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Denunciarán inhabilitaciones ante Unasur y la OEA

Jesús Torrealba, Enzo Scarano y Henrique Capriles pidieron votar pese a persecución | Foto José Pacheco

Jesús Torrealba, Enzo Scarano y Henrique Capriles pidieron votar pese a persecución | Foto José Pacheco

Enzo Scarano pidió al contralor que corrija el error que cometió al sancionarlo pese a su declaración patrimonial. Dijo que el gobierno violó sus derechos

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La inhabilitación, en semana y media, de  tres candidatos a la Asamblea Nacional generó que la oposición anunciara la instalación de dos comisiones “de altísimo nivel” que denunciarán internacionalmente las sanciones y que  organizara acciones de calle para los próximos días. El anuncio lo hizo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, quien dijo que las primeras actividades fuera del país serán con la Unasur y la OEA.

“Los tres inhabilitados son candidatos que el gobierno jamás pudo derrotar con los votos. El gobierno quiere determinar el perfil de la oferta electoral de la oposición. Esto es fraude. A cada inhabilitación se responderá con una avalancha de votos”, señaló Torrealba.

Indicó que ante la “locura” gubernamental se activa la solidaridad internacional. Añadió que en las protestas de calle también se manifestará contra el desabastecimiento y la inseguridad.

Aseguró, durante una rueda de prensa ayer, que harán “ajustes electorales”, presentarán la lista completa de candidatos ante el CNE, pero no pueden adelantar los nombres de los candidatos alternos que tienen, en caso de que persistan las inhabilitaciones.

El ex alcalde Enzo Scarano dijo que de no concretarse su postulación, preferiría ser sustituido por una dama.

Scarano, candidato por Carabobo a la AN, destacó que su postulación no fue por acuerdos o consensos sino porque el pueblo lo eligió. Refirió que fue el candidato más votado en las primarias, del 18 de mayo, en las que obtuvo 32.000 votos. “El gobierno no puede inhabilitar al pueblo que me eligió”, expresó.

Considera que la inhabilitación es otra de las violaciones de los derechos humanos de las que ha sido víctima desde su ilegal detención y reclusión en Ramo Verde. “No he sido notificado de la inhabilitación, lo hicieron ante la Alcaldía de San Diego, y no se me dio oportunidad de presentar mis descargos; me dieron 15 días para presentar alegatos, pero luego de inhabilitar”, señaló.

El dirigente de Cuentas Claras denunció que el gobierno persigue a la oposición. Dijo que la CGR investigó hace mes y medio su gestión en la Alcaldía de San Diego. Exigió al contralor general, Manuel Galindo, una respuesta tan expedita como la medida en su contra y pidió “corregir el error” porque el argumento que se da para la sanción es que no presentó a tiempo su declaración jurada de patrimonio. Explicó que tomó como fecha para su declaración 30 días después de que el TSJ lo destituyó en 2014 con una sentencia firme. Sostuvo que de acuerdo con la Ley Contra la Corrupción si se hubiese tardado en presentar su declaración, correspondería una multa y no una sanción.

Resistencia. El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló que las inhabilitaciones tienen carácter político y exhortó a resistir por el país. Aseveró que con las sanciones el gobierno ataca directamente al pueblo para que no vaya a votar el 6 de diciembre.

“El gobierno va a poner todos los obstáculos para desganarnos y desmotivarnos, para tratar de detener la lucha que estamos dando para lograr el cambio. La lista de líderes que quieren silenciar no ha terminado. Frente a eso no podemos claudicar. Hay que lidiar para saltar esos obstáculos”, dijo. Destacó que la oposición debe concurrir a las elecciones con la tarjeta única y que los partidos que no se sumen a esto tendrían que explicar al país sus razones.

Aseguró que si la Contraloría pasa por Miraflores “el primer inhabilitado va a ser Maduro”.

El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez explicó que solo un juez puede realizar la inhabilitación política “como pena accesoria a la pena de presidio o prisión, a consecuencia de una condena en juicio penal”. “No es admisible en Venezuela una inhabilitación administrativa a cargo de un funcionario que no sea juez. Admitir una pretendida inhabilitación administrativa equivale a la admisión de una privación de libertad por la vía administrativa o como medida administrativa”, añadió.

Arteaga sostuvo que la inhabilitación es una sanción que suspendería la elección para un cargo de representación popular, que es un derecho político, y que el contralor general no tiene potestad para emitir sentencia.

“Las normas legales que prevén la inhabilitación política a cargo del contralor deben ser desaplicadas por colidir con la Constitución. Debe tratarse de una sentencia que se produzca en juicio penal”, indicó.

LA CIFRA
3 candidatos opositores han sido inhabilitados por la CGR desde el 6 de julio: Daniel Ceballos, María Corina Machado y Enzo Scarano.