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Encargados de cedulación trabajan como tercerizados

Empleados de la Misión Identidad aseguran que les impiden formar un sindicato y los amenazan con despido

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Los funcionarios encargados de la emisión de las cédulas de identidad, único documento válido para ejercer el derecho al voto, se encuentran en medio de un conflicto laboral por lo que han amenazado con llamar a un paro.

Cerca de 4.000 empleados de la Misión Identidad, repartidos en las 94 oficinas del Saime, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, exigen que el Ministerio de Interior y Justicia los incluya en nómina.

“No nos responden si nos darán cargos fijos; somos todos contratados. Como no tenemos una figura jurídica dentro del Estado, no sabemos si tenemos que entrar como funcionarios públicos mediante un concurso o si será un ingreso directo. Si viene otro presidente quedaríamos en el aire”, señala Aaron Pulido, vocero nacional de los trabajadores del Saime.

A través del decreto 3.654, el presidente Hugo Chávez creó en 2005 la Fundación Misión Identidad, como ente adscrito al MIJ. Una de sus tareas –descritas en la Gaceta Oficial 38188– es “coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que comprueben la identidad de los ciudadanos, a través de operativos periódicos”.

Pulido asegura, sin embargo, que los empleados de la fundación son los que cumplen las tareas del Saime. “Todo lo que hace el Saime lo hacen trabajadores de la Misión Identidad, es como una tercerización. Los que prestamos el servicio somos nosotros: sacamos cédulas, pasaportes, datos filiatorios, trámites de migración, atendemos los puntos fronterizos a escala nacional. Hacemos las funciones que se generan dentro del Saime, pero no pasamos a la nómina fija de la institución”, explica.

Sindicatos saboteados
Pulido muestra convocatorias a reuniones y actas de las asambleas de trabajadores que se han realizado desde marzo pasado. Asegura que el conflicto laboral comenzó 2009.

“Ese año hubo un intento de paro y a muchos compañeros los botaron. Se supone que con la Ley Orgánica del Trabajo tenemos derecho a la libre organización sindical, hemos buscado los caminos regulares, le hemos escrito al ministro Tareck el Aissami para que nos escuche, pero no funciona. Los jefes de oficinas y de departamentos se encargan de meterles miedo a los trabajadores. Les dicen que si hablan o si nos apoyan, los botan”.

Ante la imposibilidad de crear una organización formal de trabajadores, Pulido señala que se han apoyado en el sindicato del MIJ. Afirma que el director del Saime, Fabricio Pérez, les prometió atender sus reclamos dos semanas después de las elecciones presidenciales.

Las solicitudes no sólo se refieren a las contrataciones, el seguro de HCM y los bonos, sino a la necesidad de tener más seguridad en las sedes del Saime, pues –asegura Pulido– usuarios y trabajadores han sufrido robos en varias oficinas del Saime en el país.

Entre los trabajadores hay temor por posibles retaliaciones derivadas de sus protestas. “Hemos amenazado con un paro, pero no hemos querido cumplirlo para que no nos llamen guarimberos. Con botarnos y meter nuevo personal tendrían. Si hay un aplique con las empresas privadas, no entiendo por qué las instituciones públicas no cumplen las leyes laborales”, se queja Pulido.

La necesidad de aclarar que sus acciones sindicales no implican oposición política se hace patente en las cartas que los trabajadores han enviado a las autoridades en busca de respuestas a sus solicitudes. En la comunicación que enviaron a Elías Jaua el 10 de septiembre se despiden con esta salvedad: “Declaramos que nuestra intención jamás será desestabilizar o sabotear la institución y mucho menos nuestro proceso revolucionario”.