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Ejecutivo dicta directrices al Ministerio Público

De azul y a la izquierda figura la fiscal en esta foto publicada en la cuenta de Twitter @tmaniglia con esta nota: “Ante el Jefe, con compromiso, lealtad y unidad perfecta”

De azul y a la izquierda figura la fiscal en esta foto publicada en la cuenta de Twitter @tmaniglia con esta nota: “Ante el Jefe, con compromiso, lealtad y unidad perfecta”

Para algunos abogados se trata de injerencia y para otros es cooperación. El propio presidente de la República dijo el jueves que había llamado a la funcionaria para ordenar una investigación

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Aunque los fiscales del Ministerio Público tienen pendiente atender más de 4.000 procesos judiciales en un año, hay algunos asuntos que son resueltos en cuestión de días y a veces de horas por ese despacho. ¿La razón? Se trata de causas impulsadas desde el gobierno nacional por intereses políticos.

Este año, en al menos cinco ocasiones se puede constatar cómo el Ministerio Público ha reaccionado de manera inmediata a solicitudes expresas del Ejecutivo o el Legislativo.

El sábado en la mañana el gobernador de Carabobo pidió a la Fiscalía actuar con prontitud en el caso de presunta corrupción del alcalde de Valencia, Edgardo Parra. Apenas unas horas después la residencia del alcalde era allanada y el funcionario recluido en la sede del Sebin de Carabobo, para ser presentado hoy en tribunales.

Otro de estos casos ocurrió el jueves. El presidente Nicolás Maduro le ordenó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz que abriera una investigación a propósito de un titular publicado en la primera plana de un medio de comunicación. De inmediato la funcionaria actuó e informó a la prensa sobre la averiguación. “Llamé hoy a la fiscal como jefe del Estado para ordenar una investigación”, dijo el mandatario.

Algunos constitucionalistas ven este tipo de acciones como una injerencia inadmisible del Ejecutivo nacional que usa los procesos de administración de justicia con motivaciones políticas. Los especialistas consultados coinciden en que hay decisiones tomadas por el Ministerio Público –órgano integrante del Poder Moral– que responden a guías, exhortos o llamados hechos desde Miraflores.

Para el constitucionalista José Vicente Haro, el accionar de la fiscal viola el principio constitucional de autonomía e independencia con el que debe actuar el Ministerio Público, único órgano en el sistema de justicia venezolano que puede iniciar investigaciones penales y solicitar juicios en tribunales.

“Lo que ha hecho la fiscal es operar como si fuese un brazo político del gobierno. Sigue las directrices que le dan directamente por su nombre y apellido o las que el gobierno lanza a través de los medios”, dijo.

El especialista Víctor Hernández Mendible cree que más allá de las consideraciones que puedan hacerse, hay hechos que evidencian que Ortega recibe lineamientos directos desde Miraflores.

“Esto queda claro cuando se observan no sólo los casos en los que actúa de manera expedita, sino en aquellos en los que no investiga. Basta con recordar el caso de Antonini Wilson y la maleta con los 800.000 dólares o el del exmagistrado Eladio Aponte Aponte”, aseveró.

En una entrevista ofrecida en abril del año pasado a la televisora SoiTV, Aponte aseguró que el entonces presidente Hugo Chávez ordenaba manipular casos. “Todos los fines de semana, especialmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la Vicepresidencia con la presidenta del TSJ, la fiscal general, la procuradora, la contralora y el presidente de la Asamblea Nacional. De allí es de donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia en Venezuela”, dijo.

En su discurso para solicitar la ley habilitante, el presidente Maduro se refirió a que debía existir una mancomunidad de poderes. Lo que coloca en forma expresa las suspicacias que dejan algunos de los casos mencionados.

Anteriormente tanto el fiscal general, como el contralor eran independientes o pertenecían a partidos de oposición. Quienes ocupan esos cargos actualmente no dudan en mostrar su vinculación política con el partido de gobierno.

Solo ayuda. “El Ejecutivo ha estado recurriendo al principio constitucional de la cooperación de poderes públicos en función de que se investiguen casos en los que se estarían promoviendo matrices de opinión no verificadas que crean angustia en la población”, aseveró el constitucionalista Jesús Silva, profesor de la UCV.

En criterio del especialista, aunque una causa sea impulsada desde el Ejecutivo la investigación es efectuada con transparencia y legalidad.

“Lo que el presidente hace es elevar denuncias que debido a su majestad presidencial son tomadas en cuenta. En efecto, ha habido declaraciones de líderes políticos fijando opinión sobre casos de la justicia penal, pero esas declaraciones no tienen influencia en los procesos”, aseveró Silva.

Leyenda:

De azul y a la izquierda figura la fiscal en esta foto publicada en la cuenta de Twitter @tmaniglia con esta nota: “Ante el Jefe, con compromiso, lealtad y unidad perfecta”

 

 

 

RECUADROS (3624)

 

Richard Mardo

 

El 5 de febrero de este año Diosdado Cabello, presidente de la AN, presentó en el Parlamento documentos contra el diputado Richard Mardo. El 6 de febrero el parlamentario Pedro Carreño formalizó la denuncia contra Mardo en Fiscalía. Pasados 14 días la fiscal anunció que estaba evaluando pedir un antejuicio de mérito y el 12 de marzo presentó la solicitud ante el TSJ. El 30 de julio de este año la inmunidad parlamentaria de Mardo ya había sido allanada.

 

 

 

Henrique Capriles

El 15 de abril de este año, un día después de las elecciones, Henrique Capriles hizo un llamado a la población para rechazar los resultados electorales con cacerolazos y movilizaciones. El 16 de abril Maduro lo responsabilizó de los hechos de violencia. “Usted tiene que responder porque es responsable de los muertos que hoy estamos velando”, dijo. 8 días después la fiscal declaró. “Los hechos violentos que dejaron 9 muertos y 78 lesionados se originaron por los llamados irresponsables de algunos actores políticos”. Actualmente hay abierta una investigación.

 

 

 

María Aranguren

El 16 de agosto de este año el presidente Nicolás Maduro anunció que pediría una ley habilitante. “Cuente con los votos”, le contestó Diosdado Cabello, presidente de la AN, aunque la bancada oficialista no cuenta con los 99 votos que se necesitan para aprobarla. Un mes después la fiscal Luisa Ortega informó que evaluaba pedir un antejuicio contra la diputada María Aranguren, que hasta el año pasado perteneció a las filas del oficialismo. 15 días más tarde presentó la solicitud ante el TSJ. Una vez efectuada la petición la diputada declaró a El Nacional que le habían ofrecido no activar su caso si aceptaba ser el diputado 99.

 

 

 

Banqueros

 

El 20 de noviembre de 2009 el Ejecutivo anunció la intervención de varios bancos, que al final sumaron 7. El 27 de noviembre fue dictada, a solicitud del Ministerio Público, medida de prohibición de salida del país contra 16 banqueros. Dos días después el entonces presidente Hugo Chávez dijo lo siguiente: “Ayer hablé con la fiscal. Un juez dictó prohibición de salida del país. Yo respeto eso, pero me gustaría más bien que los agarraran porque se van”. Al 7 de diciembre de ese año las órdenes de captura ascendían a 30 y había 7 detenidos.

 

 

 

María Afiuni

El 10 de diciembre de 2009 la jueza María Afiuni fue detenida en la sede de su tribunal por haber dejado en libertad condicional al banquero Eligio Cedeño. El 11 de diciembre el entonces presidente Hugo Chávez pidió pena máxima para Afiuni. “30 años de prisión pido en nombre de la dignidad del país”, dijo. Al día siguiente la Fiscalía la imputó por corrupción. Fue enviada a una cárcel común donde estuvo por un año y tres meses, hasta que le dieron casa por cárcel por razones de salud. Fue dejada en libertad condicional el 14 de junio de este año, tres días antes de que el presidente Nicolás Maduro se reuniera con el papa Francisco. El juicio en su contra está en curso y es celebrado en su ausencia.

 

 

 

Manuel Rosales

 

El 26 de octubre de 2008, Hugo Chávez dijo que encarcelaría al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. “Estoy decidido a meter preso a Rosales. Ya está bueno. Lo voy a meter preso. Sépanlo”, dijo.

Un mes y medio después la Fiscalía lo imputó por enriquecimiento ilícito y en marzo presentó la acusación y pidió una medida privativa de libertad en su contra, que fue acordada el 16 de abril. El 24 de ese mes Rosales pidió asilo en Perú. Le fue otorgado tres días después.