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Denuncias de ONG obligaron al gobierno a disminuir represión

Tras 60 días todavía hay oscuridad sobre varios casos | Foto AFP

Tras 60 días todavía hay oscuridad sobre varios casos | Foto AFP

El Ministerio Público investiga 95 posibles situaciones de “tratos crueles” y 2 de “tortura”

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En los últimos días ha habido una “mejora” en la forma con la que el gobierno controla las protestas, afirma Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano. Esta disminución de la represión se debe a que las denuncias de organizaciones no gubernamentales y la opinión pública colocaron al Estado “bajo la lupa”, advierte el abogado.

En los primeros 60 días de protesta, luego de que el 12 de febrero comenzó una serie de manifestaciones en contra del gobierno, la respuesta de los organismos de seguridad fue “cruel y violatoria de los derechos humanos”. Muchos casos todavía presentan oscuridad y requieren mayor investigación.

El Foro Penal contabiliza 70 casos de torturas y tratos crueles en toda Venezuela. La cifra se queda por debajo de la publicada por el Ministerio Público, que hasta el 9 de abril investigaba 95 situaciones de “trato cruel” y 2 de “tortura”.

Himiob explica que ha habido varios tipos de violaciones de los derechos humanos. Los allanamientos y detenciones sin orden judicial, por ejemplo, representan un abuso de autoridad y una restricción de los derechos constitucionales de las víctimas.

Hasta el viernes el Foro Penal contabilizaba un total de 2.322 detenciones desde el inicio de las protestas. 384 personas salieron con libertad plena, 1.261 lo hicieron con medidas cautelares, 101 fueron liberados sin presentación, 94 fueron privados de libertad y 60 pertenecían retenidos. 422 casos estaban por verificar.

Detenidos por terrorismo
Más de 10 ciudadanos han sido acusados públicamente de terrorismo tras ser detenidos, aunque no todos han sido imputados luego por ese delito. Uno de los casos más llamativos fue el de Massiel Pacheco, retenida tras reportar el hallazgo de un bolso con niples en su puesto de trabajo en Parque del Este. La vendedora informal fue imputada por terrorismo y trasladada al INOF. La  defensa apeló la decisión. En Aragua acusaron de lo mismo a un ciudadano de origen chino y a otro árabe. El primero fue imputado por “ocultamiento de municiones” y el segundo fue acusado públicamente por Diosdado Cabello en su programa de VTV.

Allanamientos ilegales
El Sebin ha efectuado varios allanamientos sin orden judicial. Uno de ellos se registró el 5 de abril en la madrugada en el Hotel Savoy, de Sabana Grande. Un grupo de andinos que se hospedaba en el lugar fue llevado detenido al Helicoide. Posteriormente, Willander Peñaloza, Manuel Quiroz, Jesús Ibarra, Carol Monasterios y José Aguilar salieron con libertad plena. Este tipo de procedimientos siguen ocurriendo. Gonzalo Himiob recuerda que en Montaña Alta, estado Miranda, se repitió un suceso similar el miércoles 9 de abril. Un día después se logró la liberación de los implicados.

Agarrados en plena calle
Organismos de seguridad como el Sebin han efectuado arrestos sin las órdenes necesarias y en plena calle. El 7 de marzo, dos jóvenes, José Rivas y David Urbina, fueron atrapados cuando transitaban por Los Palos Grandes. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad. Ambos permanecen privados de libertad en el Helicoide. Tras su detención se desató una persecución policial porque Polichacao consideró que era un secuestro. Hubo disparos y murió una agente del Sebin, Glidis Chacón.

Limitan derecho a protestar
Habitantes de Catia, El Valle y Simón Rodríguez, en el municipio Libertador de Caracas, han denunciado haber recibido amenazas por parte de colectivos armados para que no realicen protestas en esas zonas populares. Hay videos que muestran a estos grupos disparando contra manifestaciones en distintos puntos del país. Tras los hechos ocurridos en la urbanización Palaima, de Maracaibo, Zulia, colectivos amenazaron a una vecina, informó Himiob. No se atreve a denunciar el caso por temor.

Crueldad en el interior
Himiob denuncia que en el interior han podido recopilar más casos de tratos crueles y torturas. En Táchira, por ejemplo, a un joven lo mantenían encarcelado en una jaula policial destinada solo al traslado de personas. “Es una violación porque no es un sitio humanitario para retener a alguien”, señaló el abogado. En Valencia, Carabobo, Juan Manuel Carrasco, un estudiante, fue violado con un fusil automático liviano tras ser detenido en una protesta el 13 de febrero. Fue liberado con medidas cautelares.