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Dilema militar: guardar silencio ante los colectivos

Vicealmirante Cabrera Aguirre afirma que oficialidad acata líneas estratégicas | Foto Archivo El Nacional

Vicealmirante Cabrera Aguirre afirma que oficialidad acata líneas estratégicas | Foto Archivo El Nacional

El general Raúl Salazar pidió al gobierno aclarar las causas de la salida de Rodríguez Torres. Rocío San Miguel emplaza al Alto Mando a presentar a Maduro un plan para contener a grupos irregulares 

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El aumento de la visibilidad de los colectivos luego de los sucesos del edificio Manfredir, donde fueron muertos los líderes del Coletivo 5 de marzo en un allanamiento del Cicpc, y la sorpresiva destitución del mayor general Miguel Rodríguez Torres del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, han creado inquietud en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la percepción que tienen militares retirados y analistas del sector.

“El gobierno debe aclarar por qué Rodríguez Torres salió del cargo y si hubo presión de fuerzas irregulares. Si se cree verdaderamente en la FANB ¿por qué existen colectivos que no están en la Constitución? Jamás un gobierno legalmente constituido puede ir contra el Estado de Derecho y ceder a cuerpos al margen de la ley; habría que preguntar al pueblo qué opina de estos grupos”, dijo el general Raúl Salazar, ex ministro de la Defensa.

El oficial retirado recordó al Ejecutivo que solo la institución castrense y los organismos policiales están facultados para la defensa y la seguridad del país, por que ese poder no puede delegarse. Le pareció peligroso permitir que fuerzas ajenas al Estado establezcan organizaciones paralelas, como ocurrió en el caso de Colombia, porque la situación puede irse de las manos.

Apuntó hacia un aspecto que el sector militar debe tener claro: “La FANB debe cooperar para asumir la defensa de la nación y no de la revolución”.

En un documento presentado el miércoles pasado, los Colectivos de Trabajo Revolucionario Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya señalan: “Nos parece un total absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva. No somos bandas delictivas, somos organizaciones revolucionarias”.

Dos días más tarde, consultado sobre la existencia de fuerzas irregulares, el jefe de la delegación del Estado ante el Comité de Tortura de la ONU, José Vicente Rangel Ávalos, aseveró: “Sí, puede haber individuos dentro de esos colectivos que están armados, como hay personas de la oposición que están armados”.

Rocío San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano, cree innegable “el profundo malestar que existe en la institución militar ante la desautorización pública que le ha hecho el gobierno de sus funciones. No hay voluntad política para frenar a los colectivos; con los cambios en el Ministerio del Interior de Rodríguez Torres a la almirante Carmen Meléndez, solo se corrió la arruga”, añadió.

Exhortó al Alto Mando a presentar un informe al presidente Nicolás Maduro, basado en estudios del Estado Mayor, con un plan concreto de acciones para contener a las fuerzas ilegales, las cuales deben converger en el desarme. “Debe detenerse la ingobernabilidad en el país y la pérdida de espacios de la Fuerza Armada”, expresó.

Emplazó al presidente del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general Alexis López Ramírez, compañero de armas de Rodríguez Torres y del nuevo ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a exponer al Ejecutivo las consecuencias de la permisividad con los colectivos armados.

El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra,  corresponde a la FANB reglamentar y controlar la fabricación, el registro, la inspección, el comercio y, sobre todo, la posesión y el uso de armas, municiones y explosivos.

Rocío San Miguel cree que existe un dilema militar frente a los grupos irregulares, que se manifiesta en su “silencio operacional”. Otro aspecto que en su opinión genera ruido es el “peloteo de funciones” en el control de las armas entre los despachos de Defensa y Relaciones Interiores. No descarta que detrás del manejo político y militar de los colectivos exista un cálculo electoral para los comicios parlamentarios de 2015.

Órdenes. En la década de los sesenta las Fuerzas Armadas Nacionales tuvieron un papel fundamental en la contención de las células guerrilleras y comunistas. De allí que la “desproporción” actual en el manejo de las armas, que refiere José Antonio Rivas Leone, investigador de la ULA, implique “una situación sui géneris por cuanto pareciese que las fuerzas irregulares actúan bajo su libre albedrío”.

Rivas Leone, autor del libro En los bordes de la democracia. La militarización de la política venezolana, deja la duda sobre sí el generalato recibe órdenes del gobierno de no reprimir a los colectivos y no impone su posición profesional ante esta delicada situación. Destaca que de ser cierto esto, se confirmaría el proceso de politización militar.

“Estos hechos no pueden verse de manera aislada, en el país hay un proceso de reacomodo interno, ocurre en las fuerzas cercanas al gobierno, como Marea Socialista y otras organizaciones políticas, y en la Fuerza Armada. No debe obviarse que el incremento salarial de 45% para los militares se da en paralelo a la presión de colectivos y a la salida del general Rodríguez Torres”, indicó.

Sobre la ilegalidad de los grupos que manejan armas no hay discusión para el vicealmirante retirado Luis Cabrera Aguirre. “Los colectivos no son el pueblo armado. Si existen grupos que llevan el nombre de colectivos y están armados, no entran en la legalidad, deben ser combatidos por el Estado; son delincuentes y deben ser confrontados con la ley”, expresó.

Rechazó las críticas al estamento militar. Cabrera explicó que operativamente todos los movimientos de la FANB obedecen a líneas estratégicas que se traducen en órdenes. Esas instrucciones indican bajo qué circunstancias los militares deben salir a la calle.

Refirió el caso de Brasil, donde en marzo de este año más de 1.000 militares del Ejército entraron a la principal favela de Río de Janeiro solo después de la orden de la presidente Dilma Rousseff, que fue impartida luego de varios ataques a las fuerzas de seguridad.

Explicó que el programa para el control de armas se ajusta a un diseño por etapas.

Plan sostenido
Las atribuciones militares en el control de las armas están normadas en la Constitución, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. El vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, ex inspector general de la institución castrense, llamó a la oficialidad a validar el monopolio de sus competencias y subrayó que la existencia de grupos paramilitares trae consigo una espiral de delitos.

Cree debe explicarse el alcance de los colectivos armadas, cuyas actuaciones trastocaron al ex ministro Rodríguez Torres, “hombre fuerte del gobierno y con más visibilidad incluso que el jefe del Estado”, e incidieron en la reestructuración policial.

Para que la política de desarme ejecutada rinda frutos es necesario que se haga de manera sostenida en el tiempo, con controles y sanciones, consideró el investigador Rivas Leone. Mostró su convicción de que estas condiciones son clave para que el Estado y la Fuerza Armada “vuelvan a tener la exclusividad del uso de la violencia legítima”.