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Documentan 35 casos de cargos y amenazas por criticar al gobierno

Vivanco considera que el gobierno utiliza el sistema de justicia como una fachada | Foto Archivo El Nacional

Vivanco considera que el gobierno utiliza el sistema de justicia como una fachada | Foto Archivo El Nacional

Autoridades han abusado de manera recurrente de sus facultades para limitar la libre expresión e impiden el debate, afirma José Miguel Vivanco 

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Human Rights Watch documentó 35 casos de personas que enfrentan cargos penales o fueron amenazadas con ser investigadas penalmente por criticar al gobierno de Nicolás Maduro entre octubre de 2014 y julio de 2015.

Afirma que el Ejecutivo y sus aliados en la AN utilizan indebidamente el sistema de justicia penal para castigar a ciudadanos que los critican.

“El gobierno utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, señala José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW. “Las autoridades han abusado, de forma recurrente, de sus facultades para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante a propósito de las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre”.

HRW entrevistó a víctimas y sus abogados y examinó fuentes oficiales. Entre los casos están:

* Fray Roa Contreras, director general de la Federación de Licoreros y Afines, fue detenido el 24 de julio por agentes de inteligencia. Un día después de que declaró a CNN que había pedido un “diálogo” con el presidente para abordar la “crisis” en ese sector. Fue imputado por difundir información falsa que “cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra”.

* Luis Vásquez, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, fue detenido el 18 de abril luego de que un periódico local publicó declaraciones en las que criticaba políticas gubernamentales que regulan el acceso al suministro eléctrico. Fue acusado de difundir información falsa que podría “causar pánico en la colectividad o mantenla en zozobra”. Lo liberaron con la condición de que se presentara ante el tribunal “cada vez que sea requerido”, pero siguen pendientes los cargos en su contra.

* Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, fue detenido el 5 de febrero, un día después de conceder una entrevista en la que habló sobre la escasez de insumos médicos. Señaló que eso afectaba el sistema de salud público y privado, y había hecho que 75 de los 234 centros de salud de esa asociación suspendieran cirugías electivas. 3 agentes del Sebin se presentaron en la clínica Guerra Méndez, en Valencia, donde trabaja, y le indicaron que los acompañara a la sede del organismo, sin orden judicial. Lo interrogaron durante 3 horas sobre sus declaraciones y luego lo dejaron ir. Le advirtieron que debía tener “cuidado” sobre lo que dice, pues podía “generar alarma en la población”.

* En septiembre de 2014 funcionarios pidieron al Ministerio Público que investigara a Ángel Sarmiento, presidente del Colegio Médico del estado Aragua, por haber declarado en una entrevista radial que ocho personas habían fallecido en el Hospital Central de de Maracay debido a una enfermedad no diagnosticada, pero que causaba fiebre, trastornos respiratorios y erupción. El gobernador de Aragua, Tareck el Aissami, lo acusó de iniciar una “campaña terrorista que ha generado la zozobra y conmoción colectiva” y pidió que la Fiscalía investigara a Sarmiento. El presidente Maduro manifestó que se aseguraría de que ese tipo de actos de “terrorismo psicológico” se “castiguen severamente”. Sarmiento huyó de Venezuela.

Demandas por difamación. En abril el presidente de la AN, Diosdado Cabello, inició acciones civiles y penales por difamación agravada contra 22 “dueños, directivos, miembros del consejo editorial y accionistas” de los periódicos Tal Cual y El Nacional, así como el sitio web La Patilla, por reproducir un artículo del periódico español ABC. Cabello sostuvo que la decisión de reproducir las acusaciones forma parte de un “plan de la derecha internacional de atacarlo”.

En mayo una jueza admitió la denuncia y prohibió a los acusados salir del país, y les exigió que comparezcan ante el tribunal todas las semanas mientras se encuentre en curso el proceso penal.

* El 24 de octubre fue detenida en Maracaibo María Magaly Contreras, clarividente con trastornos psicológicos, por haber emitido mensajes de Twitter que, según se indica en un informe policial, formaron parte de “un plan contra la seguridad de la nación”. El 10 de abril se decretó la suspensión condicional del proceso, bajo la condición de que admitiera que había publicado los mensajes de Twitter y aceptara recibir tratamiento psicológico durante ocho meses.

 “Este gravísimo abuso del sistema judicial es posible debido a que no existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los derechos humanos y actuar como frenos y contrapesos del Poder Ejecutivo. Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan”, indicó Vivanco.