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Denunciarán penalmente alteración de prueba contra Leopoldo López

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López | Foto: Cortesía Voluntad Popular

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López | Foto: Cortesía Voluntad Popular

Defensores encontraron inconsistencias en el análisis realizado por la lingüista Rosa Amelia Asuaje León sobre los discursos del dirigente opositor

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Que la Fiscalía ocultara durante nueve meses lo que considera su principal prueba para demostrar la culpabilidad de Leopoldo López por los hechos violentos del 12 de febrero de 2014 no sería tan grave como que la haya alterado. La defensa del líder opositor y de los cuatro estudiantes juzgados con él están convencidos  de que se cometió un delito al manipular con intenciones fraudulentas el informe pericial elaborado por la lingüista Rosa Amelia Asuaje León, el cual concluye que López emitió un mensaje subliminal que provocó la violencia de sus seguidores. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, anunció que hoy solicitará una investigación penal sobre el presunto fraude. 

La jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, hizo lo que estuvo a su alcance para subestimar la supuesta irregularidad. Había dispuesto todo para escuchar el testimonio de la referida lingüista (que ha sido cuestionada por la defensa por sus vinculaciones con el oficialismo), incluyendo la colocación de un equipo de video beam para que Asuaje León proyectara los cuatro videos (de los 29 que se le solicitó analizar) sobre los discursos que dio López el 23 de enero, el 12 de febrero y el 18 de febrero.

Pero en el transcurso de la sesión de ayer quedó en evidencia que el informe pericial, cuyo texto íntegro se incorporó al expediente apenas este 20 de enero, no era igual al que figuraba en la acusación contra López, de modo que no fue sometido al control de las partes. El nuevo documento tenía 131 folios, mientras que en la acusación se aseguró que eran 99. Inicialmente se indicaba el examen de 29 videos y ahora se mencionaban 31. Para colmo lo que estaba consignado en el expediente era una copia fotostática en vez de un original, como incorrectamente lo había asegurado la fiscal Narda Sanabria.

La representante del Ministerio Público insistía en que las objeciones de la defensa eran intrascendentes, y que sí tuvieron oportunidad de objetar el contenido del informe pericial en cuestión, como en efecto lo hicieron al ejercer apelaciones en etapas previas del proceso.

Al final, Barreiros tomó una decisión salomónica: acordó no darle mayor valor al informe pericial, pero insistió en recabar el testimonio de la lingüista Asuaje León. Como reacción, la defensa razonó que sin un peritaje válido, no tiene sentido escuchar a quien lo elaboró. 

Ante la “obviedad de la desigualdad entre las partes” (así lo dijo el abogado de Christian Holdack, Rafael Quiñones), lo cual constituye una violación del debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, la jueza 28 de Juicio se vio obligada a diferir la declaración de Asuaje para el próximo 26 de enero, de manera que los abogados que apenas dos días antes se habían enterado del contenido del controvertido documento pudieran ejercer más cabalmente la defensa de los acusados que representan. 

Razones multiplicadas. La sesión de ayer comenzó a las 2:42 pm, aunque fue convocada para las 10:00 am. López no tardó en pedir la palabra para advertir que el testimonio de la lingüista Asuaje León, que tanto le interesa a la Fiscalía y a la jueza Barreiros, constituye “el corazón” del juicio en su contra.

“A mi se me está juzgando por mis palabras, por lo que dije al pueblo venezolano a principios de 2014 y que, casi un año después, ratifico total y absolutamente. Creo que la invitación a salir a protestar a la calle está más vigente que nunca, porque las razones que los ciudadanos se manifiesten contra este gobierno antidemocrático, represor, ineficiente y corrupto se han multiplicado”.

El dirigente opositor tampoco conocía el documento elaborado por la lingüista que, se supo extraoficialmente, procede de Mérida y está en Caracas desde el lunes pasado, a la espera de rendir declaración. 

Leopoldo López había decidido no regresar al Tribunal 28 de Juicio hasta que la Corte de Apelaciones resolviera sendos recursos pendientes desde octubre del año pasado. Al parecer, la Fiscalía pretendía aprovechar esta ausencia para que Asuaje León rindiera declaración sin las objeciones directas del principal acusado.

Con una copia subrayada en las manos, López advirtió que Asuaje León hizo una interpretación sesgada, que se evidencia en la omisión de sus referencias a la necesidad de que la lucha contra el régimen encabezado por Nicolás Maduro se desarrollara en forma no violenta y dentro de los límites que establece la Constitución.

“Esta señora (Asuaje León) cita a Gandhi, sin mencionar que en su lucha contra el imperio británico el emblemático líder de la lucha no violenta estuvo preso seis veces. Gandhi no se limitó a hacer ayunos o yoga. Su lucha fue irreverente y retadora, como lo es la lucha que han comenzado a librar los venezolanos contra el régimen opresor de Maduro”, expresó.

Más enérgico y vehemente que de costumbre, le advirtió a la jueza Barreiros, a los fiscales y a todos los presentes que no bajará el tono, que se le irá la vida en la defensa de todos los derechos para todas las personas. Y recordó que Sócrates fue condenado a muerte porque los poderosos de su época consideraban que sus palabras eran un peligro.

La intromisión del gobierno. Luego de reiterar que el juicio en su contra es eminentemente político y que él es un preso del presidente Nicolás Maduro, López le solicitó a Barreiros que se pronunciara sobre el canje que propuso el jefe del Estado entre él y el independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, un militante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN), que purga una condena de 70 años en Estados Unidos. “La propuesta de Maduro constituye una confesión de que yo soy su secuestrado político”, dijo.

También le pidió a la jueza 28 de Juicio que reaccione frente a otras intromisiones del presidente y otros voceros del oficialismo: “Por lo menos una vez a la semana adelantan una sentencia condenatoria en mi contra. Le pregunto ciudadana jueza: ¿Quién lleva el control de este juicio? ¿Hay alguna majestad del Poder Judicial que usted deba hacer respetar?”.

La jueza se deslastró del emplazamiento al señalar, simplemente, que el mismo presidente Maduro había señalado que sus comentarios sobre el referido canje los hacia “como presidente de la República”. No dijo más. 

La caída de Narda. En ese momento ya estaba bien caldeado el forcejeo entre las partes sobre la presunta alteración de la prueba “estelar” del Ministerio Público. La fiscal Narda Sanabria hacía esfuerzos por defender el dictamen de la lingüista Asuaje León cuando, de pronto, pareció desfallecer: “Ay, ay…”, se le oyó decir, como si se tratara de un dolor que casi la llevó al piso. Algunos abogados y personas del público que estaban más cerca de ella se apresuraron a socorrerla, pero rápidamente se supo la verdad: era la vibración de un teléfono celular.

El incidente causó un alboroto en la sala de audiencias y se acabó la solemnidad que se suele imponer al modo manu militari. “¡Tiene un celular, quítenselo!”, “¡Eso está prohibido!”, “¿Cómo lo permite ciudadana jueza?”, fueron algunas de las expresiones seguidas de risas y burlas.

Leopoldo López también levantó la voz: “¿Es que acaso hay abogados de primera y abogados de segunda? Aquí revisan minuciosamente a todo el que entra, incluso con detector de metales. ¿Por qué esta fiscal sí puede entrar con un celular?”. La jueza tuvo que gritar más fuerte que todos los presentes para restablecer el orden: “¡Sileeeencio!”.

Barreiros le preguntó a la fiscal si, en verdad, tenía un celular. Narda Sanabria no tuvo más remedio que admitir que sí y aventurar una excusa casi infantil: “Es que me están llamando del colegio de mis hijos (aseguró sin ver el aparato que tenía oculto bajo la toga, ni responder la supuesta urgencia), me quedé con el celular porque entré rápido a la sala de audiencias y no lo dejé con el personal de seguridad”.

La jueza ordenó que un alguacil le quitara el teléfono a la fiscal y le dio una reprimenda pública: “¡Qué no vuelva a ocurrir!”.