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Exigen liberación de presos de conciencia y justicia para los asesinados

El Comité de Víctimas contra la Represión en Táchira exigió la inmediata liberación de los presos durante las protestas al tiempo que exigieron justicia para quienes fueron asesinados en las manifestaciones en rechazo por las políticas gubernamentales

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Los estudiantes universitarios Angelly Pernía y Fernando Márquez, quienes fueron objeto de torturas y malos tratos, en nombre del Comité de Víctimas contra la Represión en Táchira exigieron la inmediata liberación de los presos durante las protestas al tiempo que exigieron justicia para quienes fueron asesinados en las manifestaciones en rechazo por las políticas gubernamentales.

“Las armas, la represión y la descalificación imperó contra cada uno de los ciudadanos que de forma valiente y con la frente en alto se plantaron al régimen para decirle basta a los atropellos y abusos. El 12 de febrero es un antes y un después en la vida política y social de nuestro país, pues de manera abierta y descarada quedó demostrado cómo un grupo de individuos en su uso de poder atacó a mujeres, hombres, ancianos y niños sin importar las consecuencias que esto pudiera tener más adelante. Balas fueron disparadas sin compasión arrebatando la vida de jóvenes que jamás imaginaron que por querer un mejor país se encontrarían con la muerte. Perdigones fueron tatuados en la piel de los venezolanos que sin miedo se pararon frente a los cuerpos de seguridad y les dijeron que más valían los venezolanos libres que correr como cobardes. Bombas lacrimógenas fueron activadas como si se tratase de juguetes para dispersar y cercenar el derecho a la protesta justa y pacífica”, rememora en parte el comunicado leído por los jóvenes.

Diferida última audiencia. Para el 7 de enero de 2015 fue diferida la audiencia de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado. El jefe de la defensa, el abogado Omar Mora Tosta, denunció varias veces lo que consideró “artimaña jurídica” para no otorgarles medidas de arresto domiciliario, y la falta de atención ante las acusaciones de violación de derechos humanos que recibían.