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“Élite militar se beneficia con las empresas de la FANB”

El Frente Institucional Militar sostiene que el sector no debe manejarse como un consorcio privado

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“No es legal que los militares oferten servicios o hagan programas de TV y radio”, señaló el vicealmirante Rafael Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar. El FIM reaccionó así al trabajo “FANB monta emporio industrial con 17 empresas propias y mixtas”, publicado el lunes en El Nacional.

Huizi Clavier indicó que la Constitución (artículos 328 y 329) define que la FANB garantice la defensa militar del país y coopere en el mantenimiento del orden interno. “Su participación en el desarrollo nacional no se refiere a que militares activos administren bancos del Estado, empresas navieras y aéreas, industrias básicas, mineras o petroleras. Pueden tener programas de radio y TV propios pero no institucionales, sin sesgo político partidista e ideológico”.

A la pregunta: ¿A qué grupos se benefician con estas compañías?, respondió: “A los militares revolucionarios, una especie de ‘élite militar’ que se ha beneficiado desde el poder y que favorece a otros grupos, hasta constituirse en logias. Por eso vemos tantos enroques y rotaciones entre militares privilegiados. Cuando unos se van, otros ocupan sus cargos. Así logra la revolución hacerse de aliados militares incondicionales dentro de la FANB. Esos ‘privilegiados’ no representan 8% de la institución, según estudios del FIM”.

La institución apoya que la FANB desarrolle su propia empresa militar: diseñe y construya partes y  sistemas militares propios o en cooperación con pares extranjeros, como en Chile y Brasil. “Muy distinto es pretender militarizar el Estado y la administración pública dándole a la FANB atribuciones para la cual no está calificada ni son competencias constitucionales. Es responsabilidad del Estado financiar a las instituciones públicas”, sostuvo el oficial retirado.

Dijo que las Fuerzas Armadas, sin embargo, pueden recibir ingresos fuera del presupuesto oficial por servicios prestados, como el caso de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación. La Armada, por la Ley de Faros y Boyas, obtiene un porcentaje por el uso de faros y boyas nacionales, y produce alimentos para los cuarteles en la Granja Militar La Placera en Maracay, estado Aragua.  “Las empresas militares o mixtas existen en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, pero son administradas por oficiales retirados o civiles calificados”, informó.

Huizi Clavier lamentó que se desnaturalice la función de la FANB: “Hoy vemos la institución con un bajísimo  nivel de aceptación (6% según Datincorp) por los casos de corrupción, fracaso y desprestigio en la función pública (como Conferry, Conviasa, industrias básicas de Guayana, Mercal y Bicentenario).  En la medida en que asuma responsabilidades ajenas terminará siendo responsable del colapso del país”. 

El ex ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, no entiende por qué la FANB creó tres constructoras. Históricamente, el Servicio de Ingeniería Militar planificaba el desarrollo de las construcciones militares, asesoraba en licitaciones y mantenía instalaciones militares. “En lugar de disminuir el costo lo aumenta por falta de experiencia”.