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Fiscal general no recibió a ONG que abogaban por Simonovis

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz / AVN

La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz / AVN

Los solicitantes exigían entrevistarse con Luisa Ortega Díaz, como ocurrió con la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002

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Representantes de varias organizaciones no gubernamentales fueron al Ministerio Público a exigir ser recibidos por la fiscal general, Luisa Ortega, tal y como se entrevistaron con ella miembros de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002 el 1° de febrero. La funcionaria se excusó y comisionó a la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé, para que los atendiera.

El objetivo de los solicitantes era plantear a Ortega la situación de Iván Simonovis, que está preso en el Sebin desde hace ocho años y cuya solicitud de medida humanitaria será decidida el viernes por el Tribunal 1° de Ejecución del estado Aragua, a cargo de la jueza Dorita de Freitas.

“Estamos exigiendo el mismo derecho constitucional que le fue otorgado en días pasados a una ONG afecta al Gobierno. Al atendernos, la fiscal estaría garantizando la igualdad que establece la Constitución”, dijo Elenis Rodríguez, directora de la asociación civil Fundeci, quien estuvo acompañada por representantes de Fundepro, Amigos por la Libertad, Sin Mordaza, Por la Consciencia y otros activistas.

Ante la negativa de la fiscal, que argumentó no tener espacio en su agenda, los miembros de las ONG se reunieron con Berthé. “Nos garantizó que los fiscales asignados al caso velarían por el respeto a los derechos humanos de Simonovis, pero que queda en manos de la jueza otorgar la medida”, agregó Rodríguez.

La directora de Fundeci explicó que el informe médico con base al cual decidirá De Freitas es claro. “El informe, certificado por médico forense, no sólo señala cuáles son los padecimientos de Simonovis, sino que también indica que el lugar donde se encuentra recluido no es apto para que cumpla un tratamiento que debe ser aplicado de inmediato porque corre el riesgo de quedar inválido”, advirtió.

Simonovis, condenado a 30 años de cárcel por los sucesos de 2002, fue declarado cómplice necesario de dos de las víctimas fatales de ese día: Rudy Urbano y Erasmo Sánchez.

La que se decidirá el viernes es la tercera medida humanitaria que ha solicitado la defensa del comisario. La audiencia debió celebrarse el 31 de enero pero tuvo que ser diferida porque el médico forense que debe declarar, Guillermo Bolívar, no fue informado por la medicatura forense que tenía que comparecer en esa fecha ante el tribunal.