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Exigen debatir regulación de televisión por cable

Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público | Antonio Rodríguez

Carlos Correa | Antonio Rodríguez

Carlos Correa dijo que la ley para los canales por suscripción debe respetar derechos ciudadanos. Paz Activa llama a impulsar Ley Desarme

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Debatir la ley para regular la televisión por cable es una vía para evitar que el instrumento jurídico atente contra derechos y garantías ciudadanas. Así lo consideró Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, durante la presentación que hizo ayer la coalición de ONG que integran Monitor Legislativo sobre el desempeño parlamentario.
Correa destacó que la Asamblea Nacional no puede proponer cambios que atenten contra el derecho de las personas de seleccionar la programación y los contenidos de su preferencia. Sostuvo que pese a que no hay suficiente información sobre las reglas para las cableteras, se corre el riesgo de que se aprueben disposiciones con discrecionalidad.
“Sobre la libertad de expresión, nos preocupa que en la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal no se elimine la figura del vilipendio, desacato y el delito de opinión”, sostuvo.
Recordó que no se ha acatado el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del general retirado Francisco Usón Ramírez –que fue condenado por opinar en el caso de los soldados quemados de Fuerte Mara– que ordenó la eliminación de los citados delitos.
Correa cree también debe debatirse la Ley de Comunicación para el Poder Popular, porque si bien este instrumento busca el fortalecimiento de la capacidad comunitaria de comunicación, con ella podrían generarse mecanismos arbitrarios que impidan la pluralidad.
Monitor Legislativo sostuvo que la Asamblea debe sancionar la Ley de Acceso a la Información Pública y dar garantías a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria porque las restricciones en este ámbito también afectan a los ciudadanos.
Mercedes De Freitas, coordinadora de Transparencia Venezuela, emplazó a que se haga una consulta pública de la ley de presupuesto para 2013, que se incrementen los recursos para combatir la inseguridad y para que la Contraloría General de la República realice sus funciones.
Indicó que la Comisión de Contraloría debe investigar los casos de Venirauto, Walid Makled, el ex magistrado Eladio Aponte Aponte y del diputado Juan Carlos Caldera. Cree importante atender la deuda en cuanto a la elección del contralor general de la República y exigió transparencia al Parlamento al informar sobre sus actividades.
Andrés Cañizales, de Monitor Ciudadano, informó que el recuento del desempeño de la Asamblea en lo que va de 2012 sólo arroja un saldo de siete leyes sancionadas.
Luis Cedeño, director de Paz Activa, llamó a impulsar la Ley Desarme, pidió que la comisión presidencial presente un modelo definitivo ante el Legislativo y trabaje en las 11 disposiciones que se derivan de esta ley.