuatro reemplazos los técnicos del CNE  instalaron un quinto equipo cerca de la 1:00 pm. Los electores les solicitaron  mantenerse en el lugar por si el dispositivo volvía a fallar, pero ignoraron la  petición. “Los indígenas tomaron las motos para seguirlos y cerrarles el paso.  Los militares salieron a toda velocidad contra las motos. Uno de ellos les lanzó  la camioneta y les provocó lesiones”, explica Gustavo Machado, abogado que  representa al grupo. Agrega que la Fiscalía aún no los han llamado a declarar.  
En Guárico la fiscalía de San Juan de Morros registró  con el número 0686 la denuncia introducida por Marisabel Bolívar y Eva Oliva,  que la tarde del 14 de abril estaban en la entrada de la Escuela Dr.  Vicente Peña a la espera de la auditoría ciudadana, cuando un  grupo de motorizados -contactados por un concejal regional- comenzó a lanzarles  botellas, piedras y palos a los que aguardaban para entrar al plantel. “Tuve  un fraccionamiento de la rótula y quizás necesite operarme. Al día siguiente  acudí a la  Fiscalía a denunciar. Quedaron en llamarme pero no lo han  hecho”, dijo Bolívar.
Sin respuesta. Naremi Silva,  miembro de la  Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó  como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como  la Fiscalía  para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de  centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar  sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su  actividad y no iban a la  Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se  resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a  veces dilatada- de un fiscal de guardia.
Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos  perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor  se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que  reclamaban ante la  Sala Electoral, por lo que no pudo prestar  asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público.  
Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz  Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su  denuncia. También lo hicieron votantes de la  Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban,  pero luego no actuaron”, lamenta Silva.
El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores,  a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el  centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las  da la Fiscal  General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del  Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue  presentada.

Las denuncias de la oposición
De acuerdo con la impugnación que presentó  la Mesa de  la Unidad  Democrática ante el TSJ el pasado 7 de mayo, se registraron  hechos de violencia en casi 300 mesas electorales: en 81 casos actuaron  motorizados, en 45 las agresiones se presentaron al cierre del centro y en 58  hubo incidentes violentos durante la realización de la auditoría. En otras 107 los  testigos fueron retirados y en 291 hubo voto coaccionado o supervisado. También  se presentaron 38 casos sobre suplantación de  identidad.
Los estados con mayor número de mesas y actas de  escrutinio impugnadas por la oposición corresponden al corredor electoral -las  entidades con mayor número de votantes- como Zulia, Miranda, Lara, Anzoátegui,  Aragua, Carabobo y Distrito Capital.

La cifra
43 personas fueron detenidas por el Plan República por  la comisión de presuntos delitos electorales el 14 de abril. La tarde de ese  día, Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, precisó que 29  de ellos se encontraban en el estado Carabobo. las, piedras y palos a los que aguardaban para entrar al plantel. “Tuve  un fraccionamiento de la rótula y quizás necesite operarme. Al día siguiente  acudí a la  Fiscalía a denunciar. Quedaron en llamarme pero no lo han  hecho”, dijo Bolívar.
Sin respuesta. Naremi Silva,  miembro de la  Comisión de Derechos Humanos de la MUD, señala que el comando opositor fijó  como directriz recomendarles a los denunciantes acudir a instituciones como  la Fiscalía  para plantear sus casos. “Los denunciantes eran testigos, coordinadores de  centros, movilizadores o votantes. Poner la denuncia implicaba abandonar  sus labores, por eso después de los incidentes regresaban a su  actividad y no iban a la  Fiscalía”, explica Silva. Agrega que algunos incidentes se  resolvieron mediante el diálogo o la presión ciudadana para evitar la espera -a  veces dilatada- de un fiscal de guardia.
Fuentes del equipo legal de la MUD precisaron que, ante los lapsos  perentorios para introducir las impugnaciones ante el TSJ, el comando opositor  se enfocó en confirmar los casos necesarios para probar las irregularidades que  reclamaban ante la  Sala Electoral, por lo que no pudo prestar  asesoría jurídica para llevar todas las denuncias ante el Ministerio Público.  
Un grupo de electores del preescolar Leonardo Ruiz  Pineda, al oeste de Caracas, llamó a la línea telefónica de la Fiscalía cuando no los dejaron entrar a las auditorías y una funcionaria de guardia tomó nota de su  denuncia. También lo hicieron votantes de la  Escuela Julio Bustamante de Bello Monte, cuando unos motorizados se acercaron al centro e hicieron disparos. “Llamabas y te escuchaban,  pero luego no actuaron”, lamenta Silva.
El Nacional solicitó ante la Dirección de Fiscalías Superiores,  a cargo de José Francisco García, detalles sobre el número de denuncias recibidas a través del 0800FISCA00 y las actuaciones relacionadas con ellas. La central telefónica con sede en la avenida Urdaneta, en el  centro de Caracas, depende de ese despacho. “Las informaciones de ese tipo las  da la Fiscal  General”, respondió García por telefóno. La Dirección de Prensa del  Ministerio Público tampoco respondió a una solicitud escrita que le fue  presentada.

Las denuncias de la oposición
De acuerdo con la impugnación que presentó  la Mesa de  la Unidad  Democrática ante el TSJ el pasado 7 de mayo, se registraron  hechos de violencia en casi 300 mesas electorales: en 81 casos actuaron  motorizados, en 45 las agresiones se presentaron al cierre del centro y en 58  hubo incidentes violentos durante la realización de la auditoría. En otras 107 los  testigos fueron retirados y en 291 hubo voto coaccionado o supervisado. También  se presentaron 38 casos sobre suplantación de  identidad.
Los estados con mayor número de mesas y actas de  escrutinio impugnadas por la oposición corresponden al corredor electoral -las  entidades con mayor número de votantes- como Zulia, Miranda, Lara, Anzoátegui,  Aragua, Carabobo y Distrito Capital.

La cifra
43 personas fueron detenidas por el Plan República por  la comisión de presuntos delitos electorales el 14 de abril. La tarde de ese  día, Wilmer Barrientos, jefe del Comando Estratégico Operacional, precisó que 29  de ellos se encontraban en el estado Carabobo.
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Victor Hugo Rodríguez