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Enmienda no está totalmente asegurada de la Sala Constitucional del TSJ

El presidente de la República podría recurrir al Tribunal Supremo de Justicia ante los intentos de la Asamblea Nacional de que esto no sea así | Foto: AVN

El presidente de la República podría recurrir al Tribunal Supremo de Justicia ante los intentos de la Asamblea Nacional de que esto no sea así | Foto: AVN

La Asamblea Nacional impulsa otro de los mecanismos propuestos para culminar el mandato del presidente Nicolás Maduro antes de 2017 y para eso plantea reducir el período constitucional de los gobernadores, alcaldes y del jefe de Estado, además de “cuidarse las espaldas” contra una actuación gubernamental

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La Asamblea Nacional presentó y aprobó, en primera discusión, la propuesta de enmienda constitucional para culminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro este año tal y como lo prometieron a principios de 2016. La proposición opositora tiene como principal objetivo culminar el mandato del presidente y corregir “errores” en la Constitución.

La segunda enmienda a la que podría someterse la Carta Magna de 1999 está compuesta de seis artículos y cinco disposiciones transitorias. En la exposición de motivos del documento presentado en la sesión ordinaria del 20 de abril se destaca que la enmienda Nº1, aprobada en 2009, contradijo los principios de la Constitución al dejar el principio de alternabilidad en entredicho.

Los parlamentarios señalan que la alternancia no es solo elegir diversos mandatarios cada cierto tiempo sino que impide la perpetuación en el gobierno de los electos en votación popular.

“La alternancia en el ejercicio del poder, que debe garantizarse suprimiendo la posibilidad de la reelección indefinida, se perdió con la enmienda de 2009 y es un deber de esta Asamblea Nacional pluralista y democrática rescatarla por la salud de nuestro sistema político. Deben ser las instituciones, y no ciertas personas particularmente consideradas, las que resulten favorecidas por el régimen de elección popular previsto en la Constitución”, establece el texto.

La propuesta opositora no elimina la reelección, pero sí limita que esta sea indefinida. La enmienda volvería a lo que estableció la Constitución en 1999 antes de su modificación: reelección de inmediato y de una sola vez.

Aunque esta es la principal bandera del proyecto, en él se destaca que lo concerniente a la reelección para los cargos ejecutivos de presidente, gobernador y alcalde. La Asamblea argumentó que los diputados y los representantes de los órganos legislativos a nivel estadal y municipal no están en esta observación porque estos tienen carácter colegiado, plural y deliberante, lo que “disipan los riesgos que comporta la perpetuación en el desempeño de las más altas magistraturas ejecutivas en el gobierno nacional, estadal o municipal”.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó que esta intención, que beneficia a los legisladores, es un principio general en materia de derecho constitucional parlamentario en especial en América.

“Es común de los sistemas presidencialistas que las autoridades ejecutivas, quienes ejercen el gobierno, la Administración Pública, la acción de gobierno y  mandatarios tengan un límite en la reelección. En los sistemas presidencialistas generalmente se le impone al jefe de Estado un límite para la reelección, pero a los diputados, a los parlamentarios, a los senadores donde hay dos cámaras, a quienes están en el órgano legislativo no se le impone el límite porque ellos no hacen gestión de gobierno, no administran la hacienda pública, no ejecutan la política pública y no gobiernan, lo que hacen es formar parte de un órgano colegiado”, expresó.

Haro recordó que en la Constitución de 1961 el presidente tenía límites para que no se lanzara de inmediato a otra elección, pero no hubo para los parlamentarios.

“Eso no representa una violación al principio de alternabilidad”, sostuvo.

El cuatro es el nuevo número

La propuesta legislativa está enfocada en reducir el período presidencial a cuatro años en vez de los seis que establece la actual Carta Magna por considerarlo un “error congénito de la Constitución de 1999” y concebir un “período presidencial excesivamente largo”.

La Asamblea Nacional aseguró que su tarea es restaurar “el sentido originario de la alternabilidad en las instituciones de gobierno, eliminando la posibilidad de la reelección indefinida, y hacer del sistema constitucional venezolano un sistema más equilibrado”.

El planteamiento de reducir el período incluye a los gobernadores y los alcaldes. Por esta razón los tres primeros artículos de la enmienda proponen modificar los artículos 160, 174 y 230 de la Constitución con algo en común: “cuatro años” y podrá ser reelecto “de inmediato y por una sola vez”.

Haro destacó que la enmienda está fundamentada en el artículo 6 de la Constitución en el que se establece que el gobierno de la República siempre será “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Por lo que el principio de alternabilidad justifique los límites de la reelección.

La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León señaló que este objetivo es esencial porque “nunca debió hacerse una reelección indefinida, esta es nefasta para la democracia”.

Nuevos poderes para la Asamblea

El artículo 4 de la enmienda modifica lo referente a las faltas absolutas del presidente de la República del artículo 233, entiéndase estas: la muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste por la AN, así como la revocatoria popular de su mandato.

La enmienda propone que cada vez que se produzca una falta (antes de la toma de posesión y después de esta) se convoquen a elecciones para completar el período menos en el caso en que la falta ocurra en el último año. Es aquí que los diputados plantearon la primera modificación:

- Que el vicepresidente Ejecutivo se encargue de suplir la ausencia si la falta es muerte o incapacidad física o mental.

- Que la Asamblea Nacional elija entre sus integrantes, en un lapso de 30 días después de la falta, al próximo presidente en una sesión especial y que el nuevo jefe de Estado sea el resultado de la votación de las dos terceras partes de los presentes. Esto aplica si la falta absoluta es por renuncia, revocatorio popular del mandato, abandono o destitución del presidente de la República.

Sobre el último punto se establece una limitación que evita la prolongación de ese diputado en el poder: “Quien resulte elegido o elegida por la Asamblea Nacional no podrá ser elegido o elegida Presidente o Presidenta de la República para el periodo constitucional inmediato posterior”.  

La segunda modificación señala que de ocurrir la falta después de que el presidente tomó posesión y si el jefe de Estado sale del poder por renuncia, revocatorio popular del mandato, abandono del cargo o destitución será el presidente de la Asamblea Nacional y no el vicepresidente el que tome posesión hasta que se elija un nuevo mandatario.

Mármol de León indicó que dicha decisión, de llevarse a cabo, sería “mucho más razonable”.

“Tomando de ejemplo el revocatorio que ha sido víctima de una operación morrocoy por parte del CNE. La Constitución establece que si llegamos a la segunda mitad del período le corresponde entonces encargarse hasta el final del mismo al vicepresidente. Eso es lo que está persiguiendo el régimen y esto haría nulatoria la figura del revocatorio porque sería revocar al presidente y dejar al vicepresidente, el actual o cualquiera que él decida, y quedaríamos en la misma situación”, expresó.

En las disposiciones está “el poder”

El penúltimo artículo, el 5, está referido a las disposiciones transitorias. Estas son las herramientas que tiene la Asamblea para asegurar que se cumpla el principal objetivo de la enmienda: culminar el mandato de Nicolás Maduro.

La primera disposición, de las cinco, indica que la enmienda es vigente al publicarse en Gaceta Oficial y que sus efectos temporales aplican al período presidencial en curso y que éste terminaría el 10 de enero de 2017, fecha en la que debería haber un nuevo presidente. Mientras que la sexta y última indica que el texto debe imprimirse en la Constitución de forma adecuada.

La segunda es una limitante directa al gobierno de Maduro, pero no el de las demás autoridades pues señala que, a fines de la reelección, el período presidencial en curso será considerado como “enteramente cumplido”, mientras que los gobernadores y alcaldes tendrían el actual como su primera ocasión al poder y podrían ser reelectos.

Una orden es la tercera disposición. Se señala que la autoridad electoral deberá convocar elecciones presidenciales 30 días después de que un referendo apruebe la enmienda. Este proceso electoral sería en los 90 días siguientes a la convocatoria y  “deberá celebrarse a más tardar el segundo domingo del mes de diciembre de 2016”.

La cuarta es otra indirecta para Maduro, pues dispone que la modificación del artículo 233 aplica para el período iniciado el 10 de enero de 2013. Mientras que la quinta presenta “el seguro” de la Asamblea para que la enmienda logre su cometido al afirmar que la Sala Constitucional del TSJ, al ser un órgano subordinado a las decisiones del pueblo y al constituyente, “no podrá efectuar interpretación alguna sobre el texto de esta enmienda que impida u obstaculice su aplicación”.

Este “seguro” de la Asamblea no hace que esté  totalmente a salvo del Ejecutivo ni de la Sala Constitucional, aseguró José Vicente Haro aunque se proponga una “disposición polémica”.

 El jurista explicó que una enmienda consta de tres pasos para su aprobación: aprobación en el Parlamento, aprobación popular en referendo y promulgación obligatoria por parte del presidente.

“Si efectivamente la enmienda en referendo queda aprobada y el Tribunal Supremo de Justicia no tiene la posibilidad de interpretar la norma y los principios que se agregarían a la Constitución estaríamos hablando de que esa es una excepción a la regla, establecida en el artículo 335”, expresó.

Aunque esto es así, existe un “riesgo” además del cuestionamiento de la Sala Constitucional de la última disposición. Haro destacó que el presidente podría abstenerse de promulgar la enmienda y pudiera remitirla a la Sala Constitucional.

“Pudiera convertirse en una traba si el presidente a la hora de promulgar la enmienda, como lo dice la Constitución, agarra y remite esa enmienda a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Podría pasar pero la voluntad del pueblo debe privar  en ese caso”, finalizó.


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