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Diputados interpelarán a ministros sobre Emergencia Económica

Diputados de la MUD y del PSUV instalaron la comisión que estudiará el decreto de emergencia

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Es la primera vez que ministros del chavismo deben acudir a la Asamblea para ser interrogados sobre su gestión

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Ministros y otros altos cargos del gobierno venezolano explicarán este jueves ante el parlamento un decreto de emergencia económica que debe ser aprobado por el Legislativo, cuya mayoría opositora ya expresó su desacuerdo por considerar que no ataca las raíces del problema.

Es la primera vez que ministros del chavismo deben acudir a la Asamblea para ser interrogados sobre su gestión, en este caso respecto a la emergencia declarada el pasado viernes por el presidente socialista Nicolás Maduro para enfrentar la grave crisis.

Aun cuando esos funcionarios están obligados a comparecer si los cita la cámara, la concurrencia “fue acordada con el gobierno”, dijo este jueves Henry Ramos Allup, presidente del parlamento, bajo control opositor desde el pasado 5 de enero cuando finalizó una hegemonía oficialista de 17 años.

Los responsables del área económica “darán información y responderán preguntas” a los diputados de la comisión que estudia el decreto, cuya aprobación o no debe decidirse a más tardar este viernes, agregó Ramos Allup en una entrevista radial.

El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea chavista, según la oposición- declaró la legalidad de las medidas del ejecutivo.

Se espera que acudan el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, y el titular de la petrolera estatal Pdvsa, Eulogio del Pino.

Además se harían presentes los ministros de Finanzas, Rodolfo Medina; de Alimentación, Rodolfo Marco Torres; y el jefe del organismo tributario, José David Cabello. No se ha confirmado la presencia del vicepresidente del Área Económica, Luis Salas.

Admitiendo que la situación es “catastrófica”, Maduro decretó la emergencia económica por 60 días y entregó el texto a la Asamblea, en su informe anual de labores el viernes último.

“Espero que sea aprobado por unanimidad (…) y que la Asamblea me ayude a timonear esta tormenta”, señaló el gobernante el martes ante empresarios.

Con un modelo estatista y dependiente históricamente de la renta petrolera, Venezuela enfrenta una crisis económica desde 2013 que se agravó por el desplome de los precios del crudo, generador del 96% de sus divisas.

La debacle se refleja en una contracción de 4,5%, una inflación de 108,7% entre enero y septiembre de 2015 (oficial) y un déficit de 20% del PIB, según estimaciones privadas.

La sequía de divisas ha generado la acumulación de deudas comerciales por unos 12.000 millones de dolares y escasez de productos básicos, además de un malestar social que se tradujo, según analistas, en un “voto castigo” contra el chavismo por una ciudadanía hastiada de las colas en los supermercados.

El decreto permite al gobierno disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento, fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo y flexibilizar la entrega de divisas para la importación de bienes e insumos.

Maduro, que invoca continuamente la necesidad de pasar de una economía rentista a una productiva, sostiene que esas medidas le permitirán sortear la crisis con éxito, sin apelar a ajustes de corte neoliberal, como según él plantea la oposición.

En ese contexto, deslizó la posibilidad de subir el precio de la gasolina, la más barata del mundo (0,015 dólares por litro).

Aunque ha expresado su compromiso de ayudar al gobierno a solventar la crisis, la oposición cuestionó de antemano el decreto por considerar que abre la puerta a nuevas expropiaciones, lo que “aleja la inversión” y establece un “corralito” sobre el devaluado bolívar.

“Es más de lo mismo, no hay nada nuevo”, afirmó Ramos Allup, quien dijo que el gobierno colocó a la oposición en una disyuntiva: “si aprobamos el decreto, estamos compartiendo culpas que no son nuestras sino del Ejecutivo; y si no aprobamos, es la excusa perfecta del gobierno para decir que no resolvió la crisis porque la Asamblea no aprobó el decreto”.

El legislador se mostró inquieto ante una desaprobación del decreto en el legislativo. “No quiero ni pensar que si la Asamblea niega el decreto, lo apruebe por su cuenta el TSJ. A quien le corresponde (esa decisión) es a la Asamblea”, advirtió.

La oposición considera que el gobierno debe revertir el férreo control de precios de productos altamente subsidiados y unificar los tres tipos de cambio, que conviven con un paralelo 145 veces más alto que la menor tasa oficial, reservada a la importación de alimentos y medicinas.