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El plan de la patria no es ley, es un acuerdo parlamentario

El libro rojo atado con una cinta tricolor que Diosdado Cabello entregó el miércoles a Nicolás Maduro no es vinculante para alcaldes y gobernadores, dicen académicos | Foto Cortesía Prensa MIraflores

El libro rojo atado con una cinta tricolor que Diosdado Cabello entregó el miércoles a Nicolás Maduro no es vinculante para alcaldes y gobernadores, dicen académicos | Foto Cortesía Prensa MIraflores

Académicos explicaron que el programa 2013-2019 no cumple requisitos para ser considerado norma jurídica

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GOBIERNO De 10.800 propuestas recibidas, solo 178 fueron incorporadas al texto

El programa de gobierno 2013-2019 que Diosdado Cabello le entregó a Nicolás Maduro el jueves en Miraflores no es una ley, sino un acuerdo parlamentario.

Así se desprende tanto de la definición del instrumento en la Constitución, como del mecanismo utilizado en la Asamblea Nacional para aprobarlo y del nombre dado en la Gaceta Oficial 6118 publicada ayer, que lo cataloga expresamente como un acuerdo y no como una ley.

Todo lo anterior convierte al denominado “plan de la patria” en una guía para la acción del gobierno nacional, mas no para el acatamiento obligatorio del ciudadano de a pie, alcaldes ni gobernadores.

Así lo explicaron el constitucionalista Román Duque Corredor, ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas e individuo de número de esta, y el profesor universitario de derecho administrativo José Ignacio Hernández.

“Los planes de la nación son instrumentos que rigen la acción del Ejecutivo nacional, no de la sociedad; no contienen normas, sino programas y metas de gobierno; y por la forma de su aprobación en la Asamblea Nacional no son más que una autorización al Ejecutivo para que lleve a cabo sus planes económicos”, explicó Duque Corredor.

Hernández indicó que las leyes son denominadas como tal por dos razones: primero, porque son un conjunto de normas que rigen la conducta ciudadana en un área determinada; y segundo, porque emanan de la Asamblea Nacional (salvo las dictadas vía habilitante) tras cumplir un procedimiento claramente establecido en la Constitución. “Un acuerdo, en cambio, es un acto de control político, sin forma de ley y no vinculante para los ciudadanos”, dijo.

No vinculante. Esta semana el presidente Nicolás Maduro y el presidente del Legislativo, Diosdado Cabello, han advertido que ciudadanos, alcaldes y gobernadores están “obligados a acatar el plan de la patria”. Duque Corredor y Hernández desmintieron tal afirmación.

“Los acuerdos son vinculantes para el proponente, no para los ciudadanos. Si eso fuera así, se acabaría con el derecho de disentir y se eliminaría el pluralismo. Eso sería anticonstitucional y antidemocrático. Tampoco es obligatorio para mandatarios locales y regionales porque violaría la autonomía de desempeño que les concede la Constitución”, dijo Hernández.

Duque Corredor indicó que si bien la ley de Consejos Estadales y la de Consejos Locales de Planificación Pública ordenan discutir, aprobar y modificar los planes de desarrollo locales y estadales “en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”, esto se refiere a los aspectos económicos.

“Un gobernador o alcalde que no denomine ‘socialista’ su plan de gobierno no viola ninguna ley porque su función se rige por la Constitución, en la que no se habla de socialismo. La ley de consejos de planificación se refiere a las metas y compromisos económicos delineados en el plan de la nación, pero no a las metas políticas que es el eje del plan de la patria”, dijo Duque Corredor.

Otra visión

 El abogado constitucionalista Jesús Silva avala el tratamiento que el Ejecutivo y el Legislativo han querido darle al plan de la nación. A su juicio, el documento tiene rango, valor y fuerza de ley y debe ser acatado por gobernadores y alcaldes. “Decir que se va a apresar a alguien por no acatarlo es apresurado, pero debe ser cumplido por todos los ciudadanos sin que ello sea visto como una restricción de libertades”, dijo.

Con respecto al mecanismo utilizado en la AN para su aprobación y haberlo aprobado con el título de “acuerdo” y no de “ley”, Silva considera que el Parlamento debe ofrecer explicaciones a la ciudadanía.

El programa fue publicado ayer en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6118 del 4 de diciembre, con el título de “Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas sus partes y para que surta efecto jurídico y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la república, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”.

El Dato

En la exposición de motivos del plan de gobierno 2013-2019 Nicolás Maduro informa que en la consulta pública entre octubre y noviembre del año pasado 76.124 personas hicieron 10.800 propuestas, de las cuales solo 6.241 “eran adecuadas a la consulta”. De ese total apenas 178 fueron "identificadas como propuestas nuevas" y se incorporaron al texto.