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Provea: GN y Ejército suman la mayor cantidad de casos de tortura en 2012

Marino Alvarado, coordinador general de Provea

Marino Alvarado, coordinador general de Provea

La ONG rechaza la participación de la FANB en labores de seguridad ciudadana, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro

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La Guardia Nacional y el Ejército están involucrados en 44,44% de los casos de tortura atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado durante 2012, según el Informe Anual del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

La Guardia Nacional está vinculada a 4 de los 18 casos de tortura que afectaron a 42 personas, así como a 24 violaciones al derecho a la integridad personal, la mayoría de las cuales ocurrieron en zonas fronterizas con Colombia (Zulia y Táchira). “Esta situación evidencia la falta de preparación que tienen los funcionarios de la Guardia Nacional para actividades de control y seguridad ciudadana. La GNB debe ser retirada por completo de todas las tareas de seguridad ciudadana que son propias de los cuerpos policiales civiles”, se indica en el documento presentado ayer sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el año pasado.   

El Ejército aparece involucrado en cuatro casos de tortura y la Policía Nacional Bolivariana en dos. “Preocupa enormemente que la PNB esté entre las instituciones denunciadas por tortura, pues siendo un cuerpo policial recientemente creado y bajo principios de derechos humanos no debería registrar ese tipo de denuncias”, se insiste.

En el informe especial sobre políticas públicas durante los últimos 15 años, Provea incluye 301 casos de militares involucrados en violaciones de derechos humanos.

El desempeño de los uniformados castrenses fundamenta la advertencia del coordinador de Provea, Marino Alvarado: “La Fuerza Armada en la calle constituye un gran riesgo. Su incorporación a las labores de seguridad ciudadana contradice los lineamientos de la Misión A toda Vida Venezuela, por lo cual preocupa que el presidente Nicolás Maduro haya anunciado que sacará a los militares a la calle para combatir el hampa”.

Rafael Uzcátegui, coordinador de investigación de Provea, señaló que si a los 16.037 homicidios ocurridos en 2012 que el Gobierno admite se le suman los correspondientes a enfrentamientos y resistencia a la autoridad el total asciende a aproximadamente 23.000 muertes, entre ellos 155 policías.

Uzcátegui refirió otras fuentes de preocupación: la aplicación de la Ley contra la Delincuencia organizada contra los que disienten del Gobierno, así como el sometimiento a la justicia militar de los que exigen derechos sociales.


Menos pobreza. Alvarado destacó como uno de los mayores avances en materia de derechos humanos la reducción de 6 puntos porcentuales en los indicadores de pobreza, que en el segundo semestre de 2012 disminuyó a 21%, según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque la variación pudiera obedecer al incremento de la inversión social a propósito de la coyuntura electoral, Alvarado instó al Gobierno a mantener los esfuerzos a favor de los sectores menos favorecidos de la sociedad.

La Gran Misión Vivienda Venezuela aparece como otro gran acierto en materia de políticas publicas durante el año pasado. El coordinador de Provea afirmó que la construcción se elevó más de 400%. En 2012 se construyeron 146.022 viviendas, mientras que hasta 2011 el promedio era de 27.000 viviendas por año.

La educación vuelve a aparecer en el informe como el derecho social más garantizado, si se toma en cuenta el incremento de la matrícula. Sin embargo, la ausencia de estadísticas oficiales disponibles (por ejemplo, Provea no sabe con precisión cuántos estudiantes universitarios hay en Venezuela) impide un análisis más completo. Alvarado asegura que la matrícula ha ascendido 215% en educación superior, pero sólo 3% en educación primaria. Desde su punto de vista, ello implica una situación atípica que contradice los estándares internacionales sobre acceso a la educación.


El dato

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